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Parana » Plazaweb
Fecha: 19/08/2025 17:54
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró la invalidez del veto con el que el presidente Javier Milei había frenado la aplicación de la ley 27.793 de emergencia en discapacidad, sancionada por el Congreso el 10 de junio. La resolución respondió a un amparo presentado por los padres de dos niños con trastornos del espectro autista, quienes denunciaron la interrupción de terapias y la falta de cobertura en transporte escolar. El magistrado dispuso “hacer lugar parcialmente a la acción de amparo” y sostuvo que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”. Además, consideró que los menores afectados están en “una situación de múltiple vulnerabilidad” y requieren protección reforzada en virtud de lo establecido por la Constitución y los tratados internacionales. TAMBIÉN PODÉS LEER: Reclamaron en Paraná por el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad Argumentos del fallo El juez descalificó la fundamentación del decreto presidencial al señalar que la motivación era “aparente” y “falaz”. Rechazó dos de los ejes centrales del veto: que la ley carecía de financiamiento y que la sanción parlamentaria había sido irregular. González Charvay afirmó que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de reasignar partidas y que el trámite legislativo se realizó de manera regular. En uno de los párrafos más duros del fallo, sostuvo: “La fundamentación del veto cuestionado y su consecuente resultado no son otra cosa que un caso de clara discriminación a personas con discapacidad, ya que afecta a niños, niñas y adolescentes en situación de doble vulnerabilidad”. También recordó que el Estado argentino asumió compromisos internacionales de jerarquía constitucional, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño, que obligan a garantizar estándares de protección integral. Impacto en las prestaciones La sentencia destacó que la interrupción abrupta de tratamientos compromete de forma grave el desarrollo cognitivo, emocional y social de los menores. “El veto cuestionado provoca como resultado directo el deterioro progresivo de servicios y prestaciones a la salud que afecta a un grupo de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, escribió el magistrado. El fallo advirtió que la continuidad de terapias, escuelas y transportes del sistema de prestaciones básicas está en riesgo por el desfinanciamiento. Por ello, concluyó que una política pública basada en el “equilibrio fiscal innegociable” no puede prevalecer sobre derechos constitucionales y convencionales. La ley sancionada y luego vetada Antes de ser vetada el 4 de agosto, la ley de emergencia en discapacidad había sido aprobada para regir hasta diciembre de 2027. El texto establece medidas para fortalecer el sistema de prestaciones básicas, mejorar los aranceles de profesionales, otorgar un bono compensatorio y actualizar automáticamente montos según inflación. El proyecto también habilita el acceso a pensiones no contributivas a quienes acrediten el Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que podría sumar entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal proyectado representa entre 0,22% y 0,42% del PBI, con financiamiento previsto a partir de reasignaciones y fondos específicos como PAMI, Incluir Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud. Próximos pasos Aunque el Gobierno todavía puede apelar la resolución, este es el primer fallo que declara inválido el veto presidencial en la materia y abre la posibilidad de que otras familias impulsen amparos similares en distintos juzgados del país. El juez González Charvay remarcó que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias” y que las medidas de ajuste no pueden generar retrocesos en la protección de los sectores más vulnerables. Fuente: BAE Negocios
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