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» Radiosudamericana
Fecha: 12/08/2025 22:20
Martes 12 de Agosto de 2025 - Actualizada a las: 19:57hs. del 12-08-2025 PROYECTO DE LEY Vota esta semana un proyecto de ley de "muerte digna" que legalizaría la eutanasia activa para adultos con enfermedades incurables o sufrimientos insoportables. Lo convertiría en el tercer país de América en regularla, tras Canadá y Colombia, en una región donde el debate avanza de forma desigual. Uruguay vota esta semana un proyecto de ley de "muerte digna" que legalizaría la eutanasia activa para adultos con enfermedades incurables o sufrimientos insoportables, lo que lo convertiría en el tercer país de América en regularla, tras Canadá y Colombia, en una región donde el debate avanza de forma desigual. Este martes, la Cámara de Diputados de Uruguay comenzó a debatir el proyecto de eutanasia activa. En América sólo Colombia y Canadá tienen regulado este derecho. En Estados Unidos no es legal, aunque el suicidio asistido está permitido en algunos estados y en el Distrito de Columbia. En el resto de la región no hay leyes sobre su legalización, sin embargo, en algunos países, como Ecuador o Perú, se han registrado casos judiciales excepcionales. Respaldo mayoritario al proyecto en Uruguay Uruguay se prepara para decidir sobre un nuevo texto que busca garantizar el derecho a "transcurrir dignamente el proceso de morir" mediante la despenalización de la eutanasia para mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan "sufrimientos insoportables". El procedimiento estaría disponible para ciudadanos y residentes, con un paso a paso detallado en la ley. Cinco años después del primer impulso, y tras un intento aprobado en Diputados en 2022 pero estancado en el Senado, el nuevo proyecto cuenta con el apoyo del oficialista Frente Amplio y parte del Partido Colorado. Introduce cambios como la intervención de una junta médica en caso de desacuerdo entre los dos médicos que autoricen el procedimiento. La votación se prevé favorable, aunque con opositores en el Partido Nacional y en grupos como Identidad Soberana y Cabildo Abierto. "Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República", cita el texto, que detalla luego el paso a paso del procedimiento para la eutanasia. Marco legal y puntapié inicial Sin mencionar de forma explícita la eutanasia activa, el Código Penal de Uruguay dispone en su artículo 315 una pena de entre seis meses y seis años de cárcel al que "determinare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo". Aunque el Código dice en otro artículo que los jueces pueden exonerar del castigo al que cometa un homicidio "piadoso" movido por súplicas de la víctima, no hay garantías de que esto ocurra y la eutanasia es además rechazada por el Código de Ética Médica del país; el que, de aprobarse, la nueva norma modificaría. Si bien en 2009 el Parlamento aprobó la "ley de Voluntad anticipada", que, reglamentada en 2013, permite que pacientes terminales se opongan a recibir tratamientos médicos que prolonguen su vida, en 2019 el exgerente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Fernando Sureda, diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), pidió legalizar la eutanasia. Movido tanto por el planteamiento de Sureda -que alcanzó visibilidad a través de los medios de comunicación- como por el apoyo de otros colectivos sociales y tras un ateneo en el que el Sindicato Médico del Uruguay comenzó a debatir el tema, en marzo de 2020 el entonces diputado por el Partido Colorado (PC) Ope Pasquet impulsó un proyecto de ley de eutanasia. A fines de 2021, si bien el primero ya estaba siendo estudiado por la Comisión de Salud, el diputado por el Frente Amplio (FA) Luis Gallo presentó otro alternativo que finalmente en julio de 2022 los legisladores del PC y el FA fusionaron en un único proyecto. Estancamiento y nuevo comienzo Pese a que el 6 de octubre de 2022 este fue aprobado en la Cámara de Representantes por 57 votos a favor y 39 en contra, el proyecto quedó a estudio de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, donde no hubo suficientes apoyos de legisladores de la entonces coalición de centroderecha oficialista para llevarlo al pleno. Por otro lado, en agosto del 2023 el Parlamento aprobó una ley impulsada en 2020 por la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos (SUMCP) que busca universalizar el acceso a los cuidados paliativos en el país, donde, hasta entonces, solo el 41 % de la población podía acceder a ellos. Transcurridas las elecciones de octubre de 2024 y tras la asunción del nuevo Parlamento el pasado febrero, un proyecto basado en éste pero con nuevas modificaciones, como la de que sea necesaria una junta médica si los dos médicos que deben autorizar el procedimiento discrepan, entró a la Comisión de Salud de la Cámara Baja, donde ya cuenta con el visto bueno para ir al pleno. Colombia y Canadá, pioneros en legalizar la eutanasia activa Colombia se convirtió en 1997 en el primer país de América en despenalizar la eutanasia por decisión de la Corte Constitucional, aunque la primera eutanasia legal se realizó en 2015. Desde 2021, el acceso está permitido incluso a personas con enfermedades graves e incurables no terminales. En 2023 se practicaron unas 270 eutanasias, casi un 50 % más que en 2022, según el Laboratorio DescLAB. Canadá legalizó la eutanasia en 2016 tras un fallo del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la penalización. En 2023, 15.343 personas recibieron ayuda médica para morir, un 15,8 % más que el año anterior, sumando 60.301 desde 2016. En el 64,1 % de los casos eran personas que padecían cáncer y su edad media era de 77,6 años. En México, 20 de los 32 estados cuentan con leyes de "voluntad anticipada" que permiten rechazar tratamientos, aunque la eutanasia activa sigue prohibida por la Ley General de Salud. Una encuesta de 2022 indica que siete de cada diez mexicanos apoyan la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Argentina aprobó en 2012 la ley 26.742, que autoriza a pacientes terminales o con enfermedades irreversibles a rechazar tratamientos, incluida la alimentación o hidratación, pero no habilita la eutanasia activa. En Brasil -donde la eutanasia se considera homicidio- el tema no figura en el debate público y no hay visos de que la situación cambie a medio plazo, porque no figura en la agenda de los partidos. El año pasado, el escritor y académico Antonio Cícero viajó a Suiza para que le aplicaran la eutanasia activa. Su caso no generó debate alguno. En Chile el proyecto está detenido En Chile, el proyecto de ley que permitiría la muerte digna para mayores de 18 años con enfermedades terminales fue aprobado en Diputados en 2021, pero continúa detenido en el Senado. La última encuesta Cadem revela que el 76 % de la población lo respalda. La psicóloga Ana Estrada, aquejada de polimiositis, se convirtió en 2024 en la primera persona en Perú en recibir eutanasia, tras un fallo judicial favorable en 2022. Ese mismo año, Ecuador despenalizó el procedimiento por decisión de la Corte Constitucional y ordenó su regulación; una mujer de Guayaquil fue la primera en acceder formalmente. Cuba incorporó en 2023 en su Ley de Salud Pública el derecho a una muerte digna, con procedimientos para finalizar la vida, aunque su aplicación depende de una regulación secundaria aún pendiente. En Paraguay, la eutanasia activa es ilegal y se castiga con hasta tres años de prisión. No obstante, en 2024 se aprobó una ley de cuidados paliativos que garantiza la autonomía del paciente sobre sus tratamientos. Guatemala mantiene la prohibición de la eutanasia y carece de iniciativas en curso. Un intento legislativo en 2019 perdió respaldo en un Congreso que responde a una sociedad mayoritariamente conservadora en este tema. El mapa legal de la eutanasia activa en América es fragmentado: pocos países la permiten y muchos la rechazan por razones políticas o culturales. Si Uruguay la aprueba, se sumará a Colombia y Canadá en la vanguardia regional, con el reto de asegurar cuidados paliativos, prevenir abusos y lograr consensos éticos. El resultado en Montevideo podría influir en otros parlamentos del continente. Fuente: EFE y AFP
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