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Parana » AIM Digital
Fecha: 21/08/2025 18:12
“El proyecto 0075D del 2022 lo que hace es recapitular todas las herramientas de política ambiental nacional que están presentes en la Ley General del Ambiente y aplicarla de una manera específica para los humedales. Realmente es un proyecto que ha logrado un desarrollo con aval científico y social. Adentro del Congreso entran a jugar intereses que son particulares y de los que pretenden que nada se regule para poder hacer cualquier cosa”, dijo a AIM el abogado ambientalista Enzo Culasso. Con respecto a la necesidad de una ley que proteja los humedales en el territorio argentino “vale aclarar que la misma se inscribe dentro de las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental; es decir, es una competencia concurrente donde el Congreso de la Nación dicta los presupuestos mínimos y luego, cada provincia, complementa esa ley en base a aumentar la protección respetando las características de sus ecosistemas”, dijo Culasso a esta Agencia. Aclaró que: “Se ha dicho que el Congreso no podía dictar una ley de esas características, que eso estaba invadiendo el dominio originario de los recursos, y la realidad es que esto ya está saldado hace mucho tiempo porque en las cuestiones de política ambiental rige el federalismo de concertación, donde la Nación dicta los presupuestos mínimos y las provincias complementan”. “Desde 2013 se vienen presentando en el Congreso de la Nación diversos proyectos de ley. Tuvo su capítulo más fuerte en 2020 junto con la pandemia y los intensos incendios; todos han perdido estado parlamentario, pero uno de ellos tiene amplio consenso de parte de la ciencia y la ciudadanía argentina”, indicó el abogado ambientalista. Destacó que se trata del proyecto “0075D del 2022. Lo que hace es definir qué son los humedales, y ahí estuvo el gran conflicto en el Congreso, por lo cual se terminó cayendo el proyecto de ley. Se intentaba quitar de la definición simplemente una palabra que era el y/o”. Culasso explicó que: “En la definición, los humedales se entienden como ambientes que tienen presencia temporal o permanente agua y/o plantas adaptadas al medio. Ese y/o, si se sacaba el o y quedaba solo la y, hacía que la definición haga que sí o sí tengan que esos ecosistemas tener plantas adaptadas al medio. Lo que sucedía es que ambientes como los salares alto andinos, hoy de gran interés para el litio, quedaban afuera de la definición porque tienen agua con presencia temporal o permanente pero no tienen plantas adaptadas al medio”. Esto demuestra “lo fino que es una definición y cómo si se saca una sola palabra, en este caso la y/o, un gran número de humedales quedaban afuera. Claramente, detrás de eso, está el interés del lobby minero que pretende explotar los salares alto andinos sin ningún tipo de límites”. Además, dentro del proyecto de ley, “también se hace un ordenamiento ambiental del territorio, saber a dónde hay humedales, qué características tienen y qué usos son los racionales y sostenibles ecológicamente. En base a conocerlos también se sabe qué importancia tienen y en qué estado de conservación se encuentran, qué usos sociales, económicos y qué importancia ecosistémica tienen”. “Cualquier actividad que se realice sobre los humedales, que tenga el potencial de afectarlos, necesita una evaluación ambiental previa. También, dentro del proyecto, se ha propuesto la evaluación ambiental estratégica y de los impactos acumulativos, que es una forma de darle mayor especificidad a la evaluación de los impactos, considerando la sequía o el cambio climático que son factores que entran a jugar y nos hacen aumentar la prevención”, señaló. Culasso señaló: “Ante la duda de si una actividad va a tener efectos degradantes o no, tenemos que optar por no hacerla, porque sabemos que una vez degradado un ecosistema es muy difícil volver a su estado anterior. La ley hace un poco mención sobre todo eso”. Destacó que en todo ese procedimiento de ordenamiento y evaluación de impacto ambiental, “un componente esencial es la participación ciudadana con el respectivo acceso a la información. Nos vamos dando cuenta que el proyecto lo que hace es recapitular todas las herramientas de política ambiental nacional que están presentes en la Ley General del Ambiente y aplicarla de una manera específica para los humedales. Realmente es un proyecto que ha logrado un desarrollo con aval científico y social. Adentro del Congreso entran a jugar intereses que son particulares y de los que pretenden que nada se regule para poder hacer cualquier cosa”. En el caso de los humedales en Argentina, señaló Culasso, “cerca del 20 por ciento del territorio nacional está compuesto por ecosistemas de humedales, son muy heterogéneos, por lo que se necesita que cada provincia regule y contemple las herramientas de política ambiental para que, específicamente, cada uno de esos ecosistemas pueda ser protegido y a la vez utilizado de la manera más racional, pensando en que debemos legarle un ambiente sano y equilibrado no solo a las generaciones presentes sino a las futuras”. En la realidad de cambio climático, los humedales cumplen las funciones de “almacenamiento de carbono, la purificación del aire, del agua, atenuación de inundaciones, bajantes y sequías”. En Entre Ríos, remarcó, “vemos lo que está sucediendo en el Delta del Paraná, donde los humedales están siendo utilizados para la ganadería intensiva, la agricultura, la forestación y proyectos inmobiliarios”. Explicó que: “Si todas estas actividades no llevan una evaluación de impacto ambiental previa a la realización, corremos el riesgo de que los humedales comiencen a perder sus funciones ecosistémicas, se degraden, dejen de ser lo que son y de proveernos servicios ambientales que son claves en esta realidad de cambio climático”. En este sentido, dijo, “una de las cuestiones que marca el proyecto son las prohibiciones, como la de alterar de manera irreversible un ecosistema de humedal, como sucede en el Delta del Paraná donde hay cientos de kilómetros de terraplenes que van fragmentando el ecosistema y que hacen vaya perdiendo no solo su integridad sino también sus funciones ecosistémicas. Esto comenzó hace tiempo, pero a medida que avanza la crisis climática más vemos los efectos de intervenir los ecosistemas. En el punto crítico del Delta del Paraná ya hace seis años que la cuenca no se conecta con el valle de inundación, el río Paraná no logra inundar el valle de inundación, que es justamente el lugar donde los peces se reproducen, ya hace seis años que el ciclo reproductivo de los peces no se completa”. Al perder la integralidad y que no funcione como un sistema de humedales, se dan cuestiones concretas, “como las intensas quemas que venimos viendo y que también están agravadas, los incendios proliferan mucho más porque el humedal está seco por esta fragmentación y por el fenómeno de la crisis hídrica que ya lleva en nuestro país cinco años. El río Paraná no logra recuperar su altura media promedio normal”.
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