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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 19/08/2025 16:44
El Ministerio de Economía enviará el proyecto de presupuesto a mediados de septiembre. AFP El Gobierno insistirá este año en el proyecto de Presupuesto 2026 con una “regla fiscal” que establezca un mecanismo para evitar subas de gasto público, a través de un ajustador automático en caso de recaudación tributaria más alta de la esperada y un grupo de renglones presupuestarios que quedarán a tiro de recorte en un escenario adverso. Se trata de una de las novedades que planteó el Poder Ejecutivo en el Presupuesto 2025 presentado en septiembre del año pasado pero que no fue votado por el Congreso. El presidente Javier Milei lo graficó con la imagen “cepo al Estado”, lo que implicaría un techo rígido a la expansión de las erogaciones presupuestarias. Esa idea será reiterada en el proyecto que el Ministerio de Economía terminará de diseñar hasta mediados del próximo mes, aseguraron fuentes oficiales a Infobae. A grandes rasgos, aquel presupuesto para este año que naufragó en el parlamento preveía una regla fiscal que recortaría distintas partidas en caso de contingencias, lo que dejaba solo a las jubilaciones fuera de la discrecionalidad, que continuarán con una fórmula mensual indexada a la inflación. El Gobierno no tiene margen, en ese gasto, para aplicar variaciones a voluntad. El espíritu de ese planteo es anticipar un esquema de “reajuste” de gastos según la evolución de la coyuntura. Para el caso del Presupuesto 2025, el Gobierno partió de una estimación inicial de los intereses de deuda a pagar este año, y desde ese punto el equipo económico definió qué partidas tendrán actualización automática —las jubilaciones— y cuáles quedarán sujetas a discreción. En ese marco, el equipo económico fijó “techos” de gasto como porcentaje del PBI, “en función de las prioridades de políticas públicas establecidas”, según se detalló en un documento oficial. Milei acudió al Congreso el año pasado para presentar el Presupuesto 2025. EFE El argumento central es que el presupuesto debe asegurar equilibrio fiscal como única vía para sostener la estabilidad. “En tanto el escenario macroeconómico se desvíe de la proyección presentada, se ajustará el gasto discrecional para garantizar el equilibrio financiero o se incrementará el ahorro fiscal”, establecía el resumen del proyecto que elaboró el Ejecutivo el año pasado. “En caso de que el crecimiento del nivel de actividad genere una recaudación mayor a la estimada, el excedente de estos recursos se destinará a la baja de impuestos”, añade. Para el 2025, los recursos totales proyectados equivalían a 15,1% del PBI, más 0,3% adicional del resto del sector público. De esa cifra, 6,3% se destinó a jubilaciones, 2,6% a asistencia social, 1,8% a salarios, 0,8% a subsidios, 0,6% a gasto de capital, 0,5% a universidades y 1,2% a otras partidas. Asimismo, un 1,5% del PBI se asignó al pago de intereses de deuda, con lo que se alcanza un balance equilibrado. En ese contexto, estimaciones hechas por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el 78,1% de los recursos habrían quedado “intocables” bajo esta regla, mientras que el 21,9% restante, una clasificación que incluía programas sociales, subsidios, transferencias a provincias y bienes y servicios podrá ser ajustado. El FMI estima que, hacia adelante, el Gobierno deberá avanzar en un ajuste más amplio. En 2026, por el aumento del peso de los intereses de deuda, se requeriría un superávit primario de 2,2% del PBI para alcanzar el equilibrio financiero. Esta exigencia formó parte de las negociaciones recientes entre el Fondo y la Casa Rosada, que derivaron en distintos acuerdos. Uno de los puntos pactados es que el Presupuesto 2026 incorporará un análisis integral de sostenibilidad y riesgos fiscales. También se incluyó como novedad un objetivo “estructural”: “institucionalizar” el déficit cero a través de una ley, norma que ya existe pero que debería ser reformulada. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en la Comisión de Presupuesto el año pasado El Fondo subrayó además que “será necesaria una disciplina fiscal rigurosa y continua, junto con reformas fiscales en materia de tributación, coparticipación en los ingresos y pensiones, para consolidar el ancla fiscal a lo largo del tiempo”. Y proyectó que el superávit primario deberá subir al 2,5% del PBI hacia 2027, a medida que aumenten los pagos de intereses tras la eliminación de las restricciones cambiarias y el regreso al financiamiento internacional. En el adelanto enviado al Congreso a inicios de julio, el Ministerio de Economía evitó dar estimaciones centrales como la inflación o el valor del dólar oficial, aunque ratificó que continuará el ajuste fiscal y proyectó ingresos impositivos con retenciones al agro. Al mismo tiempo, dejó de lado la anticipación de reformas tributarias. El documento señaló que “se continuará avanzando en el realineamiento de los precios relativos, la reducción sostenida de la inflación y la generación de las condiciones de estabilidad que permitan el pleno desarrollo del sector privado y la recuperación del crecimiento económico”. También remarcó que “el equilibrio fiscal se mantendrá como un compromiso inclaudicable del gobierno”, con esquemas de asistencia “sin intermediarios”. Y mencionó, entre sus lineamientos, la profundización “del proceso de desregulación y transformación del Estado” junto con el “fortalecimiento de las áreas de defensa nacional y seguridad interior”.
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