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» Voxpopuli
Fecha: 26/08/2025 14:29
La medida establece un nuevo y más estricto procedimiento para el desembolso de fondos, buscando una centralización absoluta en el control de la cartera que conduce el ministro Luis Caputo. La disolución del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), que si bien dependía de Economía, operaba con cierta autonomía, marca un cambio de paradigma en la relación financiera entre la Nación y las provincias. En este nuevo esquema, la Secretaría de Provincias y Municipios, que depende de la Jefatura de Gabinete, solo tendrá un rol de evaluación preliminar. A pesar de ser la encargada de aprobar y remitir las solicitudes de pago, la decisión final sobre la liberación de los fondos recae en la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía. Es decir, la palabra de Francos, el principal negociador político del gobierno de Milei, queda supeditada a la decisión final del «ala dura» del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía. Esta reconfiguración, en un contexto de fuertes tensiones políticas y fiscales, es una herramienta más del gobierno para presionar a las provincias. El Ejecutivo busca imponer su visión de un ajuste fiscal severo, y al centralizar la gestión de la obra pública en Economía, se asegura la última palabra sobre qué proyectos se priorizan y cuáles podrían ser revisados o, incluso, cancelados. Esto deja a los gobernadores a merced de la discrecionalidad del ministro Caputo y desgasta aún más la figura de Francos, a quien los mandatarios provinciales ven cada vez más como un interlocutor que no tiene poder de decisión real. En síntesis, la nueva normativa no solo simplifica el camino administrativo para la liberación de los fondos, sino que también refuerza el poder del Ministerio de Economía sobre la ejecución de proyectos de infraestructura en el territorio. La decisión final de pagar o no una obra queda en manos de Caputo, lo que deja a las provincias en una situación de mayor vulnerabilidad financiera y resalta la falta de autonomía que el gobierno de Milei busca imponer a las jurisdicciones subnacionales.
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