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» Clarin
Fecha: 19/08/2025 16:42
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteña, Inés Weinberg, y el jefe de gobierno Jorge Macri coincidieron este martes en criticar la resistencia de jueces nacionales a ser transferidos a los tribunales locales a casi 9 meses del fallo Levinas de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion. En un discurso Weinberg dijo que “a la justicia nacional le cuesta aceptar nuestra competencia” y que esa actitud perjudica a los ciudadanos porteños, idea que compartió luego Macri en su mensaje. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Inés Weinberg, en la inauguración del Edificio Pellegrini. Ambos hablar en la inauguración de la segunda sede del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en Pellegrini 313, a pasos del Obelisco. El inmueble fue construido por el reconocido arquitecto Mario Roberto Alvarez, creador de emblemáticos edificios en nuestra Ciudad. Como consecuencia de aquel fallo de la última semana del 2024, casi 300 jueces de la Nación dejaron de estar sujetos al control directo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se situaron la órbita del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, pero las cámaras de apelaciones nacionales se resisten al traspaso, presentaron cautelares y boicotean el proceso. Jorge Macri habla en la inauguración del nuevo edificio del Tribunal Superior de Justicia. Muchas jueces nacional se resisten a que sus fallos sean revisados por el TJS de la CABA porque habían sido nombrados por el Senado de la Nación, entre otros argumentos. La resistencia de los jueces demoró la implementación de ese medida que falta a la autonomía de la CABA que decretó la Reforma Constitucional de 1994. Según fuentes judiciales, ya hay más 3 mil expedientes en el TJS pero no pueden notificar a todas las partes por la negativa de las cámaras nacionales a pasar los nombres de los demandados y porque, hasta ahora, la “Corte Suprema no nos dio acceso al sistema Lex” En su discurso,Weinberg recordó que en 1996, la Constitución de la Ciudad Autónoma estableció que, “sus autoridades, legítimamente constituidas, tienen el mandato permanente e irrenunciable para agotar en derecho las instancias política y judicial, para preservar la autonomía, y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional”. “La voluntad del constituyente implica completar la autonomía de nuestro Poder Judicial. Y esto es lo que estamos haciendo, fortaleciendo nuestra acción respecto de las competencias judiciales pendientes, de cara a la ciudadanía. Desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia que sentó doctrina en el caso Ferrari contra Levinas, el Tribunal Superior de Justicia es la última instancia revisora de los recursos presentados ante las cámaras nacionales en la Ciudad”. inauguración del nuevo edificio del Tribunal Superior de Justicia. Edificio Pellegrini. Pero “a la justicia nacional le cuesta aceptar nuestra competencia. El desafío es aunar esfuerzos para no perjudicar al destinatario de nuestra labor, que en definitiva es el ciudadano”, agregó la presidente del TSJ. “Vivimos tiempos donde se ha naturalizado anteponer los intereses individuales o corporativos a los intereses de la comunidad que integramos, como país o como Ciudad Autónoma. Al invertir esas prioridades creemos que los intereses particulares son el centro de un universo comprendido por toda la ciudadanía. Es un grave error”, alertó. En verdad “lo que la comunidad espera es ser tenida en cuenta en primer lugar por los poderes de su distrito, incluido el Judicial. Lo que menos esperan los litigantes es sortear más obstáculos en su búsqueda de justicia”, subrayó. A partir de esta expansión edilicia del Tribunal Superior de Justicia y las secretarias judiciales que cubren el amplio espectro del derecho público y privado, “ofrecemos una justicia más transparente y expeditiva. Somos un tribunal totalmente despapelizado y tenemos un funcionamiento dinámico. Somos conscientes de que el ciudadano es el receptor primordial de nuestra tarea. Ello reafirma nuestra vocación de claridad, transparencia y celeridad”. Por su parte, Macri recordó que "dentro de unos días se cumplirán 31 años de la Reforma del 94, que abrió una etapa decisiva en la vida de los porteños. Seguimos transitando un camino para que esa autonomía no sea sólo formal y declamativa, sino real y efectiva". Edificio Pellegrini: los cinco jueces del TSJ Santiago Otamendi Luis Lozano Inés Weinberg Alicia Ruiz y Marcela De Langhe1 junto al Jefe Gobierno Jorge Macri "Vivir en una ciudad autónoma adquiere una relevancia particular para los ciudadanos cuando hablamos de la justicia. Su carácter local, lejos de disminuirla, significa más libertad y seguridad para los vecinos. Los conflictos laborales, por ejemplo, además de un abordaje local, requieren procesos ágiles y modernos", contó. Por esas razones, "la creación de nuestro fuero laboral porteño y la aprobación del Código Procesal de Trabajo fueron un gran paso", agregó el jefe de gobierno, a pesar de que los jueces nacionales lograron una cautelar para suspender ese proceso. En este sentido, "seguiremos reclamando con firmeza la transferencia de las competencias pendientes en materia penal, civil y comercial. Que se entienda bien, no pedimos privilegios ni concesiones, simplemente el cumplimiento de la Constitución". Tal como lo confirmó recientemente el fallo Levinas, "reclamamos que se cumpla con lo que establece nuestra Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad. Igualdad de condiciones para asumir, con plena responsabilidad, el ejercicio de nuestros derechos y el cumplimiento de nuestras obligaciones". Así "garantizar la seguridad jurídica es fundamental para que todos los porteños ejerzan sus derechos e igualdad de condiciones. Y al mismo tiempo, resulta de vital importancia para quienes ya invierten o eligen nuestra ciudad para hacerlo", indicó. Al final del día, "ese es nuestro objetivo, que los porteños y todos los que vienen a estudiar, a trabajar o a invertir, puedan proyectar, emprender y vivir en libertad. Tal vez suene anecdótico, pero en este pequeño punto del mapa argentino, que es la Ciudad de Buenos Aires, se produce uno de cada cinco pesos, dólares, pónganlo en la moneda que quieran, el 20% del PBI ocurre acá. Eso demuestra la necesidad y la relevancia de un poder judicial autónomo, moderno, completo". En el acto estuvieron, además de Weinberg y Macri, autoridades porteñas y de la Nación, representantes de la magistratura de la Ciudad y nacional como Alberto Maques y César Grau, y de los colegios de abogados, como Martín Casares así como titulares de asociaciones periodísticas y funcionarios como el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia. Entre enero y hasta mitad de agosto de este año, ingresaron al Tribunal 3917 causas, de las cuales 2884 se derivan de la referida doctrina Levinas. De ese total, 2551 son de orden laboral, 259 de civil y comercial, y 64 corresponden al ámbito penal, penal juvenil, correccional y de faltas. Las diez restantes son de la secretaría de Asuntos Originarios del Tribunal. En cuanto al número de causas por sus competencias originarias, tanto en lo contencioso administrativo y tributario, como en lo penal, se distribuye entre 639 y 630 respectivamente. En orden a completar su expansión la nueva sede del TSJ estará destinada a toda la Dirección General de Administración (Recursos Humanos, Asesoría Jurídica, Compras, Tesorería, Contaduría, Auditoría, Patrimonio, Despacho), la Sala de Audiencias Públicas, el área de Jurisprudencia, así como las oficinas de Género e Innovación. Además, se traslada al nuevo edificio el Centro de Formación Judicial. En total la mudanza involucra a cien personas entre funcionarios y empleados. El edificio, diseñado por el arquitecto Mario Roberto Alvarez entre 1963 y 1965, ofrece excelentes condiciones de funcionalidad para el desempeño de las tareas del Tribunal. Ubicado en Carlos Pellegrini 313 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye una referencia de los principios del movimiento racionalista internacional en la ciudad. Cuenta con una superficie construida de 4.000 m2 distribuida en planta baja, dos subsuelos, un entrepiso y once pisos. Su puesta en valor estuvo a cargo del Poder Ejecutivo porteño, a través de los ministerios de Infraestructura y Hacienda, que le cedió el inmueble al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
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