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» Comercio y Justicia
Fecha: 22/08/2025 04:08
La Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados hizo otro encuentro sobre drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas. Luis García Sigman, doctor en Ciencia Política y coordinador de proyectos sobre drogas sintéticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, habló sobre mercados ilegales de opioides sintéticos. El experto alertó que hay una suba de la frecuencia de procedimientos en los que se secuestra fentanilo farmacéutico, y precisó que ello forma parte de una tendencia en América Latina y el Caribe. A nivel nacional, destacó que casi la mitad de las operaciones recientes se concretaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. En cuanto a las organizaciones delictivas, Sigman explicó que se identificaron grupos que contaban con miembros relacionados con el ámbito de la salud y que se detectaron otros que tenían “tradición” en la venta de drogas y que también operaban con ampollas de fentanilo farmacéutico. Además, dijo que hay organizaciones que contrabandean fentanilo farmacéutico en la región. En cuanto al alcance de la dinámica criminal, afirmó que hasta no hace mucho tanto la operación de desvío como la oferta ilícita se daba dentro del territorio nacional y que a partir de 2025 se identificaron operaciones de tráfico intrarregional. Proyecto En el marco del escándalo por el fentanilo de uso médico contaminado, se presentó un proyecto de ley para reformar el Código Penal y la Ley de Farmacias (Número 17.565) y endurecer las sanciones contra quienes manipulan de forma negligente medicamentos de alto riesgo. Su autora, la diputada nacional Silvana Giudici (PRO), planteó que se incorpore un nuevo artículo al Código Penal, el 201 ter, con sanciones de prisión de cinco a 10 años e inhabilitación especial de hasta 15 años para quienes, en violación de sus deberes legales, generen un “riesgo cierto para la salud pública” en el manejo de medicamentos incluidos en un listado especial elaborado por la autoridad sanitaria. “Será de aplicación a estos supuestos el artículo 201 bis si de la conducta resulta la muerte de alguna persona, junto con la accesoria de inhabilitación para ejercer el comercio por el doble de tiempo de la condena”, señala el texto. La propuesta también modifica la Ley 17.565: suma el artículo 45 bis, que agrava las sanciones administrativas cuando las infracciones se cometan con negligencia, imprudencia o impericia, especialmente si involucran medicamentos de alto riesgo. “La inhabilitación profesional podrá extenderse hasta 10 años, cuando la conducta comprometa la seguridad sanitaria o la integridad de pacientes o terceros”, detalla. En los fundamentos, Giudici citó el caso de la droguería HLB Pharma, autorizada por el Estado pero implicada en graves irregularidades en la manipulación y almacenamiento de opioides como el fentanilo. Argumentó que lo ocurrido pone de manifiesto la debilidad de los mecanismos de fiscalización y la “insuficiencia del marco penal actual para intervenir con firmeza”. La diputada aclaró que su iniciativa -titulada “Ley de Responsabilidad Sanitaria en el Manejo de Medicamentos de Alto Riesgo”– no busca criminalizar errores menores ni obstaculizar la actividad farmacéutica, sino castigar incumplimientos graves que comprometen la salud pública. Cabe recordar que el bloque del PRO impulsó iniciativas como la creación de una comisión investigadora y un sistema nacional de trazabilidad y alerta temprana bajo la órbita de la ANMAT. Ariel García Furfaro El empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, fue procesado sin prisión preventiva por contrabando agravado de mercadería proveniente de China. Pablo Yadarola, titular del Juzgado en lo Penal Económico N°2, sostuvo que el empresario sobrefacturó importaciones a través de HLB Pharma y Alpharma, dos laboratorios que habrían importado maquinaria asiática entre marzo y agosto de 2022, mediante una operación de US$5 millones, pero la causa constató que la cifra real fue de US$500.000. El magistrado corroboró que García Furfaro utilizó documentación falsa ante la Aduana en cinco operaciones y le trabó un embargo por $25 mil millones. Otros dos implicados fueron procesados y embargados por el mismo monto en la causa en la cual la Aduana es querellante.
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