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» La voz
Fecha: 08/08/2025 23:28
El Gobierno nacional lanzó este viernes el proceso formal para la concesión por 30 años de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Piedra del Aguila, Cerros Colorados y Arroyito, ubicadas en las provincias de Río Negro y Neuquén. La operación tiene el doble propósito de retirar al Estado de la gestión, pero al mismo tiempo la obtención de dólares frescos para mejorar el balance cambiario y las cuentas externas. Así lo admitió el ministro de Economía, Luis Caputo, y fue firmado en el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El programa con el organismo es sensible en este tema y cuenta con varios apuntes referidos al tratamiento de los fondos que se obtendrán mediante estas operaciones. Cabe recordar que a mediados de julio la administración de Javier Milei ya lanzó la privatización de la empresa AySA que presta el servicio de agua potable y cloacas en el AMBA, y de Transener, firma dedicada al transporte de energía. Para evitar maniobras en el cálculo del déficit fiscal, el FMI y el gobierno acordaron que los fondos que se consigan por este tipo de operaciones no se podrán computar como ingresos para definir el resultado primario. En cambio si se registrarán como financiamiento de la cuenta corriente y como el ingreso de reservas al Banco Central. Los gobernadores de Río Negro y Neuquén, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, pretenden que las concesiones que se realizarán les permitan mejorar las regalías que cobran por los cursos de agua que son utilizados. Cerros Colorados está ubicada sobre el río Neuquén, mientras que Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Arroyito sobre el río Limay. Las empresas que las están explotando son Orazul Energy Cerros Colorados, Enel Generaciónel Chocón, Aes Argentina Generación, y Central Puerto. La operación fue lanzada este viernes a través del decreto 564/2025 publicado en el Boletín Oficial y dispone el traslado de las acciones de estas empresas que están en manos de ENARSA a la Secretaría de Energía para luego ser ofertadas en licitaciones públicas. El llamado a estas licitaciones no podrá demorarse más de 60 días. Las empresas que actualmente están operando las represas tienen un plazo de cinco días para manifestar su adhesión al proceso y así mantenerla hasta el 31 de diciembre. En caso de no producirse la adhesión, las concesionarias estarán obligadas a continuar generando energía eléctrica por un plazo no inferior a 90 días hábiles. Consultado por La Voz, el ex secretario de Energía, Emilio Apud, consideró que “es una medida necesaria” porque “el estado no tiene que encargarse de la operación y el mantenimiento de esas centrales que todavía tienen una vida útil este bastante larga, por supuesto, haciendo las inversiones necesarias”. Apud subrayó la necesidad de que se active este proceso porque se acumularon “dos años de postergaciones de las actuales concesiones”. El ex funcionario señaló que no se puede realizar una estimación de cuánto dinero podrá recaudar el Estado ya que dependerá de cómo se realicen las concesiones y del porcentaje de ventas de acciones. Por su parte, Daniel Montamat, también ex secretario de Energía, se pronunció a favor de la concesión. Ante una consulta de La Voz sostuvo que el paso que dio el gobierno nacional va en el rumbo correcto porque se privatizará ENARSA (que maneja las represas del Comahue) se debe “ir despojando de los activos que tiene”.
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