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» Santafeactual
Fecha: 08/08/2025 19:30
En el marco de las auditorías en la Agencia Nacional de Discapacidad, también se dieron de baja beneficios a personas fallecidas o que renunciaron voluntariamente. El Gobierno reactivó "la motosierra de la Casta" que se llevan adelante en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y dispuso la suspensión de 110.592 pensiones por invalidez laboral, al considerar que los beneficiarios no cumplían con los requisitos para recibirlas. La noticia fue confirmada este viernes por el vocero presidencial, Manuel Adorni. Según precisó, la Andis detectó que esas pensiones habían sido otorgadas de forma incorrecta en gestiones anteriores. Además, se dieron de baja 8.107 beneficios correspondientes a personas fallecidas y 10.038 de titulares que renunciaron voluntariamente. Adorni agregó que, entre las suspendidas, se encontraron casos llamativos, como personas que presentaron la misma radiografía o ecocardiograma que otros beneficiarios, o estudios médicos repetidos en múltiples expedientes. En Tucumán, por ejemplo, se detectaron presentaciones idénticas. El portavoz oficial afirmó que la investigación apunta a un "esquema de corrupción de gran escala" que se habría iniciado durante la gestión de Néstor Kirchner. Mencionó que, en Chaco, una misma radiografía de hombro se utilizó como prueba en 150 pensiones distintas durante la administración pasada. Según sus dichos, en la Andis se detectó una actividad fraudulenta que habría implicado un desvío de aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales. Detalló que, entre 2003 y 2015, bajo las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, las pensiones no contributivas por invalidez pasaron de 79.000 a 1.045.000. Esa cifra descendió levemente a 1.026.000 entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, para luego volver a aumentar a 1.222.000 en diciembre de 2023, tras la gestión de Alberto Fernández. De acuerdo con la información oficial, alrededor del 35% de las pensiones otorgadas en los últimos años presentan incompatibilidades. Un 5% (casi 60.000 casos) corresponden a personas con bienes o trabajo registrado, y el 30% restante presenta irregularidades médicas, incluidas radiografías de animales utilizadas como si fueran de personas. Desde el Gobierno califican el mecanismo como "perverso", ya que habría utilizado a personas con discapacidad con fines ajenos a su beneficio, desviando fondos que debían destinarse a un sector históricamente vulnerable. La Justicia ya investiga lo ocurrido, aunque —según indicaron desde la Agencia— en gestiones anteriores no se brindaba información completa de los registros. En paralelo, el fiscal Guillermo Marijuan presentó denuncias contra funcionarios de distintas gestiones y solicitó que otros fiscales investiguen casos similares en varias provincias donde se detectaron irregularidades. Fuente: Rosario3
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