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Concordia » Despertar Entrerriano
Fecha: 15/08/2025 10:44
La Municipalidad de Concordia aplica una política inflexible frente a casos de agentes implicados en hechos delictivos. El secretario de Gobierno, Luciano Dell Olio, detalló los mecanismos, sanciones y controles que rigen para empleados y funcionarios, destacando que se han cerrado expedientes pendientes de gestiones anteriores y que hoy no se deja pasar ninguna irregularidad. Un compromiso de gestión: orden administrativo y tolerancia cero En diálogo con Despertar Entrerriano, el secretario de Gobierno, Luciano Dell Olio, recordó que el actual intendente asumió con el compromiso de “darle orden administrativo al municipio” y que esta línea de trabajo alcanza tanto a empleados como a funcionarios. “Es prestar el mejor servicio que podamos a la comunidad. Si alguien no cumple con esas funciones, hay un esquema normado en el municipio y nosotros lo aplicamos. Antes se dejaban pasar cosas, hoy no”, remarcó. Cómo actúa el municipio cuando un agente es detenido o investigado Dell Olio precisó que cuando se toma conocimiento de un hecho delictivo cometido por un agente municipal “se inicia un expediente que puede derivar en un sumario administrativo tendiente a sancionar al agente involucrado”. Las sanciones, según explicó, “pueden ir desde un apercibimiento hasta una exoneración”. El procedimiento administrativo contempla: -Inicio: por denuncia del superior inmediato o por notificación judicial. -Investigación: constatación de hechos y circunstancias. -Derecho de defensa: el agente puede presentarse ante un Tribunal de Disciplina. -Resolución: desde la absolución hasta la cesantía o exoneración. “Es una especie de juicio administrativo que garantiza el derecho de defensa. Puede terminar en una sanción, en una suspensión o incluso en que no haya ninguna medida si no se comprueba la falta”, subrayó. Suspensiones, retención de haberes y medidas inmediatas En los casos donde la Justicia comunica que un empleado está implicado en un delito, el municipio puede disponer “la suspensión de la actividad, la suspensión de la liquidación de haberes y el inicio de sumarios correspondientes”. Dell Olio fue enfático: “La conducta de un empleado público tiene que ser correcta tanto en el ejercicio de su función como en su vida privada. Si la Justicia comprueba un delito, el municipio tiene la obligación de actuar”. Narcomenudeo y antecedentes penales: decretos y exclusiones El secretario recordó que el municipio cuenta con normativa específica para delitos vinculados a drogas: “Existe un decreto firmado por el presidente municipal que excluye de cualquier beneficio social, subsidio o tributario a cualquier ciudadano implicado en causas relacionadas con la venta o distribución de estupefacientes”. Además, el Decreto 116/24 establece que “cualquier funcionario con antecedentes penales será separado de su cargo de manera inmediata y no podrá ser nombrado por 10 años desde que su sentencia quede firme”. Todos los funcionarios designados deben presentar un certificado de antecedentes penales antes de asumir. Más sumarios que antes: “No hacemos diferencias” Consultado sobre si los casos han aumentado, Dell Olio reconoció que sí, pero por un motivo positivo: “Ha aumentado seguro por una cuestión de que no hacemos diferencia; no dejamos pasar ninguna situación, sea quien sea”. El funcionario explicó que se han finalizado numerosos expedientes que estaban inconclusos desde gestiones anteriores y que hoy hay decenas de sumarios en curso. “Antes, por afinidad política, gremial o administrativa, algunas cosas se demoraban o no se iniciaban. Eso hoy no pasa”. Funcionarios y empleados bajo las mismas reglas La política de control alcanza también a los cargos políticos. “Hemos sido inflexibles con funcionarios vinculados a causas penales o condenas judiciales. El intendente no ha dudado en dar de baja a quienes tuvieron problemas judiciales y reemplazarlos por personas idóneas”. Mensaje a la comunidad: garantías para quien cumple, sanción para quien falla Dell Olio aseguró que el objetivo no es una persecución, sino proteger la integridad del servicio público: “El trabajador que desempeñe sus tareas en forma correcta gozará de todas las garantías. Pero esta gestión no tolerará situaciones ilegales por parte de quienes tienen que servir a la comunidad”. El funcionario insistió en que esta postura busca cuidar los recursos de los contribuyentes y mantener la confianza ciudadana en la institución municipal. Fuente: Despertar Entrerriano
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