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Parana » Informe Digital
Fecha: 22/08/2025 20:12
El Gobierno se ve nuevamente envuelto en una controversia por su manera de comunicar, tras las burlas del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, hacia las personas con discapacidad el jueves por la noche. Este incidente se produjo solo 24 horas después de que la Cámara de Diputados rechazara el veto del presidente Javier Milei en relación con la emergencia del sector. Como es habitual, Caputo participó del streaming Carajo, junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili, para ofrecer una entrevista. También estaban presentes Felipe Núñez, Federico Furiase y Martín Vauthier, asesores del ministro. Justo en el momento en que el funcionario comentaba lo que ocurrió en el Congreso, se generó la controversia. En ese momento, explicó que durante los gobiernos kirchneristas “hubo falta de control” en la concesión de pensiones por discapacidad. “En 2001 teníamos 75.000 personas con discapacidad. Argentina contaba con 36 millones de habitantes. Hoy tenemos 46 millones. Si lo hacemos proporcionalmente, hoy deberían haber en Argentina aproximadamente 97.000 discapacitados. ¿Cuántos hay?“, inquirió. Uno de los panelistas, conocido como “Gordo Pablo”, le respondió: “¿Sin sumar los kukas?”. El comentario no solo llamó la atención, sino que provocó la risa de Caputo, quien tomó el guante y redobló la apuesta: “Sin sumar los kukas, 1.250.000. Por lo tanto, en lugar de haber 97.000, hay 1.250.000. Cada una de estas situaciones la han convertido en una caja. Y han creado ese populismo que finalmente termina destruyendo las cuentas públicas… Y son los primeros que, al asumir el gobierno, castigan”, señaló. En esta misma línea, Caputo afirmó que los jubilados, durante el último gobierno kirchnerista, perdieron el 40% de su poder adquisitivo: “Con nosotros ya han recuperado un 15%, pero ellos quieren que recuperen el 40% de inmediato. Aquello que les fue retirado cuando gobernaban. A ellos les surge la sensibilidad social cuando no están en el poder”. Una sesión que complicó los planes del oficialismo El miércoles, la Cámara de Diputados reunió 172 votos en rechazo al veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Sin embargo, la norma aún no ha caído definitivamente: para que el veto quede sin efecto, también se necesitan los dos tercios del Senado. El Gobierno había argumentado que la medida comprometía el equilibrio fiscal. La ley, sancionada en julio, contempla una actualización de los aranceles de los prestadores y la creación de una pensión no contributiva correspondiente al 70% de la jubilación mínima. Además, establece que las pensiones por invalidez laboral vigentes se transformen automáticamente en esta nueva pensión, garantizando acceso a cobertura médica. El decreto de veto cuestionó principalmente el costo de la iniciativa. Según la proyección oficial, su implementación demandaría más de $3 billones en 2025 (0,36% del PBI) y casi $6 billones en 2026 (0,59%). Solo las nuevas pensiones representarían $2,1 billones en el primer año, a lo que se sumarían los gastos de salud y las compensaciones a prestadores. Sin embargo, esas estimaciones difieren de las elaboradas por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Este organismo calculó un impacto más acotado, entre $2,4 billones y $4,3 billones, equivalente a un rango de 0,26% a 0,51% del PBI. Si se aplicara únicamente la emergencia en discapacidad, sin incorporar los otros agregados, el costo sería aún menor. TC / Gi
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