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Parana » Informe Digital
Fecha: 21/08/2025 02:23
En un reves para el gobierno de Javier Milei, la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad al lograr el respaldo de dos tercios de sus integrantes. La decisión sobre la promulgación de la norma pasa ahora al Senado, donde este jueves se determinará si el veto se mantiene o si finalmente es rechazado de manera definitiva. Esto último implicaría que la ley deba ser promulgada. La oposición logró reunir con facilidad la mayoría especial de dos tercios, alcanzando 172 votos a favor, mientras que el oficialismo y sus aliados sumaron 73 rechazos. Se registraron 2 abstenciones. La norma tiene como objetivo actualizar los aranceles de prestaciones por inflación y crear una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, iniciativa considerada por el Gobierno como una amenaza al equilibrio fiscal. El tema fue analizado en “Comunistas”, donde se coincidió en que detrás de la decisión del Ejecutivo se encuentra un posicionamiento ideológico en contra más que una preocupación fiscal. “Lo que está en juego es mantener un consenso ideológico que ha venido consolidándose en Argentina desde 2008. El mensaje detrás del veto es que hay una población considerada ‘sobrante’ para el sistema, y que el Estado decide retirar su asistencia. La crueldad se convierte en un programa político”, analizó el historiador Eduardo Sartelli, invitado a la mesa del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 20.30. Sartelli calificó a la administración Milei como “pinochetismo popular”, ya que, a su juicio, permite recortes bajo el argumento de la eficiencia económica, enfatizando que el Gobierno no busca un ahorro de fondos públicos, sino demostrar fuerza y ser coherente con su ideología. El conductor del programa, Juan di Natale, contextualizó el rechazo parcial al veto proporcionando datos sobre el universo de personas con discapacidad en Argentina. Según las estadísticas, la Ciudad de Buenos Aires lidera la proporción de Certificado Único de Discapacidad (CUD) por cada diez mil habitantes, seguida por provincias como Río Negro, Neuquén, Salta y Catamarca. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires acumula el 40% de los certificados vigentes, mientras que la Ciudad representa un 9,7%, Santa Fe un 7,4% y Córdoba un 6,7%. Un dato revelador es que el 28% de los CUD corresponde a niños de entre 0 y 14 años, lo que evidencia la magnitud del problema desde edades tempranas. El licenciado en Comunicación Social Omar Zanarini criticó lo que definió como una “operación” del Gobierno para instaurar la idea de que los certificados son falsos. “Lo que se busca es socavar la legitimidad del reclamo y profundizar la crueldad hacia las personas con discapacidad. Hoy, en el Congreso, se demostró que el pueblo argentino desea mantener la presencia del Estado frente a una población vulnerable que no puede ser marginada”, afirmó. Al finalizar el debate, el economista Nau Bernués señaló que, en comparación con otros países, Argentina presenta un porcentaje más alto de personas con discapacidad. La dirigente del Partido Obrero, Vanina Biasi, rechazó esa interpretación y explicó que el último censo muestra que el 10,5% de la población padece algún tipo de discapacidad, aunque solo el 4% cuenta con certificado. Según ella, la diferencia se debe a la precarización laboral y a las condiciones de vida: “Un país que aprueba leyes laborales regresivas tendrá más personas discapacitadas y, al mismo tiempo, menos atención hacia ellas. Las comparaciones internacionales son excusas para recortar derechos”, advirtió. LB / FPT
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