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Parana » Radio La Voz
Fecha: 25/08/2025 11:49
El titular del IPRODI, Diego Vélez, en diálogo con RADIO LA VOZ, formuló declaraciones con respecto al tratamiento parlamentario a nivel nacional de la Emergencia en Discapacidad y la intervención de la ANDIS. ¿Cómo repercute todo esto en Entre Ríos? El Instituto Provincial de la Discapacidad (IPRODI), a raíz de lo que ocurre a nivel nacional, “no ha dejado de funcionar ni tiene por qué dejar de funcionar. Nosotros en lo que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tenemos solamente la entrega de los certificados, porque son ellos quienes terminan de verificar y dar el alta cuando una persona tramita el certificado de discapacidad acá en el Instituto. Nosotros tenemos con ellos uno solo programa que sale una vez al año, el FONADIS, el fondo para las personas con discapacidad, que puede ser para instituciones como fue el año pasado, o dirigido a personas como fue este año”, indicó Vélez. El IPRODI tiene “aprobado por el presupuesto 2024 el Programa Contigo, con financiamiento de la Provincia; el Banco de Ayudas Técnicas, también con financiamiento de la Provincia”. En las últimas horas, al haber sido desplazado Diego Spagnuolo del ANDIS, “no ha habido ningún tipo de cambio a nivel provincial. El trámite del certificado único de discapacidad (CUD) sigue su cuso normal. Tenemos dos juntas evaluadoras en la ciudad de Paraná, seguimos dando los turnos; tenemos 17 en la provincia, y en lo que va de la gestión se pudieron crear 3 juntas más de cara a estar en contacto con la gente, tener un abordaje territorial un poco más completo como para que las personas no tengan que trasladarse de una localidad a otra. Esto se viene trabajando con personal que viene de años en la Agencia Nacional de Discapacidad y eso no se ve afectado para nada”. Sobre el escándalo de las posibles coimas vinculadas a ANDIS, Vélez manifestó: “Tiene que ser la Justicia quien determine si están implicados en todos estos audios y escuchas que han salido en estos últimos días a la luz; creo que es la manera en que tenemos que trabajar, depositar la confianza en que se aclare, que la Justicia actúe y que se expida cuando antes. Hay muchas personas afectadas por esto, lo mejor es poder echar un poco de claridad”. En referencia a cuestionamientos que se formularon hacia el IPRODI desde organizaciones de familiares de personas con discapacidad, consideró Vélez: “Una cosa son las prestaciones que se otorgan a través del certificado y otra cosa son los certificados. El certificado se establece de acuerdo a las normas que hay a nivel nacional e internacional para calificar o no a una persona que pueda tener un CUD. Nosotros somos un intermediario entre la persona que tramita el certificado y la ANDIS, que es la que termina otorgándolo o no. Tenemos cuatro profesionales en cada una de las Juntas que son los que evalúan la documentación que trae la persona y, en función a eso, se eleva la certificación a nivel nacional para que se otorgue o no el certificado”. “Ha habido casos en que se ha denegado un CUD porque nos basamos, igual que la ANDIS, en la historia clínica que trae la persona”, remarcó Vélez. Con respecto a la incapacidad laboral, detalló: “El certificado médico obligatorio (CMO) es el que se tramita para la pensión no contributiva. Es otorgado por un médico laboralista de un efector público si la persona tiene determinado porcentaje para no poder trabajar. Otra cosa distinta es discapacidad, cuando se entrega un certificado es por la secuela que deja la patología por la cual se tramita en sí. Lo que pasó con la normativa del año 98 fue que en la gestión anterior se cambia la palabra incapacidad y se pone discapacidad, todas las personas que tenían una discapacidad los padres le tramitaban la pensión no contributiva, pero si vamos a la normativa que establece cómo se entregan las pensiones no contributiva, justamente, se le otorga a la persona que no pueda trabajar”.
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