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» Misionesparatodos
Fecha: 15/08/2025 08:11
Otero ya no es el director de la empresa y reconoció que tiene un patrimonio de US$15 millones; ahora vendrá la pelea para eludir el pago o abonar lo menos posible El fallo de la Corte Suprema sobre el caso del “rey del tabaco” no es solo una sentencia que determina la constitucionalidad de una norma y, como consecuencia, el pago de miles de millones de dólares de impuestos no pagados por años. Mucho más allá de eso, con la firma del alto tribunal se produjo la defrrota de una infantería de abogados, lobbistas y “especialistas en mercados regulados” que se valieron de todo lo que tuvieron a mano para mantener vivo un negocio millonario, cuyos números es imposible calcular. Los integrantes de esa infantería son quienes llevaron adelante la ofensiva para que Tabacalera Sarandí, la firma de Pablo Otero, el rey del tabaco, que lograron gambetear un costo impositivo determinante. Ahora, seguramente esos cruzados enfocarán su estructura a lograr que la sentencia de la Corte no pueda ser ejecutada. La historia de este juicio empezó hace varios años, después de varios volantazos impositivos que se dieron detrás de la recaudación del famoso impuesto mínimo que se pagaba cada paquete de cigarrillos, un régimen que cambió después de la Ley Bases. En resumen, todo se ceñía a un importe que unas pagaban -las extranjeras-, y las locales, no. El punto es el siguiente. Massalin Particulares y British American Tobacco, que compró Nobleza Piccardo, incorporaban en sus precios el impuesto mínimo a los cigarrillos que actualmente es de alrededor de 75% del precio total. Pero de la mano de varios amparos y recursos interpuestos en la justicia Contencioso Administrativa, la tercera en el juego, Tabacalera Sarandí, no pagó nunca ese tributo. Detrás de ella, varias empresas chicas locales, tampoco lo depositaban. La consecuencia de semejante disparidad en el mercado fue que Sarandí, que en 2016 tenía poco más del 2% del mercado, llegara en junio de 2025 a una participación en el mercado de alrededor de 37%. El motivo es que si no se pagaba ese impuesto, pues el precio quedaba muy por debajo de lo que ofrecían los otros competidores. Para ponerlo en números. Hasta junio del año pasado, cuando se modificó ese régimen que ahora la Corte declaró constitucional, el impuesto era de 1500 pesos que van directamente al Estado. De ahí para arriba se calculaban todos los otros costos, como el valor de la materia prima, el margen de ganancia, el costo de producción, la logística y la comisión de los kioskeros, por enumerar algunos rubros. Sin este impuesto, la ventaja competitiva de Tabacalera Sarandí convirtió a su producto estrella, la marquilla de Red Point, en el más barato de todos, por lejos. Esta fue la clave para ganar mercado. Durante este período de litigios que ahora terminan, el punto distintivo que tiene esta polémica es que la AFIP, especialista en mostrar los dientes con los contribuyentes, tomó una posición particular y decidió que una de las tabacaleras más importante no pague un impuesto. Incluso, después de que la Corte Suprema dejara sin efecto la exención que le daba la posibilidad de vender esa marquilla a mitad de precio. El camino del impuesto mínimo se remonta a 2004. El entonces presidente, Néstor Kirchner , y su Jefe de Gabinete, Alberto Fernández , firmaron el llamado “Convenio para mejorar la recaudación y evitar la evasión en el mercado de los cigarrillos”. En 2008, ya con Cristina Kirchner en el poder, envió un proyecto al Congreso para darle carácter de ley al impuesto. Se aprobó mediante la ley 26.467. En 2017, en la reforma tributaria de Mauricio Macri , se modificó el cálculo y se determinó que el gravamen era fijo y se ajustaba por inflación. Esa norma estableció que después de pagar ese impuesto mínimo, una manera de desincentivar el consumo de tabaco, se debería calcular los otros costos. Esa reforma de Macri decía que la referencia era el atado de cigarcigarrillosvendido, en ese momento el más popular de una de las empresas internacionales. Ese fue el primer resquicio que Otero encontró para interponer el primer recurso. De ahí en más, todo fue un verdadero andamiaje judicial, con millones destinados a mantener el régimen de excepción que, además tenía una división dedicada a ocuparse de cada palabra que la prensa escribía. Durante años, cada periodista que mencionaba los casos o la información judicial recibía una carta documento o una intimación. Cuando este cronista firmo una nota en 2021, el apoderado de Tabacalera Sarandí se apersonó en una de los domicilios de LA NACION para que “rectifique” el contenido de una de sus notas, “bajo apercibimiento de accionar judicialmente por los daños y perjuicios ocasionados atento haberse afectado el buen nombre comercial” de quien era su mandante”. En agosto del año pasado, por caso, denunció al periodista Andrés Sanguinetti, de IProfesional, que debió presentarse a una mediación judicial. Los abogados de Pablo Otero le iniciaron acciones legales por “daños y perjuicios”. Mientras esta batalla judicial se dio, Otero se convirtió en millonario y se mudó a Uruguay. Allí, en una entrevista que concedió al diario El País, dijo que era un perseguido. “La campaña de desprestigio llegó a tal punto que renuncié como director de Tabacalera Sarandí y de Grupo Madero Sur [la empresa familiar que nuclea al resto de las empresas] por los problemas operativos y familiares que me ha generado”, sostuvo. A ese mismo micrófono le reconoció que tiene un patrimonio de 15,17 millones de dólares, según su declaración jurada de ganancias. Siempre de defendió con un argumento. Dice que no debe ese importe porque no lo recaudó, pese a que la Corte ya lo había intimado a que lo hiciera. Al no cobrarlo pues no recaudó para el Estado. Y gracias a eso, vendió cigarrillos como nadie. Ya fuera de la estructura formal de la empresa, seguramente Otero optará por algún proceso como el concurso preventivo de la compañía. Con este esquema ganará un tiempo mientras mira qué pasa con sus cigarrillos tengan que competir a igual precio. Desde la ley bases, se paga alrededor de 70% del precio de la marquilla. Otero nunca se rinde: declara valor de venta muy inferior y entonces, como siempre, el rey del tabaco tributa menos. Por Diego Cabot-La Nación
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