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» Misionesopina
Fecha: 21/08/2025 23:02
La Municipalidad de Puerto Rico enfrenta desde mayo un conflicto con el Banco Nación por el pago de la tasa de comercio, un tributo que las entidades financieras abonan en concepto de contraprestación de servicios municipales. Durante los dos primeros bimestres de 2025, la sucursal local cumplió con sus obligaciones sin reparos. Sin embargo, al comenzar el tercer bimestre presentó un amparo judicial que bloqueó el cobro correspondiente a mayo-junio. El problema se extendió al cuarto bimestre (julio-agosto), cuyo vencimiento opera este mes, y amenaza con dejar nuevamente a la comuna sin esos ingresos. Según estimaciones oficiales, cada período no percibido implica una pérdida cercana a los 30 millones de pesos, un golpe significativo en un contexto de fuertes restricciones fiscales. Desde la asesoría legal del Municipio señalaron que mantienen reuniones con la entidad para intentar destrabar el conflicto, pero la posición del Banco es tajante: asegura que “no existe contraprestación de servicios” que justifique la tasa. La Comuna rechaza ese argumento. “Las calles no se iluminan solas, las veredas requieren mantenimiento, los espacios públicos demandan limpieza y seguridad. Todo eso forma parte de los servicios que garantizan el normal funcionamiento de una sucursal bancaria”, remarcaron desde el Ejecutivo local. Efecto dominó El temor es que el amparo se prolongue y que la estrategia se extienda a otros municipios, provocando un desfinanciamiento en cadena de las cuentas locales. De hecho, varias sedes del Banco Nación en Misiones ya iniciaron conversaciones con intendentes para reducir lo que pagan. “Literalmente quieren pagar menos o directamente dejar de pagar, y lo hacen insinuando la posibilidad de cerrar sucursales”, confió un jefe comunal bajo reserva. El antecedente más claro está en San Javier, donde en 2024 el intendente Matías Vilchez pactó con la entidad bajar la alícuota de la tasa de 2,5% a 1,5%. Justificó la decisión en el rol estratégico que cumple la sucursal en el pueblo: allí se abonan salarios de fuerzas federales y empleados nacionales, dinamizando el comercio local. “Priorizamos el valor humano”, argumentó, aunque la medida generó polémica y fue leída como una cesión de recursos en un momento de presión desde la Casa Rosada para achicar costos y evaluar cierres de oficinas. En Aristóbulo del Valle también hay tensión: la tasa que paga el Nación ronda los 3 millones de pesos mensuales, monto que representa un ingreso clave para las arcas municipales. El intendente de Alem, Matías Sebely, informó que el año pasado se le concedió una baja de las tasas, en el marco de la misma maniobra. Una estrategia nacional Lo ocurrido en Puerto Rico no es un caso aislado ni exclusivo de Misiones. En Córdoba capital, el Banco Nación inició un juicio contra la Municipalidad cuestionando la legalidad de la “Contribución sobre la actividad comercial, industrial y de servicios”, con pérdidas estimadas en 500 millones de pesos. En otras localidades cordobesas como General Cabrera, Jesús María y General Deheza, el Nación consiguió acuerdos para reducir las tasas bajo el argumento de “alta presión tributaria”. En la provincia de Buenos Aires, distritos como Tres de Febrero y Esteban Echeverría ya avanzaron en la misma línea. El propio presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, defendió públicamente esta política al afirmar que la institución “propugna la disminución de impuestos en todos los niveles de gobierno”, en sintonía con el discurso del presidente Javier Milei. Impacto político y fiscal El panorama confirma que la maniobra responde a una decisión política de alcance nacional. La estrategia del Banco Nación combina demandas judiciales con presiones sobre intendentes para resignar recursos, utilizando como herramienta la amenaza del cierre de sucursales. Para los municipios misioneros, la tasa de comercio representa una de sus principales fuentes de recaudación. Si el precedente de Puerto Rico se extiende, la caída de ingresos podría complicar la prestación de servicios esenciales y agravar la ya frágil situación fiscal de los gobiernos locales. En definitiva, lo que comenzó como un litigio en una sola comuna se perfila como una disputa estructural: una batalla por los recursos que enfrenta a los municipios con el banco estatal más grande del país, en un contexto de ajuste y redefinición del rol del Estado impulsado desde la Nación.
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