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Concordia » Libre Entre Rios
Fecha: 20/08/2025 11:45
Compartilo con La propuesta de privatización de Enersa y Salto Grande ha encendido un profundo debate en la provincia de Entre Ríos, marcando un eje central en la agenda política de cara a las próximas elecciones legislativas de octubre de 2025. Las declaraciones del candidato a senador por La Libertad Avanza (LLA) de Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch, a favor de esta medida, han generado un fuerte rechazo por parte de diversos sectores políticos y sociales de la provincia, quienes advierten sobre las potenciales consecuencias para la economía, los servicios públicos y el futuro energético del territorio entrerriano. La posible privatización de Enersa y Salto Grande, impulsada por el candidato a senador nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch, representa un punto de inflexión en el modelo de gestión energética y de servicios en la provincia. Las declaraciones de Benegas Lynch, quien sostiene que “cualquier empresa estatal debería privatizarse”, responden a una visión ideológica liberal que busca reducir drásticamente la intervención del Estado en la economía, promoviendo el sector privado como motor de eficiencia y desarrollo. Según Benegas Lynch, su postura se enmarca en una transformación profunda que busca “hundir el pasado de decadencia, de pobrismo y de corrupción” asociado al estatismo y al kirchnerismo. Desde su perspectiva, el Estado es inherentemente ineficiente y es el origen de muchos de los problemas que aquejan al país, incluyendo la educación y la salud. La privatización, argumenta, promovería inversiones, competitividad y mejores servicios al dejar que el mercado y la gente decidan quién debe proveerlos. Para el candidato, un albañil, por ejemplo, ganaría 11 veces más en un país de libre mercado con baja injerencia estatal y bajos impuestos, lo que refleja su creencia en la capacidad del sector privado para generar oportunidades y progreso. El caso de Enersa y Salto Grande: impacto en Entre Ríos La propuesta de privatizar Enersa, la empresa provincial de energía, y Salto Grande, el complejo hidroeléctrico binacional, ha provocado una inmediata y enérgica respuesta de la oposición. El Partido Justicialista de Entre Ríos, a través de referentes como Guillermo Michel, Enrique Cresto y Marcelo Casaretto, ha manifestado su rotundo rechazo. Michel cuestiona la lógica económica de privatizar una empresa como Enersa, que en su último balance reportó ganancias de 42.000 millones de pesos y pagó casi 16.000 millones en Impuesto a las Ganancias. Para el PJ, esto demuestra la viabilidad y rentabilidad de la empresa bajo gestión estatal, desvirtuando el argumento de ineficiencia que esgrime LLA. Enrique Cresto enfatiza que la energía no es solo un negocio, sino un “derecho y un recurso estratégico”. La posible privatización de Enersa y Salto Grande en Entre Ríos genera debate. Desde Ahora la Patria, se recordó la experiencia fallida de la privatización de Enersa en la década de los ’90, cuando un grupo privado la abandonó sin inversiones, obligando al Estado provincial a rescatarla para garantizar el servicio. Paola Rubattino, también de Ahora la Patria, trajo a colación el intento fallido de privatización de Salto Grande en el mismo período, que fue frenado por una “histórica consulta popular” donde el pueblo entrerriano se manifestó unánimemente en defensa de la represa. Estos antecedentes históricos son esgrimidos como advertencias sobre los riesgos de entregar activos estratégicos al capital privado. Las empresas estatales como Enersa y Salto Grande no solo son valoradas por su rol en la provisión de servicios esenciales, sino también por su capacidad de generar empleo y garantizar tarifas más justas, elementos cruciales para el desarrollo soberano de la provincia. La privatización podría significar un aumento en las tarifas para los usuarios, dado que la lógica de una empresa privada es la maximización de ganancias, lo que podría afectar directamente el bolsillo de los entrerrianos y la competitividad de las actividades productivas locales. Además, la pérdida de control estatal sobre infraestructuras críticas podría comprometer la planificación energética a largo plazo y la capacidad de respuesta ante emergencias. Privatización de Enersa y Salto Grande: ¿Cómo se darían los cambios y cuándo entrarían en vigencia? Los cambios propuestos por Benegas Lynch, de materializarse, requerirían un complejo proceso legislativo. Si LLA logra un número significativo de bancas en el Congreso Nacional tras las elecciones del 26 de octubre de 2025, se buscaría impulsar leyes que permitan la desestatización de empresas públicas. Sin embargo, la privatización de Salto Grande presenta una complejidad adicional: al ser un ente binacional con Uruguay, cualquier avance requeriría un acuerdo entre ambos países, algo que Marcelo Casaretto ya ha señalado como un impedimento significativo. Esto significa que no hay una fecha de entrada en vigencia inmediata. El proceso sería gradual y dependería de la correlación de fuerzas políticas en el Congreso y de la capacidad de diálogo internacional en el caso de Salto Grande. La fuerte resistencia manifestada por la oposición en Entre Ríos y el precedente de la consulta popular por Salto Grande sugieren que cualquier intento de privatización enfrentaría una férrea oposición popular y política. Afectaciones a las personas e instituciones de salud Joaquín Benegas Lynch encendió la mecha rumbo a las elecciones legislativas de 2025 al sugerir la privatización de Enersa y Salto Grande. Aunque el foco principal de las declaraciones de Benegas Lynch ha sido la energía, su visión abarca la privatización de “cualquier empresa estatal” e incluye críticas explícitas a los sistemas de salud y educación estatales. Según el candidato, estos sistemas han sido “vapuleados por el estatismo” y sufren de “salarios paupérrimos” para médicos y maestros, así como de infraestructuras lamentables. Él aboga por “sistemas que refresquen, que liberen recursos y que puedan llegar en buena educación a los chicos”. Si la filosofía de privatización se extendiera al ámbito de la salud en Entre Ríos, la principal afectación para las personas sería un posible cambio en el acceso y la calidad de los servicios. La búsqueda de eficiencia y rentabilidad por parte de actores privados podría derivar en una segmentación del servicio, donde la calidad podría estar ligada a la capacidad de pago de los pacientes. Esto impactaría negativamente en las poblaciones más vulnerables, que dependen en gran medida del sistema de salud público. Las instituciones de salud provinciales podrían ver reducidos sus presupuestos, ser desfinanciadas o, en el escenario más extremo, ser transferidas a la órbita privada, lo que alteraría radicalmente su misión social y su estructura de funcionamiento. La experiencia de otros países y de etapas anteriores en Argentina sugiere que la privatización de servicios esenciales puede llevar a un aumento de las desigualdades en el acceso a la atención médica. Mucho más que una discusión económica El debate sobre la privatización Enersa y Salto Grande en Entre Ríos es mucho más que una discusión económica; es una confrontación de modelos de país y de provincia. Mientras La Libertad Avanza ve en la privatización la vía para la prosperidad y la eficiencia, la oposición y amplios sectores de la sociedad entrerriana la perciben como una amenaza a la soberanía, la equidad y el acceso a servicios esenciales. El resultado de las próximas elecciones legislativas definirá en gran medida el rumbo de esta discusión, pero la historia y la férrea defensa popular de estos activos estratégicos anticipan una batalla política y social de gran envergadura.
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