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Parana » Adn21
Fecha: 26/08/2025 14:35
Las declaraciones de Joaquín Benegas Lynch, candidato a senador de La Libertad Avanza, sobre la privatización de la represa de Salto Grande, generaron una contundente reacción en la orilla uruguaya del río. Sergio Milesi, edil del oficialista Frente Amplio y exmiembro de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), calificó las propuestas como “irresponsables”, subrayando que este tipo de decisiones “no son cuestiones de boliche, son cuestiones de Estado”. Milesi recordó que la idea de privatizar la represa no es nueva. Mencionó intentos fallidos durante el gobierno de Carlos Menem y un proyecto de regionalización en 1997 que nunca prosperó. Según el funcionario uruguayo, la similitud ideológica entre el actual gobierno argentino y aquel período explica el resurgimiento del tema. Su principal argumento para desestimar la propuesta radica en la naturaleza binacional de Salto Grande, que se rige por un convenio firmado en 1946. Explicó que cualquier cambio en su administración requeriría un acuerdo entre los dos Estados y, en el caso de Uruguay, la aprobación de su Parlamento. El edil criticó lo que considera una falta de seriedad en las declaraciones del candidato, cuestionando si se subestima “la capacidad de la gente” o si simplemente se “tiran tantas cosas al voleo” sin un análisis profundo de su viabilidad. En este sentido, instó a los políticos a ser más responsables y a evitar hacer propuestas que, en la práctica, son “prácticamente imposibles” de llevar a cabo. El posicionamiento de la fuerza política de Milesi, el Frente Amplio, es claro: defender lo público. El funcionario insistió en la necesidad de hacer que las empresas estatales sean eficientes, un desafío que, en su opinión, debe ser el foco principal en lugar de la privatización. Análisis Político-Económico El debate sobre Salto Grande, una vez más, trasciende la política local y se convierte en un asunto de Estado binacional. Las declaraciones de Benegas Lynch, aunque buscan sintonizar con la agenda de privatizaciones impulsada desde el gobierno nacional, demuestran un claro desconocimiento de la arquitectura legal y política que rige la represa. La respuesta de Sergio Milesi pone de manifiesto que cualquier intento unilateral de privatización por parte de Argentina sería inviable. Salto Grande es una obra conjunta, regulada por un tratado internacional, y su destino no puede ser decidido por un solo país. Desde el punto de vista político, el uso de la frase “no se puede tirar cualquier cosa al voleo” es una crítica directa a la improvisación y al “marketing político” que parecen primar sobre el rigor técnico y diplomático. Esta declaración busca desacreditar la propuesta no solo por su inviabilidad legal, sino también por considerarla irresponsable. La mención de los antecedentes (Menem, regionalización) no es casual; sirve para situar la propuesta actual en un contexto de fracasos previos y asociarla con modelos políticos que generaron un profundo rechazo en el pasado. Económicamente, el debate se centra en la dicotomía entre lo público y lo privado. Mientras que la propuesta argentina se enmarca en una filosofía de mercado que busca la eficiencia a través de la competencia, la postura del Frente Amplio uruguayo defiende el modelo de gestión estatal. Milesi no niega la necesidad de mejorar la eficiencia, pero argumenta que la solución no es la venta, sino la profesionalización y modernización del sector público. Esta visión contrasta fuertemente con la tesis libertaria de que solo la propiedad privada puede garantizar un servicio eficiente. Desde nuestras fuentes, se refuerza la tesis de la inviabilidad. Altos funcionarios de la Cancillería argentina y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) han confirmado en privado que no existe ninguna negociación o plan formal para privatizar la represa. La propuesta de Benegas Lynch, en este sentido, parece ser más un gesto de posicionamiento político en línea con el discurso oficialista que una iniciativa con un sustento real. El verdadero desafío para ambas márgenes del río es la modernización de la represa, que requiere inversiones millonarias. Sin embargo, este debate técnico queda relegado ante las propuestas políticamente más explosivas, pero de nula factibilidad. El episodio, en definitiva, expone la tensión entre el discurso ideológico y la realidad geopolítica de una de las obras de infraestructura más importantes de la región.
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