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» Comercio y Justicia
Fecha: 12/08/2025 07:25
El Gobernador informó que el viernes cobrarán $100 mil más de 56 mil pasivos como parte del no remunerativo bimestral tras el acuerdo con la Nación. Mientras, la revisión de los números de Anses por el déficit 2020 del organismo provincial, ya muestran las diferencias entre los giros de Nación de aquel año y los que calculó la Provincia. El crédito para la Caja, llegaría a unos $200 mil millones, incluyendo intereses, sólo por ese año Por Alfredo Flury El gobernador Martín Llaryora informó que el próximo viernes casi la mitad de los más de 110 mil pasivos que cobran a través de la Caja de Jubilaciones, percibirán el bono de $100 mil bimestral. El beneficio alcanza a los jubilados que perciben haberes de hasta $1.300.000 en bruto. El bono complementario y no contributivo se suma al incremento otorgado en julio de 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que lo elevó de $380.000 a $700.000 mensuales. En rigor, no se trata de una suba de la jubilación mínima propiamente dicha que se mantiene sin cambios, sino del complemento previsional que eleva el haber mínimo a $700.000. El refuerzo se financia con recursos propios, obtenidos a partir del reclamo que la Provincia llevó adelante ante la Corte Suprema para recuperar fondos previsionales y se mantendrá mientras Nación siga enviando esos recursos que por ley le corresponden a Córdoba, señaló el Centro Cívico en un comunicado. En rigor, el costo fiscal de la medida, esto es la suba del haber mínimo y el bono, es de 3.500 millones de pesos, esto es buena parte de los 5 mil millones de pesos que envía Anses desde mayo y que girará durante 12 meses, a cuenta de la auditoría que determine el verdadero rojo previsional de Córdoba. En la Provincia aseguran que hoy el déficit supera 20 mil millones de pesos mensuales. En cualquier caso, ese cálculo recién se concretará a partir de los primeros meses de 2026. Previamente, en noviembre, habrá una revisión de la marcha del acuerdo firmado ante la Corte. Allí, Llaryora pedirá alguna precisión respecto al cálculo del déficit de 2026. La decisión del presidente Javier Milei respecto a la cobertura de los rojos de las cajas provinciales no transferidas estará incluida en el proyecto de Presupuesto para el año próximo que el Gobierno enviará al Congreso los primeros días de septiembre. Auditorías Mientras tanto, y siempre en el marco del acuerdo suscripto ante el Máximo Tribunal, avanzan las auditorías sobre los números de la Caja desde 2017 en adelante. En junio se auditaron las cifras de 2017 y 2018 mientras que en julio el cotejo fue sobre los números de 2019. Según datos a los que tuvo acceso Comercio y Justicia, esas auditorías no arrojaron mayores diferencias entre los fondos que envió la Anses y los cálculos que realizó la Caja. Sin embargo, la revisión que se realiza por estas horas y que debe concluir el 31 de agosto, referidas al déficit de 2020, si mostraran diferencias sustanciales. Aunque esos datos aún no están consolidados, fuentes del Ejecutivo contactadas por Comercio y Justicia adelantaron que ya los primeros cotejos marcan una clara diferencia entre los fondos enviados por la Nación y los cálculos de la Provincia. Es que desde ese año y hasta 2023 inclusive, la gestión de Alberto Fernández congeló los envíos mensuales en 1.072 millones de pesos, cifra que no modificó en los cuatro años de su administración. En 2020, Anses giró a la Caja 12.864 millones de pesos. Para la Provincia, la cifra debiera haber sido de unos 80 mil millones de pesos. Si ya de por sí la distancia es evidente, se agiganta aún más si se le aplican los intereses desde aquel entonces. Pese al hermetismo oficial, trascendió que, actualizada a la fecha, ese monto original rondaría 200 mil millones de pesos, muy por encima de los poco más de 12 mil millones que giró Anses. El número final se conocerá a fin de mes. Así, a medida que avancen las auditorías de 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, las diferencias se harán cada vez mayores. Ni hablar de 2024 y 2025, años en los que Milei directamente no envió fondo alguno. En cualquier caso, lo que arrojen las auditorías y las acreencias que se verifiquen para Córdoba que, según la presentación judicial ante la Corte Suprema, superan el billón de pesos, se pagará en “especies”, esto es tierras, empresas y otros activos hoy propiedad del Estado nacional. Es poco probable que parte de esa deuda se cubra con dinero en efectivo o con un bono a plazo. Esos montos, una vez determinados, ingresarán en el programa de compensación de deudas y acreencias mutuas entre la Nación y la Provincia, firmado en noviembre pasado por el gobernador Llaryora.
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