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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 15/08/2025 00:39
El edificio ubicado sobre San Lorenzo al 1600 registró diez conexiones ilegales detectadas en julio La Empresa Provincial de la Energía (EPE) denunció penalmente a los responsables de un consumo eléctrico no declarado, detectado en un edificio de oficinas ubicado sobre San Lorenzo al 1600, en el centro de Rosario, a pocas cuadras del Paseo del Siglo. La inspección, realizada en julio, reveló diez conexiones ilegales, entre ellas, siete correspondientes a clientes que habían solicitado el servicio, pero no esperaron el alta oficial y se conectaron de manera irregular. Las otras tres eran conexiones directas, sin medidor ni trámite de habilitación. Según el cálculo oficial, el volumen de energía utilizado sin autorización ascendió a unos 90.000 kilovatios hora, lo que equivale a $21.771.058,18. El hecho fue denunciado ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), como parte de un operativo más amplio que la empresa realiza desde hace tiempo para combatir esta modalidad y las conexiones clandestinas. De acuerdo con el registro oficial, desde el inicio de 2025 se efectuaron 61.905 inspecciones en toda la provincia de Santa Fe, de las cuales 14.793 arrojaron resultados irregulares. Esto equivale a una tasa de efectividad del 24 por ciento, un salto significativo respecto al 14,7 por ciento registrado en 2022. En el mismo período, la compañía logró recuperar 9.786.000 kilovatios hora, un 80 por ciento más que el promedio anual entre 2022 y 2024. El valor económico de ese recupero ronda los 2.000 millones de pesos, es decir, unos USD 1.495.000, y representa un incremento del 265 por ciento frente a años anteriores. El consumo no declarado en Rosario ascendió a casi 90 mil kilovatios hora según datos oficiales La presidenta del directorio de la EPE, Anahí Rodríguez, expresó que “el que roba energía, les está robando a los santafesinos, porque eso impacta directamente en la calidad del servicio”. Además, subrayó que se trabaja con nuevas herramientas tecnológicas como inteligencia artificial aplicada al análisis de datos existentes, con el objetivo de mejorar la detección de irregularidades y optimizar los operativos. El edificio inspeccionado en el centro rosarino no es un caso aislado. La empresa ya presentó otras denuncias por consumos no declarados en puntos estratégicos de Rosario. Entre los más destacados figuran una panificadora en el barrio Casiano Casas, un negocio de venta de ropa en Juan José Paso al 5600, un bar en Arroyito, una carnicería en Juan José Paso al 1800 y un comercio en Cazadores al 2000. También se detectaron irregularidades en un supermercado, con una deuda energética superior a $7.000.000, y en un kiosco de Laguna Paiva, con un recupero de más de $7.250.000 y 27.500 kWh utilizados sin declarar. Desde el gobierno provincial, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que el proceso de fiscalización se extiende a todas las áreas de la compañía. “Queremos controlar a los empleados para que sean más eficientes. Por eso pusimos el ingreso biométrico, los GPS en los 1.200 vehículos que tiene la empresa, disminuimos el consumo de combustible y recortamos horas extras en áreas que no las requerían”, indicó. A su vez, reafirmó el rumbo de gestión: “Sepan que cuando decimos ‘se terminó la joda’, es para adentro y para afuera”. Las inspecciones, llevadas a cabo mes a mes, muestran que se trata de una actividad ilícita sostenida: en enero se realizaron 9.652 inspecciones con 2.394 irregularidades; en febrero, 9.645 con 1.910; en marzo, 7.565 con 1.872; en abril, 9.043 con 1.817; en mayo, 9.057 con 2.219; en junio, 8.684 con 2.494 y en julio, 8.259 con 2.087. Según informaron fuentes oficiales en la página oficial del Gobierno provincial, las irregularidades detectadas abarcan desde la manipulación de medidores, fallas técnicas en dispositivos y derivaciones desde alimentadores, hasta conexiones directas sin autorización, todas ellas denunciadas ante la Justicia. Los usuarios involucrados son tanto residenciales como comerciales, industriales y asociaciones. En paralelo a los controles por conexiones ilegales, la EPE también avanzó con la depuración de su base de beneficiarios de tarifa social. La empresa suspendió unas 15.000 cuentas por considerar que los titulares recibían subsidios indebidos, según informó Rodríguez. Desde la conducción de la empresa remarcaron que cada peso recuperado se reinvierte en infraestructura eléctrica. “Vamos a seguir trabajando en la eficiencia de la EPE para poder brindar un mejor servicio de calidad a los santafesinos”, concluyó la titular del directorio.
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