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CABA » Plazademayo
Fecha: 16/08/2025 10:48
Una organización humanitaria presentó un nuevo informe que documenta al menos 430 muertes de personas detenidas bajo custodia estatal durante los tres años de implementación del régimen de excepción en El Salvador. El reporte, que incluye nombres y expedientes individuales, fue remitido recientemente a la Corte Penal Internacional (CPI) como parte de una demanda contra el Estado salvadoreño. La denuncia fue realizada por Socorro Jurídico Humanitario, una ONG local dedicada a la defensa de los derechos humanos, que asegura que los fallecimientos se produjeron en diversas cárceles del país, bajo supervisión estatal. Según la organización, las causas de muerte incluyen torturas, maltratos, falta de atención médica, ausencia de medicamentos e incluso conflictos internos entre reclusos. Muertes bajo custodia estatal “Estamos hablando de personas que murieron en centros penitenciarios bajo control del Estado, sin haber sido condenadas, muchas de ellas sin siquiera haber sido juzgadas”, declaró un portavoz de la organización en conferencia de prensa. Las detenciones se realizaron en el marco del régimen de excepción decretado por el Gobierno de Nayib Bukele en 2022, en respuesta a una ola de violencia atribuida a pandillas criminales. Desde entonces, miles de personas han sido arrestadas sin las garantías procesales plenas, en un contexto que ha generado duras críticas de organizaciones nacionales e internacionales. Denuncia ante la Corte Penal Internacional El informe fue entregado a la Corte Penal Internacional, que podría evaluar la apertura de una investigación por presuntas violaciones sistemáticas de derechos humanos. Según Socorro Jurídico, las 430 muertes documentadas forman parte de un patrón más amplio de abusos durante el régimen de excepción. “Esto es apenas una parte del total. Creemos que existe un subregistro importante. Hay familias que no denuncian por miedo o por falta de acceso a la información”, explicaron desde la organización. Un régimen cuestionado El régimen de excepción ha sido renovado de forma mensual desde marzo de 2022. Si bien el Gobierno argumenta que ha logrado una drástica reducción de homicidios y actos violentos, diversas entidades, incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han advertido sobre detenciones arbitrarias, hacinamiento carcelario, torturas y falta de debido proceso. Las autoridades salvadoreñas, por su parte, han negado de forma reiterada que se estén cometiendo violaciones sistemáticas de derechos humanos y afirman que el régimen cuenta con un fuerte respaldo popular. Con este nuevo informe, sin embargo, el foco vuelve a ponerse sobre las condiciones dentro del sistema penitenciario y la falta de garantías para los detenidos. Socorro Jurídico Humanitario insiste en que “ninguna política de seguridad puede construirse sobre la base de la impunidad y la violación de derechos fundamentales”.
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