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Paraná » 9digital
Fecha: 28/08/2025 17:24
Un funcionario de la Policía de Entre Ríos que actualmente presta funciones en la comisaría novena de Paraná, accedió este martes 26 al beneficio de la suspensión del juicio a prueba por un año. En ese período deberá cumplir reglas de conducta. La audiencia fue presidida por la jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, quien tras escuchar a las partes decidió conceder la medida. El imputado, Luis Alejandro Alarcón, de 34 años, que reviste en la fuerza hace 12 años y seis meses, se comprometió a resarcir a la víctima en una suma que surge de pagar durante 15 meses a partir de la fecha de la audiencia, 100.000 pesos mensuales. En el acta se consignó que la primera cuota la deberá depositar en una cuenta de la víctima antes del 31 de agosto, en tanto que la segunda la deberá hacer efectiva entre el 1 y el 15 de septiembre. De allí en adelante deberá acreditar ante la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) la correspondiente transferencia a realizar entre el 1 y el 15 de cada mes. Según la acusación fiscal, el funcionario fue imputado por el delito de estafa, porque durante agosto de 2021 se aprovechó del vínculo de afecto y confianza con una compañera de trabajo, a la cual le sacó mediante engaño 1.000.000 de pesos y unos 300 dólares. Ese dinero supuestamente iba a ser invertido en acciones y criptomonedas, algo que jamás sucedió. Firpo le explicó al funcionario los alcances de la herramienta que estaba solicitando y las consecuencias penales y civiles de incumplir con lo acordado. También valoró que el fiscal, Santiago Alfieri, acompañó la salida alternativa y que esta contó con la anuencia de la víctima, que estuvo en la audiencia asistida por su abogado personal, el doctor Boris Cohen. La audiencia, que por la característica del hecho imputado, las condiciones personales del acusado, que pudo acceder al beneficio porque la condición de funcionario público no fue obstáculo para acceder a aquella salida, puesto que la naturaleza del ilícito que se le atribuyó no habría sido cometido en el ejercicio de la función, se demoró más de lo que se preveía para corregir el monto del resarcimiento simbólico que exige la probation. Así, el primer ofrecimiento fue de seis cuotas de 100.000 pesos cada una. El fiscal estuvo de acuerdo, pero solicitó que se consignaran las posibilidades económicas del acusado para poder determinar si el ofrecimiento, si bien simbólico, era razonable y de acuerdo a las posibilidades del acusado. Ante el requerimiento que fue acompañado por el querellante, el imputado expuso desde su celular el último recibo de sueldo con el salario que percibe y la suma que percibe en mano tras los descuentos de ley y otros. Fuente: APFDigital
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