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Concordia » Diario el Sol
Fecha: 14/08/2025 16:02
En la continuidad de la audiencia que se realiza para tratar los recursos de apelación de las defensas de los 17 imputados que quedan –de 32 procesados iniciales- en la causa que investiga la presunta sustracción de millonarias sumas de dinero de la Legislatura de la provincia en la modalidad de contratos de obra, celebrados por una supuesta organización delictiva que habría actuado en la década comprendida entre 2008-2018, las defensas atacaron duramente la resolución de la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, que en sendas resoluciones del 6 y el 30 de junio, resolvió rechazar todos los planteos de nulidad y exclusión probatoria instados por las defensas, y luego los que instaron la nulidad de la acusación por imprecisa y vaga, los de sobreseimiento y los de cambio de la calificación legal, respectivamente. Las defensas –ante la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno- cuestionan las resoluciones de Barbagelata del 6 y del 30 de junio. Las críticas a la primera resolución comenzaron el martes y terminaron este miércoles. Fiscalía respondió, avaló lo actuado por Barbagelata y pidió el rechazo de los recursos y la confirmación de los rechazos. Luego se pasó a abordar los cuestionamientos a la resolución posterior, del 30 de junio. En este sentido, por lo dilatado de la audiencia –cuatro horas y media- se pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves 14 a las 9 cuando alegará la defensa que no lo hizo respecto de lo dispuesto el 30 de junio. El lunes 18 retomará la audiencia con la respuesta de los fiscales a estos últimos planteos. Emilio Fouces, por la defensa de tres imputados, realizó un sólido alegato en el que –con prueba documental oficial en la mano, que logró que se incorpore al legajo porque, señaló, Fiscalía no lo hizo- demolió el concepto “periodístico” que refiere que los contratos son ilegales, “truchos”. Así, con el reglamento de la Cámara de Senadores y con Decretos oficiales que regulaban la celebración de los contratos, sostuvo que sus defendidos realizaron las conductas que en aquellas normas se les ordenaba y no las que Fiscalía sostiene que realizaron. También resaltó que sus defendidos son empleados de carrera en la Legislatura y se los acusa de actos que por sus competencias y por normativa, tenían que hacer. También, con la documentación en la mano, expuso que el principal nudo de la acusación, consistente en que los supuestos contratados no realizaron ninguna contraprestación en favor del Estado, no está comprendido en la normativa que los regula. Así, señaló que todos los contratos, los legales y los considerados ilegales, motivo de la investigación, contienen el mismo formato; y refirió que la contratación es responsabilidad del legislador que la firma y que el motivo del mismo es para tareas políticas o de asesoramiento para el contratista, y no para el Estado. A su turno, Victoria Halle, cuestionó que Barbagelata no respondió a sus planteos de sobreseimiento y de falta de control de la acusación. También cuestionó que la jueza rechaza los planteos defensivos basándose solo en los dichos de los fiscales, resaltó la falta “contundente” de pruebas en contra de sus defendidos, de quienes sostuvo que realizaban tareas estereotipadas. Halle también refirió que el núcleo de la conducta atribuida es la falta de realización de tareas en contraprestación por el contrato, algo que nunca estuvo en control de sus defendidos ni fue su responsabilidad. Por su parte, José Velázquez cuestionó que la acusación refiere a un plan común para cometer el supuesto ilícito, pero dejó fuera de la acusación a quienes tuvieron las primeras responsabilidades en la celebración de los contratos, en tácita referencia a las autoridades de las Cámaras legislativas. Así, sostuvo que quedaron fuera de la investigación quienes tendrían alguna responsabilidad en aquella primera etapa y los que la tendrían en la etapa final, cuando se cobraban los contratos por cheque o cuanta bancaria del Banco de Entre Ríos, quedando solo los de la etapa intermedia donde, según la acusación se realizaba la captación de los contratados y se les gestionaba y manejaba el monotributo. Damián Petenatti cuestionó que Fiscalía refiere –imprecisamente- que hubo funcionarios que suscribieron los contratos pero aún no se pudo determinar quiénes fueron, pero no realizó ninguna actividad investigativa para determinarlos. Así, criticó que aquella falta de determinación impacta en la defensa de su asistido y fue más allá al sostener que nadie en la sala de audiencias sabe a ciencia cierta qué contratos son legales y cuáles ilegales, lo que se podría evacuar si se determinara qué funcionarios políticos los firmaron como responsables de las contrataciones. (APFDigital) suma tu opinión
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