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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 28/08/2025 21:08
El debate sobre el futuro de Salto Grande vuelve a instalarse en la agenda pública. A casi tres décadas del histórico plebiscito de 1995, cuando más del 90% de la población de la región se pronunció en defensa de la represa binacional, surgen nuevamente propuestas de privatización que ponen en riesgo no solo la gestión eficiente de la energía, sino también los beneficios económicos y sociales que la obra genera para Entre Ríos y la región. En esta columna, el ex diputado provincial Alberto Rotman analiza los riesgos de estas iniciativas y reafirma la postura histórica de la región: Salto Grande no se toca. Por Alberto Rotman – Ex Diputado Provincial (UCR) El remozado y actualizado gobierno “menemista” del siglo XXI parece dispuesto a rematar lo que quedó del Estado en la década de los noventa, cuando la dupla Menem-Cavallo entregó empresas estatales que, lejos de corregir sus falencias, terminó regalando a sus amigos bienes estratégicos del Estado argentino. En la búsqueda de negocios para equilibrar las cuentas públicas, pensaron que Salto Grande era una opción. ¡Grueso error! Nuestra región y nuestra gente se inmunizó contra la fiebre privatista de los noventa, dejando en claro que esta empresa pública no se toca, tal como expresó más del 90% de la población en el plebiscito del 14 de mayo de 1995, y como se demostró en numerosas movilizaciones frente a la represa. Defendemos Salto Grande no solo por ser pública, sino porque es binacional, un proyecto que demuestra que Argentina y Uruguay pueden trabajar en conjunto. Además, funciona eficientemente, lo que la convierte en un ejemplo regional: en junio de 2019, Salto Grande fue la primera en arrancar para restaurar la energía en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tras un corte masivo. Hoy, este gobierno neo-menemista retoma la intención de privatizar Salto Grande, pero con un giro: propone dividir la función energética en tres áreas —generación, transporte y comercialización— para luego privatizarlas individualmente. Actualmente, la iniciativa ha comenzado por el transporte de energía, que depende de Transener, donde el Estado posee el 26,32%, y que el Gobierno argentino ha puesto en venta. Independientemente de la intención final, esta decisión podría afectar directamente a Entre Ríos, con impactos en tarifas, obras estratégicas y regalías —más de 5.000 millones anuales— así como en el funcionamiento de la red gestionada por Enersa. En un esquema de privatización, cualquier aumento en el costo mayorista terminará recayendo en los usuarios, especialmente en los más vulnerables. Las instituciones intermedias y los concejos deliberantes de la región, que fueron protagonistas en los noventa, deberían retomar esa senda para unir pueblo y representantes en defensa de lo que es de todos. Ni la fiebre privatista de los noventa, ni los delirios de estos tiempos. SALTO GRANDE NO SE TOCA. CON SALTO GRANDE… NO.
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