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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 13/08/2025 15:03
Fernando Sabag Montiel, acusado por el intento de asesinato a Cristina Kirchner. REUTERS/Tomas Cuesta El juicio por el intento de asesinato a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner entró en etapa de alegatos este miércoles, con la exposición de los abogados querellantes Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira. La audiencia se llevó adelante en los tribunales de Comodoro Py 2002, con la presencia de los tres acusados: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. En la primera parte de la jornada, los letrados que representan a la exmandataria pidieron 15 años de cárcel para el hombre que gatilló un arma en la cabeza de CFK y para su ex novia, a quien señalaron como coautora -y no instigadora- del atentado. Además, solicitaron al Tribunal Oral Federal N° 6 que las condenas -no solo la de Sabag Montiel, también la de Uliarte- sean agravadas por violencia de género. En cambio, no acusaron a Carrizo y pidieron su absolución. El imputado es señalado como jefe de la “banda de los Copitos” y está preso por su presunta participación secundaria en el intento de homicidio. “Cristina, que fue perseguida durante años y sigue siendo perseguida, aún viviendo todo eso nos dijo: ‘Yo no uso el derecho penal para hacer política o vengarme de alguien, si no hay que acusarlo no lo acusen’”, alegó Aldazábal, quien reconoció que no hay elementos suficientes para vincularlo al atentado. Fernando Sabag Montiel, Nicolás Carrizo y Brenda Uliarte Los abogados querellantes iniciaron su alocución con críticas a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien estuvo a cargo de la investigación del fallido magnicidio. Aunque enumeraron lo que a su entender serían irregularidades, centraron sus cuestionamientos en el reseteo del celular de Sabag Montiel, un Samsung A50, con una tarjeta de memoria Micro SD de 64 GB y un SIM Movistar. “En 24 horas se arruinó la prueba más importante”, sostuvo Aldazábal, quien reconstruyó lo ocurrido con el teléfono desde el momento en el que se secuestró hasta que en su pantalla apareció una notificación que advertía la pérdida de la información que contenía. El querellante criticó que se haya peritado el dispositivo dentro del Juzgado y con un agente a su entender inexperto, Alejandro Heredia, de la Policía Federal Argentina, quien solo pudo extraer los archivos de la tarjeta de memoria. El teléfono de Fernando Sabag Montiel y el sobre donde se guardó luego del primer peritaje Luego Aldazábal sugirió que el celular entró a una caja fuerte del juzgado en un sobre de madera cerrado, apagado y funcionando, y la próxima vez que fue visto estaba prendido, con el mensaje de error y con el envoltorio abierto. De lo que se pudo recuperar en la tarjeta de memoria hay fotos de Sabag Montiel y Brenda Uliarte con el arma que se habría usado para intentar matar a CFK. También encontraron otras 17 imágenes y 102 videos de contenido de explotación sexual infantil, material por el que, en una causa paralela, condenaron al principal acusado a 4 años y 3 meses de cárcel. Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, con la Bersa calibre 32 con la que habrían gatillado en la cabeza de la ex presidenta Tras un cuarto intermedio, continuó con el alegato el abogado José Manuel Ubeira, quien se centró en la trascendencia política que la querella le asigna al atentado, y cuestionó a los medios de comunicación y la “construcción de un cultura de odio” que, desde su mirada, fue una de las causas del intento de asesinato. Finalizado el alegato de la querella, el Tribunal Oral Federal N° 6, integrado por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles. En la audiencia siguiente presentará su acusación la fiscal Gabriela Baigún, y en las próximas harán lo propio las defensas. Cuando Baigún indagó a Sabag Montiel durante el juicio, éste reconoció: “Yo la quería matar a Cristina y Brenda Uliarte quería que muera”. Además, definió el atentado del 1 de septiembre de 2022, frente al departamento en el que la entonces vicepresidenta vivió en el barrio porteño de Recoleta, como “un acto de justicia” y no “un acto en el que traté de favorecerme económicamente”. “Tiene una connotación más profunda, más ética, y más comprometida con el bien social que otra cosa”, sostuvo en acudado.
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