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Parana » Informe Digital
Fecha: 12/08/2025 02:32
“De las 110.000 pensiones dadas de baja, 100.000 se deben a que no se logró ubicar el domicilio de la persona“, explicó Daniel Arroyo, autor de la ley sobre emergencia en discapacidad vetada por el presidente Javier Milei. Esta afirmación surge tras la decisión del Gobierno de eliminar esta cantidad de subsidios a personas con algún grado de discapacidad. En el programa “Comunistas”, por Bravo TV, el diputado nacional añadió que la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina (ANDIS) utilizó el domicilio original de cada beneficiario al momento de otorgar las pensiones, un dato que el oficialismo aprovechó para implementar los recortes, ignorando los eventuales cambios de residencia que pudieron haber ocurrido en los últimos años. “Era evidente que era necesario realizar una auditoría, pero el Gobierno decidió llevarla a cabo de forma inadecuada“, comentó Arroyo, reconociendo que la necesidad de revisión planteada por el Gobierno está justificada, aunque criticó la forma en que se llevó a cabo: “En las pensiones se presentan dos problemas: algunos médicos otorgaron demasiadas altas. Eso debería ser revisado. Y, por otro lado, las localidades. Cada una posee un promedio de entre 7 y 11% de pensiones por discapacidad. Si una localidad alcanza el 60%, es evidente que existe un problema“, explicó. En cuanto al gasto fiscal que representan tanto la ley vetada como las pensiones eliminadas, el exministro de Desarrollo Social mencionó que el vocero presidencial, Manuel Adorni, estimó que el ahorro estatal derivado de las 110.000 bajas asciende a 35.000 millones de pesos. “Ordenar el sistema de prestaciones en discapacidad solo representa el 0,003% del PBI. No se trata de un gasto descontrolado ni tiene un impacto fiscal significativo. Es una deuda acumulada porque el Estado no actualizó los valores durante todo el año”, replicó. El dirigente advirtió que, detrás de esta medida, se encuentra un recorte deliberado y una decisión ideológica: “No se trata de cuestiones económicas, sino de enviar un mensaje de ajuste extremo, incluso a expensas de los sectores más vulnerables”, añadió. La controversia pone de manifiesto tanto la lógica en la que se llevó a cabo la auditoría como la discrepancia entre las cifras divulgadas por el Gobierno y los datos en poder de especialistas y legisladores, abriendo un debate sobre la transparencia y el verdadero impacto fiscal de las políticas de discapacidad en Argentina. LB / FPT
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