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» Diario Cordoba
Fecha: 28/08/2025 05:23
Una maniobra legal del Gobierno salva parte de la rebaja de la luz de la gran industria incluida en el decreto 'antiapagones', que decayó el 22 de julio después de que el Congreso rechazase su convalidación. Se trata de un descuento de unos 125 millones de euros en las facturas de la luz de enero a julio del que se beneficiarán centenares de consumidores electrointensivos, como las empresas de papel, acero o alimentación. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incluyó en el citado decreto 'antiapagones' un descuento del 80% de los peajes de la electricidad para la industria electrointensiva desde el 23 de enero hasta el 31 de diciembre. La rebaja no es nueva, sino que se trata de una prórroga de una medida vigente desde enero de 2022, cuando la crisis energética disparó los precios de la electricidad, que el Gobierno ha decidido mantener un año más. Su aplicación durante este curso se traduciría en un descuento de unos 250 millones de euros, según las estimaciones del Ejecutivo. La Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), muy crítica con el precio de la electricidad en España, afirmó que esta medida permitiría "mitigar el incremento del 5% de la factura eléctrica del consumidor electrointensivo, mejorando así su competitividad en un momento de clara incertidumbre en los mercados eléctricos". Tras el voto negativo del Congreso al texto 'antiapagones' parecía que la gran industria se quedaría sin la ayuda. Pero a mediados de agosto el departamento que dirige Sara Aagesen ordenó a las eléctricas aplicar la bonificación a sus clientes industriales desde el 23 de enero hasta el 22 de julio, día que decayó el decreto, según confirman fuentes del Ministerio. El motivo es que en la redacción de la medida se establecía su carácter retroactivo, lo que salva su aplicación durante la primera parte del año y sitúa la rebaja en el entorno de los 125 millones de euros. Para el resto del año, el Ejecutivo todavía tiene tiempo de completar el descuento en una nueva norma. La competencia para fijar los peajes de electricidad es de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Si el Gobierno quiere alterar esas reglas de forma extraordinaria debe hacerlo a través de una norma con rango de Ley. Y esa es la razón por la que no ha incluido la extensión de esta bonificación en el proyecto de real decreto lanzado a consulta pública a finales de julio para sustituir al fallido decreto 'antiapagones'. Acorta los tiempos Cuando se cumplen cuatro meses desde el apagón del 28 de abril, que dejó sin electricidad la Península Ibérica durante toda una jornada, el Gobierno no ha podido aún poner en marcha todas las medidas necesarias para evitar que un escenario similar vuelva a repetirse. El Ejecutivo acordó la tramitación urgente de un nuevo texto con menor rango normativo (real decreto) que el anterior para esquivar la tramitación parlamentaria, pero todavía no ha visto la luz. El nuevo texto incluye solo algunas de las medidas inicialmente propuestas. Entre ellas, dos de las más destacadas por el Ejecutivo, como son el mandato a la CNMC de vigilar a las compañías eléctricas y la orden a Red Eléctrica de proponer mejoras técnicas. Eso sí, el plazo dado a ambos organismos para emitir los informes pertinentes se reduce a la mitad en la nueva propuesta. El decreto 'antiapagones' daba al 'superregulador' 6 meses para realizar un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones de control de tensión de todos operadores eléctricos y 12 meses para elaborar un plan de inspección de todas las capacidades de reposición, mientras que el nuevo texto le da 3 y 6 meses, respectivamente. Por otra parte, Red Eléctrica, como operador del sistema, estaba obligada a elaborar un plan de trabajo y emitir propuestas técnicas sobre determinados elementos necesarios para un buen funcionamiento del sistema eléctrico en el plazo de entre 3 y 15 meses, que en el texto actual se recortan a entre 3 y 6 meses. Suscríbete para seguir leyendo
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