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Concordia » Realnoticias
Fecha: 14/08/2025 12:58
Desde Lima Desacatando una resolución de la Corte interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la presidenta Dina Boluarte promulgó este miércoles una ley de amnistía a favor de militares, policías y miembros de las autodefensa civiles acusados de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno que enfrentó al Estado contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) entre 1980 y 2000. Lo hizo en Palacio de Gobierno acompañada por militares, policías, ministros de su gabinete y congresistas de la mayoría de derecha y extrema derecha que respalda su gobierno y aprobó esta ley de impunidad. Cerca de mil represores acusados de matanzas de comunidades campesinas, secuestros, desparaciones, asesinatos, torturas, violaciones sexuales y otros crímenes, se beneficiarán con esta amnistía. El conflicto armado interno dejó cerca de 70 mil muertos y más de 20 mil desaparecidos. La mayoría de las víctimas fueron pobladores andinos quechuahablantes. Procesos anulados Esta amnistía anula todos los procesos judiciales en marcha contra los represores y dispone que sean liberados los que están sentenciados que hayan cumplido 70 años. Al tratarse de hechos que se inciaron hace más de cuatro décadas y se dieron hasta fines de los años 90, la mayoría de los sentenciados ya han cumplido 70 años y los otros lo harán en poco tiempo. Con esta amnistía se frustrarían más de 600 procesos judiciales en marcha y saldrían libres los sentenciados por crímenes de lesa humanidad en 156 juicios finalizados. Vladimiro Montensinos, el monje negro de la dictadura de Alberto Fujimori, que cumple sentencia por violaciones a los derechos humanos, será uno de los beneficiados con esta amnistía. También los militares integrantes del destacamento del ejército Colina que operó como un escuadrón de la muerte bajo las órdenes de Fujimori y Montesinos, sentenciados por el asesinato de quince personas -entre ellas un niño de ocho años- en una modesta vivienda de Barrios Altos en el centro de Lima, por el secuestro y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, entre otros crímenes. Por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta fue condenado a 25 años el fallecido dictador Fujimori, quien salió libre en diciembre de 2023 con un indulto dado por Boluarte. Como un agravio más a las víctimas y sus familiares, Boluarte escogió la víspera del 40 aniversario de una de las mayores matanzas de campesinos por parte del ejército para promulgar esta ley de amnistía. El 14 de agosto de 1985, una patrulla del ejército ingresó a la comunidad de Accomarca, en la andina región de Ayacucho, epicentro del conflicto armado interno, y asesinó a 69 personas, 24 de ellas niñas y niños. Luego de una larga impunidad, en 2016 fue sentenciado por este crimen el teniente Telmo Hurtado, jefe de esa patrulla militar. Fue el único militar condeando por esta masacre. Ahora Hurtado, como muchos otros militares responsables de crimenes atroces y quienes los ordenaron, celebra la amnistía de Boluarte. Recordatorio Como un recordatorio de las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad que ahora se pretenden negar y dejar en la impunidad, días antes que Boluarte promulgue esta amnistía se desenterraron de una fosa en un alejado paraje de la andina Ayacucho los restos de ocho miembros de una familia asesinada por las fuerzas especiales de la Marina. La familia, integrada por los esposos Amao Limaquispe y sus hijos de 15, 13, 10, 6, 4 y 2 años, se había escondido en una caverna cuando llegaron los militares, que los encontraron y los ejecutaron a todos. Crímenes bárbaros como éste, como la masacre de Accomarca o las ejecuciones de Barrios Altos y La Cantuta, beneficiados con esta amnistía, fueron muchos. La Corte IDH le había ordenado al gobierno peruano que se abstenga de promulgar esta ley por ir en contra del las normas intrernacionales en derechos humanos, obstaculizar el acceso a la justicia para las víctimas y generar impunidad. Pero el gobierno igual la promulgó. Este desacato a la Corte IDH se da en el contexto de una ofensiva de ataques contra este tribunal internacional desde el Ejecutivo y sus aliados de la mayoría parlamentaria, ofensiva que promueve el retiro del Perú del sistema interamericano de derechos humanos. Abogados de las víctimas señalan que la amnistía, que califican de inconstitucional, no se puede aplicar automáticamente en bloque a todos los casos y que deberá verse caso por caso en los juzgados. Su estrategia será demandar en los tribunales que los jueces no apliquen esta ley haciendo uso de su facultad de no aplicar leyes que consideran inconstitucionales. Paralelamente, reciurrirán a la instancias internacionales, como la Corte IDH y las Naciones Unidas, para impugnar esta ley por ir en contra de las normas internacioinales sobre derechos humanos. En 2001, la Corte IDH anuló una amnistía similar que había dado Fujimori. Siguiendo la narrativa impuesta por sus aliados de la extrema derecha capitaneada por el fujimorismo, que pretende negar la historia y borrar la memoria de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad, al promulgar la amnistía Boluarte habló de “acciones contra el terrorismo” que justificó en referencia a los crímenes de lesa humanidad que se cometieron, defendió a los represores, a quienes llamó “defensores del estado de derecho”, y calificó los procesos judiciales por derechos humanos y las demandas de justicia de las víctimas como “persecusión política”. La presidenta que debe responder por medio centenar de muertes por la represión a las protestas en su contra, acusó a las víctimas de violaciones a los derechos humanos de ser los victimarios, y puso a los victimarios como víctimas.
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