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» Clarin
Fecha: 10/08/2025 20:31
Alberto Fernández está procesado por dos hechos de lesiones leves y un hecho de lesiones graves, doblemente agravados por el vínculo, abuso de poder y autoridad, y amenazas coactivas. Transita la cuenta regresiva para convertirse en el primer ex presidente en nuestro país que se sentará en el banquillo de los acusados por violencia de género. El fiscal federal Ramiro González trabaja en el pedido de elevación de la causa a juicio. La ex primera dama Fabiola Yañez presentó un escrito en el que plantea una pena en expectativa de 12 años y rechaza cualquier compensación como probation. Según consta en la causa judicial que se activó luego de una revelación de Clarín, cuando aún era presidente de la Nación y en la quinta de Olivos, Alberto Fernández cometió delitos que se enmarcan en la violencia de género contra Yañez. Las acusaciones en este expediente, de todos modos, no se circunscriben sólo al período presidencial, sino que la ventana de tiempo contempla unos años previos a llegar a la Casa Rosada y también, meses posteriores a dejar el poder. La única víctima en esta investigación es Yañez, quien en agosto del año pasado decidió impulsar la acción penal contra el ex jefe de Estado, por las pruebas que la justicia tenía sobre posibles hechos de violencia. Los mismos dejaron de revestir el grado de sospecha para el juez Julián Ercolini, quien terminó procesando a Fernández. Las acusaciones atribuidas en el procesamiento y que la Cámara Federal porteña confirmó en abril de este año constituyen tres delitos que concursados representan una pena de 3 a 18 años de prisión, entiende el Ministerio Público Fiscal. El caso que lleva un año en la fiscalía a cargo de Ramiro González tramita su instancia final: un pedido de elevación a juicio oral que será presentado ante el juez Ercolini, quien recientemente le respondió en duros términos al ex presidente para que deje de dilatar la instancia inevitable: que se siente a dar explicaciones frente a un Tribunal. La instrucción de la causa Durante la investigación se dio por corroborado que hubo un "contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yañez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024". "El imputado se habría aprovechado de la especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada", señaló el procesamiento. Fue en ese marco que se acusó al ex Presidente de haber “ejercido con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yañez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”. Ante este cuadro, González, que tuvo delegada la investigación, consideró clausurada la instrucción y avanzar hacia el juicio oral. Luego, el fiscal pidió la opinión a las partes: la abogada Silvina Carreira y la querella a cargo de los abogados Mauricio D’ Alessandro y Gastón Marano. En ese marco la ex primera dama presentó el escrito en el que señaló: “Corresponde reiterar y remarcar que el imputado no sólo fue presidente de la Nación, sino que también en el pasado ejerció distintos cargos como funcionario público, abogado, docente y con reconocimiento social. Cabe destacar que más allá del poder real que aquél tuviera, dicha trayectoria instalaba a nivel simbólico la certeza de esa asimetría”. La defensa del ex presidente Sobre esa asimetría de poder, algo destacado en el procesamiento y posterior confirmación, en su presentación la defensa dijo: “En este sentido, debe recordarse que Yañez manifestó "él impone miedo a un montón de gente, saben que es capaz de hacer cosas, que tiene amigos muy importantes"; "Nadie quiere ponérselo en contra, todos le tiene miedo porque tiene más poder"; "ustedes saben que yo no soy hija de juez como él". Después formularon una pena en expectativa. Sobre ese punto expusieron que teniendo en cuenta la calificación legal imputada, la modalidad comisiva, la “gravedad y reiterancia de los hechos, así como la violencia de género y abuso de poder que se endilga al procesado, esta querella avizora y estima una pena en expectativa de 12 años de prisión”. Asimismo, los abogados D´Alessandro y Marano anticiparon que en respaldo a la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres “en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, la querella rechaza y se opone “expresamente a cualquier solución alternativa, que no sea el juicio oral y condena del nombrado Alberto Angel Fernandez”. Por el contrario, la defensa del ex presidente realizó una serie de planteos, y requirió nuevas medidas de prueba para intentar ganar tiempo. Pero el juez Ercolini rechazó todos los planteos y le recordó que la mejor instancia de defensa es el juicio oral y público. "La medida dispuesta no veda en forma alguna la garantía de defensa en juicio del imputado sino por el contrario, entiendo que con el avance hacia la instancia posterior, encontrará un marco adecuado de discusión en el debate oral, en donde el ejercicio del contradictorio tiene mayor amplitud que en esta etapa preliminar del proceso", sostuvo, poniendo punto final a la discusión. El magistrado consignó en su última resolución que en el comportamiento de la defensa de Alberto "se observa un designo dilatorio y especialmente orientado a impedir el avance del proceso a la etapa de juicio oral".
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