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Fecha: 29/08/2025 11:40
En el marco de la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe, uno de los puntos que generó polémica es la inclusión de la facultad de indultar por parte del Gobernador. Un asunto que, según señalaron algunos especialistas, no solo pasó desapercibido para la mayoría de los santafesinos, sino también para muchos de los propios convencionales constituyentes encargados de redactar el nuevo texto. El doctor Oscar Blando, abogado, docente y ex director de la Reforma Política y Constitucional de la provincia, explicó en el programa La Barra de Casal que el indulto es una facultad de carácter constitucional, prevista tanto en la Constitución Nacional como en la vigente de la provincia de Santa Fe. En términos jurídicos, se trata de la posibilidad de perdonar una pena ya impuesta, lo que se considera un resabio monárquico trasladado a los regímenes republicanos. Actualmente, la Constitución santafesina permite al gobernador indultar o conmutar penas, es decir, reducir sanciones. Sin embargo, existe una limitación fundamental: no puede ejercer esta facultad sobre delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. Esta restricción tiene como objetivo preservar el equilibrio de poderes y evitar abusos. Con la nueva redacción constitucional, esa limitación desaparece. El texto reformado establece que el gobernador solo no podrá indultar delitos contra la administración pública, es decir, aquellos tipificados en el Código Penal vinculados con corrupción: cohecho, malversación de fondos o enriquecimiento ilícito, entre otros. En consecuencia, todos los demás delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos sí podrían ser objeto de indulto. Para Blando, esta ampliación de facultades “es un error importante” porque elimina un freno clave al poder político y “abre la puerta a que se perdonen delitos graves cometidos por agentes del Estado”. Blando recordó el caso de un policía condenado a 25 años de prisión por un homicidio doloso, en el que el entonces gobernador manifestó públicamente su intención de indultarlo. En aquel momento, la Constitución provincial vigente se lo impedía de manera explícita. Con la reforma, escenarios de este tipo quedarían habilitados, lo que refuerza las sospechas de que el cambio constitucional busca dar cobertura legal a situaciones de violencia institucional, particularmente los casos conocidos como “gatillo fácil”. En ese sentido Blando destacó: “No hay que pensarlo solamente para este gobernador, hay que pensarlo para los gobernadores que vienen. Una Constitución tiene que poner límites, no ampliar el poder”. El especialista sostuvo que se trata de una decisión negativa y grave, que contradice el espíritu republicano de división de poderes. Además, subrayó que no se trata de una apreciación aislada: otros convencionales, abogados y constitucionalistas también advirtieron sobre los peligros de esta ampliación de facultades. Con este cambio, Santa Fe no solo mantiene una figura de raíz monárquica cuestionada por su legitimidad democrática, sino que además la ensancha en favor del poder político, poniendo en duda la coherencia del sistema de controles y equilibrios que deberían sostener toda Constitución moderna.
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