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» Comercio y Justicia
Fecha: 28/08/2025 07:11
El Congreso de la Nación comenzará a debatir un proyecto de ley de un “mini” RIGI que podría marcar un cambio profundo en la regulación de las energías renovables en la Argentina. La propuesta fue impulsada por los diputados oficialistas Lorena Villaverde, presidenta de la Comisión de Energía y Combustibles, y Martín Maquieyra, vicepresidente primero de ese cuerpo. El texto incorpora disposiciones destinadas a diversificar las tecnologías utilizadas, promover una distribución geográfica más equilibrada de los proyectos y aprovechar el potencial renovable en distintas regiones del país. La intención, explicaron sus autores, es garantizar estabilidad en las reglas de juego, consolidar un marco de largo plazo para el sector y modernizar la estructura del mercado eléctrico nacional. Uno de los cambios centrales es la prórroga de la exención de tributos específicos, cánones y regalías que favorecen el desarrollo de proyectos renovables. Dicho régimen vence en diciembre de este año, pero con esta iniciativa se prolongarían por dos décadas más. En paralelo, la eliminación de la obligatoriedad de canalizar las compras a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico abriría la posibilidad de contratos privados entre grandes usuarios y generadores, comercializadores o distribuidoras, además de fomentar la autogeneración. De acuerdo con los autores de la iniciativa, esta modificación es coherente con la política de desregulación y apertura que impulsa el Gobierno, y busca alentar la competencia dentro del sistema eléctrico. Actualización del régimen El texto también incorpora disposiciones destinadas a diversificar las tecnologías utilizadas, promover una distribución geográfica más equilibrada de los proyectos y aprovechar el potencial renovable en distintas regiones del país. Asimismo, se prevé la introducción de sistemas de medición inteligente y herramientas de gestión de la demanda. En materia legal, se incluyen precisiones normativas para brindar mayor seguridad jurídica, reducir conflictos judiciales y proteger los derechos adquiridos. En rigor de verdad, la evolución normativa en torno a las energías renovables ha sido significativa en las últimas dos décadas. En 1998, la Ley 25.019 declaró de interés nacional la generación eléctrica a partir de fuentes eólicas y solares. Ocho años después, la Ley 26.190 fijó metas concretas de participación renovable dentro de la matriz energética. Sin embargo, esos primeros incentivos resultaron insuficientes para atraer inversiones de gran escala. Fue en 2015, con la sanción de la Ley 27.191, cuando se estableció como objetivo que el 20% del consumo eléctrico proviniera de fuentes renovables en 2025. Además, se creó un régimen con beneficios fiscales, estabilidad tributaria y promoción de inversiones que dio un marco más sólido al sector. Los resultados se vieron en los años siguientes: desde 2016 se instalaron 6.500 MW de potencia renovable, lo que cubre alrededor del 18% de la demanda nacional de electricidad, poco menos de la meta del 20%, es decir un éxito en la política estatal. A esto se suman inversiones por más de US$7.500 millones ya ejecutadas y otros US$4.500 millones en desarrollo, que contribuyen a reducir importaciones de combustibles y a generar excedentes exportables de gas. Desde la Cámara de Energías Renovables y Cadena de Valor (CEA), su gerente general Héctor Ruiz Moreno respaldó la iniciativa al destacar que “es muy importante para el sector dar una señal de estabilidad fiscal y jurídica a largo plazo, que proteja las inversiones ya realizadas, que son a muy largo plazo, y a las que están por venir. Gran parte de la infraestructura que necesita el país depende de este tipo de gestos”. Y agregó: “El nuestro es un sector que no necesita subsidios ni beneficios fiscales, solo estabilidad. No queremos más impuestos al viento ni al sol”.
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