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  • La millonaria deuda que el "Señor del Tabaco" mantiene con el Estado

    » Radio Sudamericana

    Fecha: 17/08/2025 07:22

    Sábado 16 de Agosto de 2025 - Actualizada a las: 15:37hs. del 16-08-2025 POR UN IMPUESTO QUE NUNCA PAGÓ Tras el fallo de la Corte Suprema que repone el impuesto interno mínimo al tabaco, el empresario Pablo Otero deberá pagar casi $669 mil millones en tributos adeudados. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que había declarado inconstitucional el impuesto interno mínimo al tabaco y, de este modo, dejó firme la obligación de todas las tabacaleras de abonar el piso impositivo fijado por ley. La decisión pone fin a la larga batalla judicial entre Tabacalera Sarandí, propiedad de Pablo Otero, conocido como “El Señor del Tabaco”, y el Estado. Según fuentes oficiales, la deuda de la compañía asciende a $668.914.684.823,07, sin contar intereses ni multas. El monto se compone de $476.117.297.772,27 en sede judicial y $192.797.387.050,80 en sede administrativa, aunque este último es preliminar y será actualizado con intereses y sanciones administrativas. La disputa comenzó cuando Sarandí cuestionó la constitucionalidad del impuesto mínimo al considerar que perjudicaba a sus marcas más baratas —como Red Point, West, Master y Kiel— frente a las premium, y ponía en riesgo su viabilidad. En 2022, la Cámara había fallado a favor de la empresa, pero la AFIP y la tabacalera Massalin Particulares apelaron la decisión. El máximo tribunal, con votos de los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Mariano Llorens, Patricia Moltini y Mario Boldú, resolvió que la definición de impuestos es una cuestión de política fiscal reservada al Congreso. Además, destacó que estos tributos tienen también un fin “extrafiscal”, orientado a desalentar el consumo de tabaco y proteger la salud pública, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Corte subrayó que la empresa no logró demostrar un impacto desproporcionado en su derecho de propiedad ni una discriminación evidente, y rechazó su intento reciente de desistir del juicio mediante un régimen de regularización que no cumplía con los requisitos legales.

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