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» Diario Cordoba
Fecha: 15/08/2025 12:06
El BBVA planta cara al Gobierno. Después de semanas de amenazar con ello, el banco presentó el pasado 15 de julio un recurso ante el Tribunal Supremo contra la condición que el Gobierno impuso a su oferta de compra (opa) sobre el Sabadell para entorpecer la operación, según ha adelantado este jueves 'El Español' y ha confirmado este diario. La entidad de origen vasco siempre había defendido que el Ejecutivo solo tenía la capacidad legal para mantener o suavizar los requisitos que fijó a la opa la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Pero el Consejo de Ministros los endureció, al añadir que las dos entidades no podrán fusionarse en un plazo de tres años, ampliable en otros dos. Con su recurso, el grupo presidido por Carlos Torres trata de que el alto tribunal levante esa condición. El propio banco ha reconocido que la no fusión retrasaría, en caso de que triunfe la opa, la consecución de las sinergias que dan sentido económico a la compra de su rival (850 millones de euros al año de ahorros de costes). En concreto, el Gobierno determinó que el BBVA y el Sabadell "deberán mantener personalidad jurídica y patrimonio separados" y que cada entidad "deberá preservar la autonomía en la gestión de su actividad". Frente a ello, el Ejecutivo ha defendido la legalidad de su actuación. "El Gobierno ha actuado en todo momento en línea con la normativa nacional, tal y como avalan los informes de la Abogacía del Estado y con respeto a la participación de todas las instituciones involucradas y sus competencias. Esta normativa está vigente desde 2007 y ha sido aplicada en numerosas ocasiones desde entonces. En cualquier caso, respetamos la decisión del BBVA", han apuntado fuentes del Ejecutivo. La opa sigue adelante El hecho de que el BBVA haya acudido a los tribunales no implica un freno en el desarrollo de la opa. Pero con el recurso, el banco trata de que la operación tenga más opciones de éxito. Aunque la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo tiene todavía que aceptarlo a trámite y tardará tiempo en pronunciarse sobre la cuestión de fondo (algunas fuentes apuntan que un año), el banco ha mandado el mensaje a los grandes accionistas del Sabadell de que luchará para tratar de lograr cuanto antes las sinergias. Además, está por ver si ha pedido al tribunal que anule cautelarmente la decisión del Gobierno. Si es así y este lo acepta, la operación seguiría adelante solo con las condiciones que el BBVA negoció con la CNMC y, según fuentes jurídicas, sería más probable que el Supremo acabase fallando a favor del banco. Resulta significativo que el recurso no se haya conocido hasta ahora, pese a que el banco lo presentó hace un mes y apenas tres semanas después de que el Gobierno adoptase su decisión. De hecho, su consejero delegado, Onur Genç, aseguró hace unos días que no había una decisión tomada, pese a que el recurso ya estaba presentado. La clave puede estar en que la opa ha entrado en su fase decisiva: el BBVA anunció el lunes que sigue adelante con la operación pese a la venta de la filial británica del Sabadell y el dividendo extraordinario asociado de 2.500 millones de euros. La previsión es que el periodo de aceptación para los accionistas del Sabadell comience a principios de septiembre y probablemente acabe entrado octubre. Cuestión interpretable La cuestión de fondo es la interpretación legal que hace cada parte del margen de actuación que ley de defensa de la competencia de 2007 confiere al Gobierno para pronunciarse sobre operaciones de concentración empresarial. El BBVA entiende que esa instancia está pensada para suavizar los dictámenes de la CNMC, habida cuenta de que el Ejecutivo no puede prohibir una integración ni tampoco pronunciarse sobre una operación aprobada sin condiciones por Competencia. El banco, asimismo, viene esgrimiendo que apenas 24 de las 1.522 operaciones que ha estudiado la CNMC desde su creación han pasado a la fase que permite al Ejecutivo pronunciarse. De ellas, solo las integraciones Antena3-La Sexta y BBVA-Sabadell fueron elevadas por el Gobierno al Consejo de Ministros y en el primer caso -época de Rajoy- fue para rebajar las condiciones impuestas por la CNMC, con lo que el endurecimiento en su caso es excepcional. La ley, con todo, no dice expresamente que el Gobierno no pueda endurecer el dictamen de la CNMC. A ello se ha aferrado el Ejecutivo, que de hecho era muy consciente de que el BBVA podría recurrir su decisión, como dejó claro el Acuerdo del Consejo de Ministros que fijó la condición de no fusión a la opa. Como adelantó EL PERIÓDICO, en dicho documento el Gobierno recordó una sentencia del Tribunal Constitucional (la 108 de 2014) que determinó que "solo el Estado pueda privar de eficacia a las decisiones de la CNMC que prohíban o condicionen una determinada concentración económica, a través de un órgano especialmente idóneo para valorar intereses generales de tal naturaleza, cual es el Consejo de Ministros". Modificar el rigor "La condición establecida en este Acuerdo es proporcionada en la medida en que no limita la capacidad de BBVA de continuar con la operación de toma de control y de concentración con Banco Sabadell. La condición no elimina las sinergias que está operación pudiera conllevar y, en todo caso, su posible reducción no se hace con carácter indefinido", añadía el documento. El papel del Gobierno, argumentó, era valorar la concentración atendiendo al interés general y "de ese proceso puede resultar tanto una decisión que implique modificar el rigor de las condiciones que por razón de defensa de la competencia haya podido imponer la CNMC, como introducir exigencias adicionales y diferentes que dicho interés general obligue a considerar". La presentación del recurso del BBVA se produjo dos días antes de que, en un proceso relacionado pero independiente, la Comisión Europea anunciase que abría un procedimiento de infracción a España a raíz de los obstáculos impuestos por el Gobierno a la opa. El objetivo de Bruselas, eso sí, no es que el Ejecutivo retire la condición no fusión. Lo que busca es que el Gobierno modifique las leyes que le han habilitado y le podrían habilitar en el futuro a entorpecer la operación pues, a su juicio, son contrarias a la normativa europea.
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