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  • Audios sobre coimas: Spagnuolo se presentó ante la Justicia y designó defensor

    Concepcion del Uruguay » La Pirámide

    Fecha: 29/08/2025 13:20

    Diego Spagnuolo, el desplazado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se presentó este jueves en el expediente que instruye el fiscal federal Franco Picardi, a raíz del escándalo de los audios en los que el ex funcionario describe un supuesto pago de sobornos en el organismo. En esas grabaciones menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem. En este marco, Spagnuolo designó a Ignacio Rada Schultze como su abogado defensor. Milei habló de las presuntas coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira” De esta manera, y tras la presentación en la causa por parte de la droguería Suiza Argentina SA, se trata de la primera designación formal de un abogado para preparar una estrategia de defensa, en medio de una investigación que coloca al ex funcionario en el centro de un posible entramado de corrupción. Según trascendió, bajo estudio judicial hay un presunto circuito de sobornos que involucra a la ANDIS, organismo que estuvo a cargo de Spagnuolo y donde el propio Gobierno detectó sobreprecios del 27% en la compra de un medicamento puntual, lo que derivó en mayores sospechas. La reacción del Gobierno y el rol del ex funcionario La designación de un defensor legal ocurre en paralelo a las declaraciones públicas del presidente Javier Milei, quien adelantó que denunciará ante la Justicia los hechos revelados en los audios de Spagnuolo y que dieron origen a la causa penal. No obstante, fuentes oficiales señalaron que aún se analiza la vía a seguir: “Puede ser una denuncia por parte de los involucrados directos o a través de la Procuración del Tesoro”, explicaron, dejando abierta la posibilidad de que el Estado actúe como querellante. Mientras tanto, Spagnuolo -quien además fue abogado de Javier Milei- se presentó en los tribunales de Comodoro Py, apenas una semana después de la apertura del expediente penal. En la Casa Rosada persiste la preocupación de que el ex funcionario se acoja a la figura de imputado colaborador, lo que lo convertiría en un arrepentido. La figura del “arrepentido” y las acusaciones en curso La ley establece que un imputado colaborador debe aportar información de relevancia y veraz, que además involucre a personas de jerarquía superior. El acuerdo solo cobra validez si es homologado por un juez. En caso contrario, puede derivar en una pena mayor por falso testimonio. De todas formas, aun si se comprobara la existencia de la red de corrupción relatada en los audios, Spagnuolo ya enfrenta una primera acusación: incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber denunciado los hechos en su momento. La fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar su grado de participación. La causa incluye ya dos allanamientos en el domicilio de Spagnuolo, donde se secuestró una máquina para contar dinero. Además, el fiscal Picardi cuenta con la extracción forense de uno de los celulares incautados al ex funcionario, aunque los peritos advirtieron que “no hay tecnología que llegue a lo borrado, que pueda hoy determinar qué es lo que se borró del dispositivo”. Pruebas, celulares y denuncias cruzadas Los dispositivos móviles incautados son considerados piezas claves de la investigación. El fiscal deberá decidir si su equipo analiza los teléfonos o si delega la tarea a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). El objetivo es establecer si existen comunicaciones o mensajes que den sustento a los audios divulgados mediáticamente, donde se describe una estructura de sobornos que involucraría incluso a Karina Milei. La denuncia impulsada por el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, dio el impulso inicial a la causa. Allí se detallan sospechas que alcanzan a Javier y Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, ex titular de la droguería Suizo Argentina, junto a sus hijos Emmanuel y Jonathan. Según el escrito, todos ellos “habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública, debiendo analizarse la maniobra como una asociación ilícita entre los actores que aquí se indican”.

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