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  • Blanco: “De aprobarse, Tierra del Fuego estaba en riesgo”

    Usuhahia » Diario Prensa

    Fecha: 22/08/2025 02:34

    El senador fueguino explicó por qué rechazó decretos del Ejecutivo sobre Vialidad, el I.N.T.I, el I.N.T.A y el Banco de Datos Genéticos. El parlamentario por la UCR, Pablo Blanco, reveló las razones de su voto negativo a los decretos de facultades delegadas enviados por el Gobierno nacional. Argumentó que las medidas propuestas debilitaban funciones esenciales del Estado y afectaban directamente a la conectividad y al desarrollo productivo de la provincia. Pablo Blanco: «Con el decreto referido a Vialidad, del Ejecutivo nacional, el ente prácticamente desaparecía. Eso hubiera significado un gran perjuicio para nuestra provincia». El senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Blanco (UCR), fundamentó su voto negativo a los decretos de facultades delegadas que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y que fueron rechazados en la Cámara alta. El legislador sostuvo que las medidas “vaciaban organismos claves” y que su impacto es especialmente grave en provincias como Tierra del Fuego. Blanco cuestionó que los decretos 461/25, 462/25 y 351/25, dictados al amparo de la Ley 27.742, excedían los límites de la delegación legislativa y desnaturalizaban entes autárquicos con funciones críticas. “En lugar de disolver formalmente, lo que requeriría una ley, el Ejecutivo optó por una táctica de disolución encubierta: absorción de secretarías, supresión de órganos colegiados, pérdida de autarquía y redistribución de personal y patrimonio”, señaló. Desde su banca, el senador provincial acusó al Ejecutivo de intentar “esconder” la pretensión de eliminar los entes “reasignando las funciones para volverlos inservibles, vaciando de contenido los organismos que le dan vida, subordinándolos a estructuras menores, eliminando su condición técnica y retirando autonomía presupuestaria”. El parlamentario fueguino ironizó con énfasis: “Como hubo corrupción en Vialidad, por ejemplo, el Gobierno encontró la solución, disolviendo el organismo. El Gobierno toma una medida que es como si apareciera un enfermo de cáncer y, para no gastar el dinero, le pega un tiro y lo mata. Entonces, se acabó el enfermo y se acabó el problema”. Entre los casos más relevantes, Blanco mencionó el INTI – Instituto Nacional de Tecnología Industrial – al que se reducía a una unidad dependiente de la Secretaría de Industria, lo que afectaba su independencia técnica y la red de laboratorios que respalda exportaciones y normas de seguridad. También el INTA – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – al que se le eliminaba el Consejo Directivo y se lo subordinaba a la Secretaría de Agricultura, debilitando su carácter federal y su asistencia en investigación y extensión agropecuaria. El legislador advirtió que en la propuesta del Ejecutivo, denegada por los senadores, la Dirección Nacional de Vialidad directamente “desaparecía”, con competencias trasladadas al Ministerio de Economía y a la Gendarmería Nacional. En el caso de Tierra del Fuego, dijo, la Ruta Nacional Nro. 3 constituye un eje vital de abastecimiento y conectividad. “El Paso Garibaldi requiere mantenimiento experto y continuo, sobre todo en invierno. Sin esa planificación, aumentan los riesgos de cierres prolongados y desabastecimiento”, sostuvo. Respecto del Banco Nacional de Datos Genéticos, Blanco alertó que la pérdida de autarquía pone en riesgo la cadena de custodia de pruebas fundamentales en causas de derechos humanos. “Se trata de una institución que debe mantenerse independiente para garantizar el derecho a la identidad y la validez judicial de las pericias”, remarcó. En su análisis, Blanco señaló finalmente que los decretos no solo resultaban inconstitucionales al desbordar los límites de la delegación previstos en el artículo 76 de la Constitución, sino que además “revelaban una severa inconsistencia con los propios principios de libertad económica que invoca el Gobierno”. A su juicio, “liberalizar no equivale a desmantelar las garantías de calidad y seguridad que son indispensables para la seguridad jurídica y la competencia leal”.

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