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Parana » Adn21
Fecha: 24/08/2025 21:05
Las recientes declaraciones de un candidato libertario en Entre Ríos, que sugirieron la privatización de la emblemática represa de Salto Grande, encendieron las alarmas y generaron una inmediata reacción en el ámbito político provincial. Lo que inicialmente se percibió como un “dislate” terminó forzando una clara toma de posición pública por parte de los referentes del gobierno de Rogelio Frigerio, quienes decidieron marcar distancia de sus socios electorales a través de una acción institucional. La controversia se originó cuando el candidato a senador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, deslizó en una entrevista radial que “cualquier empresa estatal debería privatizarse”, nombrando explícitamente a Salto Grande y Enersa. Su afirmación provocó una rápida movilización. El primero en salir a apaciguar las aguas fue el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, quien intentó aclarar la inviabilidad de privatizar un ente binacional. Sin embargo, la tensión no se disipó. La respuesta más contundente provino del propio corazón del gobierno de Rogerio Frigerio. El jefe de la bancada de diputados oficialistas, Marcelo López, presentó un proyecto de resolución para declarar la oposición a cualquier intento de privatización de la represa, destacando su carácter estratégico para la provincia y la nación. Esta iniciativa, presentada por uno de los principales voceros políticos del gobierno, se interpretó como el distanciamiento formal del “frigerismo” de las posturas más extremas de sus aliados. La decisión de López no fue casual; su familia tiene una larga historia de defensa de Salto Grande. En los fundamentos de su proyecto, el legislador subraya la importancia de Salto Grande como una obra de infraestructura vital que provee energía limpia y renovable a la red eléctrica nacional. Su análisis va más allá, recordando los intentos privatizadores de la década de 1990 y cómo el radicalismo entrerriano de ese entonces se opuso firmemente a la venta, proponiendo en cambio la provincialización del complejo para asegurar su control local. La iniciativa de López contó con el respaldo de un aliado político. El diputado del Partido Socialista, Juan Manuel Rossi, coautor del proyecto, se sumó a la defensa de Salto Grande. Aunque el socialismo se ha desvinculado del frente oficialista Juntos por Entre Ríos, sus dirigentes han mantenido una relación cordial con el gobierno de Frigerio. Rossi fue enfático en sus declaraciones, afirmando que “Salto Grande no se vende, se defiende” y que su privatización sería una muestra de “profunda ignorancia y falta de sentido de pertenencia”. El legislador socialista apeló a la unidad de todo el arco político y a la sociedad para rechazar lo que considera un atropello a la soberanía provincial. De esta manera, las opiniones de un candidato libertario terminaron por catalizar un consenso político y legislativo en Entre Ríos, reafirmando el compromiso de los referentes del oficialismo y de otras fuerzas con el carácter estatal y estratégico de la represa binacional. La situación expuso las diferencias ideológicas dentro del frente electoral y dejó claro que, al menos en este tema, no hay margen para la privatización.
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