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Concordia » Cadena Entrerriana
Fecha: 17/08/2025 19:34
La Agencia Nacional de Discapacidad licitó 720.000 servicios postales para notificar las bajas. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que más de 110.000 pensiones ya fueron canceladas en una auditoría que la administración de Javier Milei considera un éxito. El plan del Gobierno para auditar las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral (PNCDL) sigue en marcha. A pesar de la polémica por el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) lanzó una licitación para contratar 720.000 servicios postales. El objetivo: enviar cartas documento a los beneficiarios para notificar la suspensión de sus prestaciones. Esta medida se enmarca en la auditoría que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en febrero, bajo la premisa de que un número «estratosférico» de pensiones había sido otorgado de manera irregular en gestiones anteriores. Adorni confirmó la semana pasada que el Gobierno ya dio de baja 110.522 pensiones, a las que se suman otras 8.107 de personas fallecidas y 10.038 renuncias. Cifras y ahorro millonario La licitación de las 720.000 cartas documento no implica que se suspenderá la misma cantidad de pensiones, pero es un claro indicio de la magnitud del proceso. «Estas van a servir para notificar las suspensiones», confirmaron fuentes oficiales. La gestión de estas notificaciones, que deben entregarse en todo el país en un plazo de 48 horas, forma parte de un esfuerzo para agilizar el proceso de auditoría. El Gobierno estima que el supuesto desvío de fondos en pensiones irregulares asciende a unos mil millones de dólares anuales. Con las primeras bajas, el Ejecutivo calcula un ahorro mensual de 35 mil millones de pesos. Actualmente, el monto de una PNCDL equivale al 70% de una jubilación mínima. Un proceso incompleto y un debate pendiente A pesar de los avances, la auditoría no está exenta de problemas. Adorni mencionó que el 60% de los beneficiarios aún no ha presentado la documentación requerida. Además, las autoridades reconocen que aún hay domicilios no identificados, lo que dificulta la finalización del proceso. Mientras el Gobierno avanza con su plan, el debate político sobre la discapacidad se mantiene. El veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca regularizar pagos y actualizar aranceles para los prestadores, sigue generando tensión. Los aranceles están congelados desde noviembre de 2024, una situación que afecta directamente a quienes brindan servicios esenciales. La ley, que aplicaría hasta 2027, también proponía cambios en el sistema de pensiones y en el manejo de la ANDIS, temas que ahora están en el centro de la controversia. «Fabrica de pensiones por invalidez», abuso y fraude. La investigación que inició el gobierno nacional tiene la principal sospecha de que se montó una suerte de “fábrica de pensiones por invalidez” en la que están involucrados gobernadores, intendentes, punteros políticos, médicos y prestadores de servicios de salud y atención a personas con discapacidad. La auditoría reveló cuáles fueron las provincias más beneficiadas con estas pensiones y Chaco lidera el ranking. Le sigue Santiago de Estero y en quinto lugar se encuentra la provincia de Corrientes. Durante el Gobierno de Néstor Kirchner se otorgaron cerca de 120.000 beneficios. En el primer gobierno de Cristina Kirchner se sumaron 453.000 pensiones y otras 400.000 en el segundo mandato. En los cuatro años de Mauricio Macri se redujeron en cerca de 20.000. Y durante el Gobierno de Alberto Fernández volvieron a crecer, sumando unas 170.000 pensiones más. En resumen: hasta 2003 se habían otorgado 80.000 pensiones. Hasta julio de 2024 se pagan 1.223.864 beneficios. Las auditorías revelaron que había expedientes en los que se otorgó una pensión por invalidez laboral con la radiografía de un perro. Este artilugio fue utilizado por un médico correntino según señaló el propio Vocero Presidencial quien por otra parte detalló que en Chaco había 150 beneficiarios de pensiones con la misma radiografía. El Fiscal Federal Carlos Amad, en declaraciones a N9 detalló que la investigación que inició en Taco Pozo en el año 2023 podría extenderse a otras localidades donde también llama poderosamente la atención el número de beneficiarios con pensiones por discapacidad por lo que ya solicitó informes de la situación en Sáenz Peña, Villa Ángela y otras localidades del sudoeste chaqueño. compartir
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