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Parana » Informe Digital
Fecha: 22/08/2025 06:46
Ocho de los nueve magistrados del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná han sido excluidos de participar en el proceso que nuevamente llevará al exgobernador Sergio Urribarri al banquillo, quien ya fue condenado a ocho años de prisión en un megajuicio, actualmente en revisión por un recurso extraordinario federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, la megacausa de las Coimas, en la que se ve involucrado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, fue remitida a juicio oral el 1 de este mes por el juez de Garantías Julián Carlos Vergara, a la espera de una nueva integración del tribunal. El primer juez que quedó excluido de una eventual integración es Santiago Brugo, ya que resolvió las apelaciones a las decisiones emitidas por el juez Vergara en la mencionada megacausa. También fueron excluidos sus colegas Mauricio Marcelo Mayer, Matilde Federik y Juan Francisco Malvasio, quienes participaron respectivamente como juez de Garantías, Fiscal de Coordinación y vocal de juicio abreviado en la investigación. Además, se han excluido a los vocales Gervasio Labriola, Alejandro Grippo y Rafael Cotorruelo, quienes decidieron el 10 de mayo de 2024 sobre el planteo recusatorio vinculado a la intervención del juez Brugo. La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial determinó que el tribunal estará conformado de la siguiente manera: Alejandro Joel Cánepa, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná; Rubén Alberto Chaia, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay; y María Carolin Castagno, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. Sin embargo, tras ser notificado, Cánepa, quien había intervenido en la causa como Fiscal de Coordinación y fue incluido como juez del caso, solicitó su excusación. Por lo tanto, será necesario resolver una nueva integración. Urribarri ya enfrentó un primer proceso, el megajuicio, en el que recibió una condena de ocho años de prisión y que actualmente se encuentra en discusión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la megacausa Coimas, enfrenta una solicitud de diez años de prisión. El juez de Garantías Julián Vergara dispuso el 1° de agosto la remisión a juicio oral de la causa Coimas, que involucra al exgobernador Sergio Urribarri, para quien la Fiscalía ha solicitado diez años de prisión, y al empresario Diego Armando Cardona Herreros, dueño de Relevamientos Catastrales SA, con una petición de pena de nueve años, mientras que el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, selló un acuerdo de juicio abreviado, con pena de cumplimiento condicional y pago de multas, aceptando haber cobrado dádivas. En la investigación penal, también están imputados otros exfuncionarios del gobierno de Urribarri. La Fiscalía ha solicitado cinco años de prisión y la inhabilitación especial perpetua, junto a una multa de $360 mil para Luis Alfonso Erbes; seis años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y una multa de $540 mil para Carlos Haidar; cuatro años y seis meses, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $360 mil para Miguel Ángel Ulrich; y tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $90 mil para José Humberto Flores. Qué se investiga La causa investiga el supuesto pago de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, dueño de Relevamientos Catastrales SA, a funcionarios del gobierno de Urribarri. En una audiencia celebrada en marzo de 2024, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano expusieron los montos pagados en dádivas por cada contratación entre el Estado entrerriano y las empresas de Cardona Herreros. Los cálculos se basan en un informe contable elaborado en el marco de la investigación que se desea ventilari en un juicio oral. A continuación, se transcriben partes de los “PLM” registrados en la causa, referidos a cada licitación. Cabe recordar que con esa sigla se identificaron las coimas en planillas, documentación y correos electrónicos, según la amplia evidencia analizada por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF). Licitación 1/08, la primera. Se pagó un PLM total de $3.062.000 (tres millones sesenta y dos mil pesos). Esta suma se distribuyó de la siguiente manera: 36,47% para SDU (NdR: las siglas pertenecen al exgobernador Sergio Daniel Urribarri), lo que totaliza $1.000.007 (un millón siete pesos). 36,47% para un equipo, que arroja la misma suma. Este equipo se refiere a los empresarios de Relevamientos Catastrales. 5,46% para JGLapo, iniciales que corresponden a José Gervasio Laporte, lo que suma $149.713. 7,29% a una persona no identificada. 7% para Zurdo Ruso (NdR: en diferentes pasajes de la investigación, “Ruso” se refiere a Luis Alfonso Erbes), que totalizó $141.940. Aparte de estos cálculos, había un PLM fijo de $280.000 “destinados al jefe”. “Según la evidencia recopilada, se indicaba que era para Urribarri, junto a un porcentaje adicional de $40.000 otorgado por instrucciones de Cardona Herreros”, señaló Yedro. Ampliación de la Licitación 1/08: se pagó un PLM total de $1.038.000, distribuido de la siguiente manera: $30.000 mensuales para Lemon, sumando $240.000. $106.000 mensuales PLM Entre Ríos, totalizando $848.000. “En el marco de la contratación directa de la continuidad de la 1/08, el PLM ascendió a $800.000, distribuyéndose $30.000 mensuales a Entre Ríos y $50.000 mensuales para Lemon, repartidos entre tres miembros de la sociedad (Alfonso Campitelli, Diego Cardona Herreros y Jorge Zanabone), totalizando $500.000 entre los tres”, aclaró la fiscal este jueves. Añadió: “La Licitación 48/11 presentó un PLM total de $3.762.000, distribuido de la siguiente manera: $7000 para PLM uno. $7000 al Ruso, totalizando $252.000. PLM dos: $50.000, que suman $1.800.000. PLM tres: $10.000 para la Casa de Entre Ríos, resultando en $360.000. “En este PLM, hubo una distribución interna entre los integrantes de la sociedad y cada uno recibió $180.000. Además, otra distribución interna de $45.000 se realizó entre Cardona Herreros, Campitelli y Zanabone, totalizando $270.000 para cada uno”, acotó la fiscal. Licitación 84/13 del Ministerio de Trabajo reportó un PLM total de $6.876.000. La distribución fue: Guillermo Smaldone: $50.000, totalizando $1.800.000. MU (identificado como Mauro Urribarri): $40.000, totalizando $1.440.000. DAC: $40.000, sumando $1.440.000. Ruso: $20.000, resultando en $720.000. Turco (referido a Carlos Haidar): $5.000, totalizando $180.000. También hubo distribución interna. Licitación 2/15 reportó un PLM total de $1.836.000. Ruso: $7000, totalizando $126.000. Equipo: $40.000. “La estimación contable oscila entre $540.000 y $720.000. La distribución fue reducida, por lo cual los PLM dos y tres pudieron haber sido menores”, explicó la fiscal. Miguel Ulrich: $5.000 mensuales, totalizando $90.000. Y una distribución entre Cardona Herreros y Campitelli de $15.000, lo cual resultó en $270.000 para cada uno. “Estos PLM se refieren específicamente a las licitaciones, pero también se constataron otros conceptos registrados como PLM Entre Ríos”, señaló la fiscal. “Cada vez que se ejecutaba el pago por parte de la provincia, se activaban los PLM” Así lo enfatizó la fiscal Yedro. “Esa era la mecánica, cada vez que se efectuaba un pago de la provincia por una contratación, se ponía en marcha este sistema de distribución de PLM para funcionarios y empresarios”. En la investigación, los fiscales lograron reconstruir la ruta, los montos y los beneficiarios, en función de las comunicaciones internas y los registros contables. Las operatorias variaron: se emitieron cheques a nombre de empresas asociadas que se registraron como “pagos de contraprestaciones ficticias o servicios simulados, facturados por terceras empresas a Relevamientos Catastrales”, se manejó efectivo y las empresas adquirieron objetos y servicios para funcionarios políticos o sus familiares. “No solo se consideraron correos electrónicos, anotaciones y registros encontrados, sino que se cruzaron con asientos contables, expedientes de cada licitación y expedientes de pago. A través de la documentación recolectada por la Fiscalía, la mecánica quedó claramente reflejada”, expresó Yedro. La fiscal indicó que el dinero destinado al exgobernador “se almacenaba en las oficinas de Cardona”. “También se realizaron depósitos bancarios para otros funcionarios, un hallazgo surgido a partir de las entrevistas con las secretarias de Cardona Herreros y otros testigos”. Pasajes, objetos y un vínculo estrecho La fiscal mencionó la compra de pasajes aéreos para la familia Urribarri y Smaldone por parte de las empresas que dirigía Cardona Herreros o sus asociadas, así como la adquisición de alfombras entregadas en un departamento de la calle Lafinur en Capital Federal (uno de los domicilios del exgobernador) y que fueron recibidas por Ana Lía Aguilera, esposa de Urribarri. Las alfombras no fueron el único objeto; Relevamientos Catastrales adquirió una heladera y una cinta para correr que fueron entregadas en la misma dirección y recibidas por la esposa del exgobernador. Las contrataciones del Estado provincial a estas empresas, la evidencia de sobreprecios y coimas, la adquisición de objetos costosos y pasajes aéreos desde las empresas a funcionarios políticos y sus familiares, todo está enmarcado en el estrecho vínculo personal entre Urribarri y Cardona Herreros. Dicha relación queda evidenciada en cientos de mensajes telefónicos y conversaciones entre los dos principales imputados. “Es sabido que el exgobernador utilizaba líneas registradas a nombre de terceros para comunicarse con algunas personas. Por ejemplo, solía utilizar una línea a nombre de Rubén Ángel Martínez”, puntualizó la fiscal. El Ministerio Público Fiscal, a través de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, ha remitido la causa a juicio con una anticipación sobre las penas que solicitarán durante las audiencias orales y públicas. Sergio Daniel Urribarri: pena de diez años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, que abarcan los seis hechos imputados en concurso real. Diego Armando Cardona Herreros: pena de nueve años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, por los seis hechos imputados en concurso real. Exministro de Trabajo Guillermo Smaldone: pena de cinco años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua, multa de $90.000. Carlos Marcelo Haidar: pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, que abarca los seis hechos imputados en concurso real. Luis Alfonso Erbes: pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial perpetua, multa de $360.000 por los cuatro hechos imputados en concurso real. Miguel Ángel Ulrich: pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $360.000, por los cuatro hechos imputados en concurso real. José Humberto Flores: pena de tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $90.000.
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