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Diamante » Neonetmusic
Fecha: 13/08/2025 03:07
Una joven de Victoria, que en 2018 fue condenada a tres años de prisión condicional por participación secundaria en la venta de cocaína, presentó un pedido ante la Justicia Federal para limpiar su expediente y postularse a la Escuela de Agentes de la Policía provincial en Rosario del Tala. La solicitud, respaldada por el abogado Walter Martínez, busca que el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal actualice su estado, argumentando que el tiempo transcurrido desde su condena debería permitirle acceder a esta oportunidad laboral. Sin embargo, la Justicia rechazó el planteo, generando debate sobre la rehabilitación y los requisitos para integrar las fuerzas de seguridad. El caso se remonta a octubre de 2016, cuando una investigación del Juzgado Federal de Paraná, que incluyó escuchas telefónicas, culminó en allanamientos que desbarataron una red de narcomenudeo en Victoria. En la vivienda de la joven, identificada como J.L., y su expareja, M.R., se encontraron dosis de cocaína, mientras que en otro domicilio se incautaron más de dos kilos de la droga, un arma de fuego y municiones. J.L., de 21 años en ese momento, recibió una pena menor que los otros involucrados, quienes fueron condenados a más de cuatro y cinco años de prisión por liderar la operación. Con su condena ya cumplida, J.L. argumenta que el paso del tiempo debería borrar su antecedente penal para permitirle cumplir su objetivo de integrarse a la Policía de Entre Ríos. Su abogado solicitó un oficio al Registro Nacional de Reincidencia para reflejar que la condena ha prescrito y pidió al Tribunal Federal que interceda ante la Escuela de Policía para aceptar su postulación. La joven considera que este empleo representaría una oportunidad para estabilizar su vida personal y familiar, pero su antecedente sigue siendo un obstáculo legal. La jueza federal Mariela Rojas desestimó la solicitud, señalando que la caducidad de la pena de J.L. no operará hasta octubre de 2028, según la normativa vigente. En su resolución, la magistrada reconoció las intenciones de la joven de rehacer su vida, pero enfatizó que las leyes actuales son claras y no permiten excepciones en este caso. Además, fuentes consultadas por medios locales indicaron que, independientemente de la caducidad, cualquier antecedente penal registrado inhabilita automáticamente a una persona para ingresar a las fuerzas de seguridad. Este caso ha generado reflexiones sobre los límites de la reinserción social y las restricciones impuestas por antecedentes penales. Mientras J.L. busca una segunda oportunidad, la rigidez de los requisitos para ingresar a la Policía plantea interrogantes sobre cómo equilibrar la rehabilitación con las exigencias de seguridad pública. La comunidad de Victoria sigue atenta al desenlace de esta solicitud, que podría sentar un precedente para casos similares en el futuro. Nota con información de Análisis Digital Noticia vista: 158
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