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» Comercio y Justicia
Fecha: 13/08/2025 11:45
Reclaman al Estado argentino que garantice la negociación colectiva en el Poder Judicial. Organizaciones regionales destacan que se vulneran compromisos internacionales La Federación Judicial Argentina (FJA) recibió un respaldo internacional significativo a su denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que exige al Estado argentino que garantice el derecho constitucional a la negociación colectiva para las trabajadoras y los trabajadores del Poder Judicial. La presentación, realizada en abril de 2024 con el acompañamiento de la CTA Autónoma y la CTA de lxs Trabajadorxs, se encuentra actualmente en etapa de análisis de admisibilidad por parte de la CIDH. Cuatro destacadas organizaciones regionales avalaron formalmente el reclamo ante la Comisión: la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores del Estado (CLATE) y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) En relación con este apoyo, Matías Fachal, secretario General de la FJA, señaló: “Nuestro reclamo va más allá de la negociación colectiva en cada provincia, que es fundamental extender en todo el país. También buscamos una paritaria nacional donde no sólo la Corte Suprema, como parte empleadora, deba rendir cuentas, sino que podamos sentar a todos los Superiores Tribunales provinciales para discutir condiciones mínimas comunes: un escalafón único, mecanismos de concursos entre jurisdicciones y un ingreso verdaderamente democrático, no discrecional. Por esto acudimos a la CIDH: porque este derecho nos es negado tanto por el Estado nacional como por los provinciales.” Desde la CLATE, su secretario General Julio Fuentes subrayó que el Estado argentino incumple instrumentos internacionales con jerarquía constitucional al no garantizar este derecho derivado de la libertad sindical. En ese sentido, instaron a la CIDH a avanzar con el tratamiento de la denuncia para asegurar el respeto de los derechos fundamentales del sector judicial. Por su parte, la ALAL, a través de Guillermo Ferriol Molina y Matías Cremonte, destacó que el planteo de la FJA se fundamenta en el sistema interamericano de derechos humanos y en obligaciones internacionales asumidas por Argentina, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y la Declaración de Principios de la OEA. La Asociación Americana de Juristas (AAJ), con la firma de su presidenta Vanessa Ramos, sostuvo que la posibilidad de negociar colectivamente es una garantía esencial de la libertad sindical, y que su negación en el ámbito judicial argentino representa una vulneración de los compromisos internacionales del país. Finalmente, la CSA —que agrupa a las principales centrales sindicales del continente— fue contundente en su apoyo: “Exhortamos a esta Comisión a avanzar con la denuncia presentada y a considerar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores judiciales en Argentina”, expresa el documento firmado por su secretario General, Rafael Freire Neto. La denuncia ante la CIDH fue elaborada por el equipo jurídico de la FJA, conformado por Guillermo Gianibelli, Marcelo Bustos Fierro y Ulises Gorini, con el asesoramiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Desde la Federación destacaron que este respaldo internacional fortalece un reclamo histórico por condiciones laborales justas y por el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva en el Poder Judicial argentino.
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