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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 20/08/2025 11:57
La Fiscalía de Estado de Entre Ríos, representando al gobierno provincial, ratificó su participación como actor civil en la Causa Contratos, una investigación que apunta a recuperar fondos públicos presuntamente sustraídos mediante contratos irregulares de la Legislatura. La acción civil busca garantizar la reparación patrimonial de los 392 millones de pesos afectados y fortalecer la transparencia en la gestión pública. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, participó este martes de una nueva audiencia en el marco de la denominada Causa Contratos de la Legislatura, donde ratificó la decisión del gobierno provincial de sostener la acción civil como actor en el proceso penal, con el objetivo de procurar la reparación patrimonial de los fondos presuntamente sustraídos al Estado entrerriano. La denominada Causa Contratos investiga presuntas irregularidades en contratos adjudicados por la Legislatura de Entre Ríos. La Fiscalía de Estado, representando al gobierno provincial, ejerce la acción civil en el proceso penal para reclamar la reparación patrimonial de fondos públicos que, según las pericias, ascienden a 392 millones de pesos. La investigación incluye acusaciones de peculado y asociación ilícita, y busca garantizar que se cumpla tanto la responsabilidad penal de los imputados como la recuperación de los recursos del Estado. «El Gobierno de Entre Ríos, por instrucción del gobernador Rogelio Frigerio, procura la reparación patrimonial del daño a través de todos los canales jurídicos posibles», señaló Rodríguez Signes. El fiscal explicó que la participación de la Fiscalía de Estado como actor civil en el proceso penal es un paso fundamental dentro del plan de recupero fijado por el Poder Ejecutivo. Rodríguez Signes recordó que la Fiscalía de Estado es un órgano autónomo y cuenta con legitimación suficiente para promover acciones civiles, sin necesidad de autorización de otros organismos. “Nuestro deber es defender el patrimonio de la provincia y por eso ejercemos la acción civil contra los imputados, con base en la prueba producida y en los contratos irregulares detectados”, añadió. Según las pericias realizadas, el perjuicio patrimonial reclamado asciende a 392 millones de pesos, monto que constituye la base de la demanda civil presentada por el Estado entrerriano. El fiscal subrayó la trascendencia institucional de la causa, que involucra acusaciones de peculado y asociación ilícita, y destacó que la acción civil busca garantizar que, además de las responsabilidades penales, se concrete la reparación del daño al erario público. En paralelo, el Gobierno de Entre Ríos continúa examinando los contratos irregulares con el fin de declarar su nulidad, en línea con lo dispuesto por el decreto 604, asegurando el uso de todas las herramientas legales y constitucionales para proteger el patrimonio público entrerriano. «Defender el interés de la provincia implica utilizar todas las herramientas legales, democráticas y constitucionales para reparar el daño y recuperar lo que irregularmente salió del patrimonio público», concluyó el Fiscal de Estado, ratificando el compromiso del Ejecutivo con la transparencia y la protección de los recursos provinciales.
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