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Parana » Paginajudicial
Fecha: 27/08/2025 13:28
Alejandra Etelvina Rodríguez debe purgar una condena de veinte años de prisión por haber sido cómplice del abuso sexual de sus hijas menores de edad. Fue condenada en 2016, pero en los meses que siguieron hasta la confirmación de la condena, se fugó. Llegó a tener una recompensa de 20 millones de pesos para quien aporte datos que permitan su captura, pero nadie ha sabido de ella. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Alejandra Etelvina Rodríguez tiene 47 años y un alias: Amparito. Su historia, sin embargo, dista mucho de la candidez que sugiere el apodo que acompaña a esta mujer que está próxima a cumplir nueve años prófuga. El manual no escrito diría que un día ya no podrá sostenerlo, que cometerá un error; acaso abrirá un perfil falso en las redes sociales o establecerá algún tipo de contacto con sus familiares y será ese paso en falso lo que permitirá su captura. Hasta ahora no ha cometido ese error. ¿O será que nadie la busca? Si es así, no hay quien lo diga. El 13 de mayo de 2016, un tribunal condenó a Alejandra Etelvina Rodríguez a veinte años de prisión como cómplice del abuso sexual de sus hijas menores de edad. Operadores judiciales que intervinieron en las distintas instancias del proceso penal, sea en forma directa o a través de distintas resoluciones que les tocó dictar, aseguran que pocas veces han sido testigos de relatos tan espeluznantes como los que relatan las niñas. Pero, en los meses que siguieron hasta la confirmación de la condena, Amparito se fugó; y no se ha sabido nada de ella desde el 1 de diciembre de 2016. Lo que ocurrió entonces fue que el tribunal emitió una orden de captura y la irradió a través de un oficio a la Policía de Entre Ríos para la búsqueda de Amparito; luego a las fuerzas federales, a los tribunales electorales –por si tuviera el impulso cívico de presentarse a votar– y a la Dirección Nacional de Migraciones, a fin de evitar que salga del país por alguno de los pasos habilitados. A su vez, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de un programa de colaboración con la justicia, llegó a ofrecer una recompensa de 20 millones de pesos para quien aporte datos que permitan la localización y captura. Su nombre y los detalles de la causa llegaron al Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia. El programa se llama “Buscar”. Fue creado en 2008, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, y se encargaba de elaborar proyectos de recompensa para aquellos ciudadanos que aporten información certera y de forma confidencial que permita la detención de personas buscadas por la justicia en causas penales. Esta base de datos se nutre de la información que envían los juzgados de todo el país y se carga diariamente en el momento en que llega la notificación, por lo que se actualiza en forma permanente. También contemplaba la búsqueda de represores de la última dictadura cívico-militar. Hasta que la ministra Patricia Bullrich dictó una resolución a través de la cual dejó caer las recompensas que pagaba el Estado a quienes aportaran datos que permitieran localizar a los prófugos requeridos por la justicia. Lo hizo en vísperas del 24 de marzo de 2024 y, en el caso de los represores, sus fotos fueron retiradas de la web. Cuatro personas requeridas por la justicia entrerriana han sido incorporadas al programa. Pero Alejandra Rodríguez es la única que ha escalado hasta la lista de “los más buscados”. Los otros son Miguel Ángel Toledo y Héctor Sebastián Martínez, ambos acusados por delitos de robos con armas; y Sergio Domingo Larrea, buscado como sospechoso de integrar una banda dedicada al robo de ganado. Paradero desconocido Los hechos por los cuales fue condenada Alejandra Rodríguez ocurrieron en Villa Paranacito, donde vivía con sus hijas, que tenían 13 y 10 años cuando se formalizó la denuncia, en 2014. Fue una maestra de la escuela a la que asistían las niñas quien advirtió que algo no estaba bien e irradió las primeras alertas al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), desde donde radicaron la denuncia ante la Policía; e inmediatamente se dio intervención al entonces fiscal auxiliar Pablo Obaid. De acuerdo con el testimonio que dieron las nenas en Cámara Gesell, los abusos ocurrían en una casilla de madera que ocupaba un supuesto curandero, Juan Carlos Flores, en el Paraje Puente Paranacito, a unos cincuenta metros de donde vivían con su madre. Según dijeron, los abusos eran sistemáticos; ella las entregaba como una especie de ofrenda y siempre con la promesa de que cada vez era la última. El fiscal dijo además que Amparito prestaba “colaboración material y moral” al perpetrador y que los abusos se consumaron “previo doblegar la voluntad de las víctimas a través del uso de amenazas y a veces de fuerza material por parte de la madre”. Flores fue condenado a diecinueve años de cárcel por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, integrado por los jueces Arturo Exequiel Dumón, Alicia Vivian y Mariano Martínez; fue detenido cuando la sentencia quedó firme y falleció en prisión en 2017. Alejandra Etelvina Rodríguez, Amparito, recibió una pena de veinte años de cárcel, pero no pasó ni un solo día tras las rejas. Casi nueve años después, nadie sabe qué ha sido de ella y tampoco hay certezas de que alguien esté buscándola.
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