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  • Lorena Villaverde, la diputada que aspira ser senadora y arrastra denuncias por lavado de dinero y narcotráfico

    La Paz » Politica con vos

    Fecha: 10/08/2025 14:35

    Esta semana embargaron a la diputada por 50 millones de pesos, en un causa colectiva por la venta irregular de terrenos en “Las Grutas”. Se suma a otras por lavado de dinero, tráfico de 400 gramos de cocaína, amenazas, y ya como diputada, de adhesiones truchas a LLA. No solo la acusan damnificados, sino su ex marido y un ex colaborador. Villaverde, de todos modos, pretende ser candidata a senadora por Río Negro. Desde hace un par de meses circula un audio en el que un hombre dice: “Y si yo contara el lavado de dinero de Lorena Villaverde y de cómo entró la plata al país? Y de dónde proviene el dinero?”. Quien lo dice no es cualquiera que -como es usual en las redes sociales- habla por hablar. Se trata de José María Clemant, el ex marido de la diputada rionegrina de La Libertad Avanza que arrastra severas denuncias por narcotráfico, lavado de dinero, estafas y hasta afiliaciones truchas para los avales del partido político del que es la máxima referente en su provincia. Las confesiones que pueden derribar a una diputada. Audio filtrado revela las conexiones oscuras de Lorena Villaverde. José Clemant, ex concejal y ex pareja de la diputada nacional, rompe el silencio. Amenazas de revelar «el pacto» político. Conexiones con narcotráfico internacional. Lavado de dinero y corrupción de menores. Vínculos con detenido de la DEA en Buenos Aires. EL ESCÁNDALO QUE SACUDE A LA LIBERTAD AVANZA. Clemant vivió con Villaverde durante los allanamientos a su casa en San Antonio Oeste. Ahora promete contar «la historia de todos los candidatos» y revelar el origen del dinero de la diputada que no puede ingresar a Estados Unidos. ¿De dónde proviene el dinero? Su conexión con el narcotráfico…» – José Clemant Una bomba política que puede explotar antes de las elecciones. Clemant trabaja como periodista en una emisora de radio de San Antonio Oeste, pero su nombre está vinculado a la política desde hace un cuarto de siglo, cuando fue asesor por más de diez años del senador justicialista por Río Negro Remo Constanzo, quien abandonó la política cuando quedó involucrado junto a otros senadores nacionales en el escándalo de la «Banelco», en el marco del tratamiento de la Reforma Laboral. Se le acusó de haber recibido sobornos para respaldar dicha legislación, lo que desencadenó un largo proceso judicial y finalmente fue sobreseído. En medio de ese escándalo estuvo Clemant, pues una compañera de trabajo, Sandra Montero, aseguró que él tuvo algún tipo de relación con la coima, algo que por supuesto el ex marido de la actual diputada desmintió categóricamente. Luego Clemant fue concejal en San Antonio Oeste, y cuando en 2018 fue presidente del bloque por el partido Juntos Somos Río Negro y estaba en pareja con Lorena Villaverde, la Policía Federal llegó un día hasta la casa de ambos y la allanó en el marco de una causa que investigaba supuesto lavado de dinero y que llevaba adelante el juez federal Luis Rodriguez. En ese momento tanto Clement como Villaverde dijeron que la justicia se había “equivocado de casa”, aunque en paralelo a ese hubo otros tres allanamientos en empresas ligadas comercialmente a “Ele V Comunicación”, de propiedad de Lorena Villaverde. Por entonces Villaverde tenía un puesto directivo en el Club Social y Deportivo “Las Grutas”, en donde también estaba al frente de una inmobiliaria. Las Grutas es el balneario de San Antonio Oeste, donde pretendió llegar a la intendencia, sin suerte, y en el club tuvo iniciativas que de tan dudosas, hicieron que los agentes de la ley golpearan a su puerta y revisaran toda su casa, sin ninguna equivocación. El asunto fue que Villaverde promovió una rifa para recaudar fondos, cuyo primer premio era un lote en el balneario, precisamente de los que ella tenía a la venta en su inmobiliaria. Tomó la iniciativa sin consultar a los socios y sin fiscalización de Lotería Provincial. El premio era tentador por lo que participaron centenas de vecinos que compraron un numerito pero, extrañamente, el premio quedó vacante y la recaudación no tuvo la transparencia necesaria para la Comisión Directiva, que terminó denunciándola por estafa. La idea de la rifa posiblemente surgió como una manera más de promocionar los lotes que por entonces gerenciaba para su venta en “Las Grutas”, más precisamente en el complejo urbanístico “Tajamar”. A fines de 2020 una mujer compró uno de esos terrenos por -a valor de entonces- un millón y medio de pesos. La entrega debía efectuarse antes del 20 de febrero de 2021, pero no sucedió. Más de un año después y sin tener novedades, la supuesta propietaria mandó una carta documento a la actual diputada Villaverde intimándola a finalizar las obras prometidas y tomar posesión de las tierras. El asunto se agravó cuando fue al Municipio a pedir datos catastrales y le dijeron que esa zona figuraba como rural y por ende, sin habilitación para construir, una información que Villaverde había omitido decir, a pesar de que estaba clara la intención de la compradora de levantar allí su primera vivienda familiar. La situación no fue la única y empezó una serie de demandas judiciales. En 2023 y cuando estaba en plena campaña para llegar a diputada, se iniciaron los procesos judiciales en el juzgado multifueros de San Antonio Oeste, donde ofrecieron una instancia de mediación obligatoria para este tipo de causas que tramitan como patrimoniales. Las partes no llegaron a un acuerdo y el trámite continuó con la demanda y la contestación, y fue en ese contexto y cuando el escándalo empezó a ocupar las tapas de los medios locales, que Lorena Villaverde ofreció pagar seis millones y medio de pesos del momento, como una forma de admitir el dolo. Luego vino otro acuerdo por el que pagó doce millones en 2024, y esta semana y por el mismo motivo se le labró un embargo preventivo de cincuenta millones de pesos, ordenado por el Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia N°9 de San Antonio Oeste. En octubre de 2023 nuevamente la rozó el delito. El 20 de ese mes el médico José Valla, candidato de LLA al Parlasur, fue interceptado por dos camionetas en un paraje provincial desolado a donde no hay señal de celular, lo rodearon y le robaron las boletas que él mismo había mandado a imprimir. El encargado de ejecutar la maniobra fue un alfil de Villaverde, Ariel Zúñiga, quien luego se arrepintió del hecho y lo narró él mismo. La intención era que no llegasen enteras a las distintas ciudades por temor a que Valla tuviera más votos que ella. ENTRE LIBERALES SE ROBARON LAS BOLETAS Mientras le sacaban las boletas, Valla escuchó como Zúñiga le decía que le estaba salvando la vida. «Me dijo que los candidatos estaban en Lamarque esperándome para lastimarme y robarme las boletas, que habían estado alcoholizados la noche anterior. Mientras me dijo todo eso de manera muy alterada, me fueron sacando las boletas». De todas maneras y pese a todos estos antecedentes, Lorena Villaverde se coronó diputada y ya con esa función fue nuevamente denunciada por adherir a personas para avalar la presentación del partido en la provincia sin su consentimiento. Los datos provenían de Anses, PAMI y de la Federación de Box de la provincia, todos sitios en donde Villaverde contaba con personas de su amistad por las que había influído para conseguir el cargo. La lista de adherentes incluyó al padrón completo de profesores de educación física, de docentes y directivos escolares; jubilados fallecidos, y decenas de boxeadores federados. Uno de los que señaló a Villaverde como la persona que estuvo detrás de la maniobra fue precisamente Zúñiga, su colaborador arrepentido. La causa fue radicada en la Justicia Federal por robo de datos personales, falsificación de documento público, fraude y asociación ilícita y como prueba se adjuntaron chats de whatsapp con directivas de la diputada. De todos modos, no fue ninguna de estas causas la primera que llevó a Lorena Villaverde ante la justicia, ni las mas graves. En 2002 fue detenida en Florida, Estados Unidos, cuando intentaba entrar al país con 400 gramos de cocaína. La causa se identificó con el número 58-58-2002-CF en la categoría de delito penal por tráfico de estupefacientes. Al asunto lo denunció en la misma Cámara de Diputados el legislador rionegrino Martín Soria, pero lo que debería ser un escándalo no pasó a mayores y poco más se supo del asunto, que el oficialismo esconde bajo siete llaves. (Data Clave)

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