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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 21/08/2025 14:42
Nicolás Carrizo y Gastón Marano, su abogado (Foto: Maximiliano Luna) Luego de pasar dos años y 11 meses preso, la Justicia Federal le concedió la libertad a Nicolás Gabriel Carrizo, señalado como “jefe de la banda de los Copitos”, en el marco del juicio por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. No se pudo probar su participación en el hecho y, por lo tanto, la Fiscalía y la querella decidieron retirar sus acusaciones contra él, por lo que será absuelto. Luego del alegato de la Fiscalía General N°3, a cargo de Gabriela Baigún, el abogado de Carrizo, Gastón Marano, pidió la excarcelación de su defendido al Tribunal Oral Federal N° 6. El jefe de los “Copitos” llegó hasta este momento del proceso señalado como partícipe secundario del intento de magnicidio. Se sospechaba que le había entregado un arma a Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, y de hecho en varios mensajes de WhatsApp parecía haberse autoincriminado. La hipótesis de la acusación indicaba que Uliarte, que estaba a metros de Sabag Montiel y la expresidenta cuando la bala no salió, habría tenido en su poder una segunda pistola -la de Carrizo- que finalmente no utilizó y luego habría hecho desaparecer. Independientemente de lo que se encontró en los chats, “no se ha podido acreditar que Carrizo hubiera tenido bajo su disponibilidad un arma de fuego, fuera cual fuera”, sostuvo la fiscal Baigún en su alegato. Tampoco surgieron pruebas durante la investigación o el debate oral y público para afirmar que el jefe de los “Copitos” tuviera conocimiento previo del plan para matar a Cristina Kirchner. Nicolás Carrizo, el día del inicio de un juicio (AP Foto/Natacha Pisarenko) A la misma conclusión que la Fiscalía llegaron los abogados de la querella, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal: “Cristina, que fue perseguida durante años y sigue siendo perseguida, aun viviendo todo eso nos dijo: ‘Yo no uso el derecho penal para hacer política o vengarme de alguien, si no hay que acusarlo no lo acusen’”, alegaron a su turno. De esta manera, Carrizo salió del Complejo Penitenciario Federal N° 2 de Marcos Paz, donde se encontraba privado de su libertad, y regresó a su vivienda familiar durante la madrugada, según pudo saber Infobae de fuentes del caso. El Tribunal Oral Federal N° 6, integrado por los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg, le impuso condiciones mínimas -hasta confirmar su absolución- como fijar domicilio, no ausentarse por más de 24 horas y asistir a sede judicial cada vez que sea citado. El juicio por el intento de magnicidio continuará el próximo 10 de septiembre. Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte (Foto: Maximiliano Luna) El alegato de la fiscal En su alegato de este miércoles, la fiscal Baigún pidió condenas de 15 años de prisión para Sabag Montiel y 14 años para Uliarte, como autor y partícipe necesaria -respectivamente- de tentativa de homicidio triplemente agravado por alevosía, por haber sido perpetrado mediando violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de arma de fuego. La acusación dio por probado que todo fue “una decisión adoptada previamente por ambos” con la finalidad de “impedir que siga desarrollando su vida política”. Si bien el tirador fue Sabag Montiel, su expareja craneó y apoyó el plan hasta último momento en la esquina de Juncal y Uruguay, alegó Baigún. Esto “se inscribe en una serie más amplia de contribuciones de índole motivacional plasmadas en las conversaciones entre ambos y en los posicionamientos políticos de la nombrada, que mediante la exacerbación de la virulencia y el odio que Sabag tenía contra Cristina Fernández, reforzaron su voluntad de asesinarla hasta un punto de no retorno”, siguió la fiscal. Sobre el cierre del alegato, Baigún pidió unificar las eventuales condenas de los acusados con las penas que ya recibieron en otras causas paralelas. De esta manera, pidió que Sabag Montiel reciba una sentencia condenatoria total de 19 años de prisión -ya purga otra por 4 años y 3 meses- y para Uliarte 14 años y dos meses -le habían dado un año por falsificación de DNI-.
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