08/08/2025 18:39
08/08/2025 18:39
08/08/2025 18:38
08/08/2025 18:38
08/08/2025 18:38
08/08/2025 18:38
08/08/2025 18:38
08/08/2025 18:37
08/08/2025 18:36
08/08/2025 18:36
Parana » Informe Digital
Fecha: 08/08/2025 15:22
Con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Poder Ejecutivo modificó por decreto la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal (SPF). A partir de la vigencia de esta norma, el SPF deberá contribuir a la “seguridad pública, la lucha contra el crimen organizado nacional, transnacional y el narcotráfico”. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) criticó la reforma, sosteniendo que el decreto “cambió sus funciones y objetivos: pasó de ser un órgano principalmente orientado a la custodia y resocialización de personas procesadas y condenadas, a actuar como fuerza de seguridad -tanto dentro como fuera de las cárceles- y a realizar tareas de inteligencia penitenciaria”. La ley orgánica anterior establecía que el SPF debía proteger la seguridad y custodia de las personas privadas de su libertad, así como preservar o mejorar su educación y salud física y mental. Con el nuevo decreto, que entrará en vigencia en noventa días a partir de su publicación en el Boletín Oficial, el CELS advierte que el SPF “deja en un segundo plano su rol de resocialización durante el encierro, que incluía talleres de oficios, estudios y otras herramientas para facilitar su reinserción tras la recuperación de la libertad”. El organismo de Derechos Humanos señala que el decreto 455/2025 incorpora al SPF tareas de inteligencia penitenciaria, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, y crea una dirección específica para reunir, sistematizar y analizar toda la información penitenciaria que será entregada al sistema de Seguridad Interior. “La reforma también incluye la posibilidad de formar equipos de investigación con otras fuerzas y organizar bases de datos y sistemas de información, además de autorizar al SPF a solicitar a organismos públicos y entidades privadas información para investigaciones, lo que pone en riesgo la protección de datos personales”, afirman desde el CELS. Desde la entidad señalaron que “se modificó la reglamentación del uso de la fuerza y la portación de armas”, lo que otorga a los uniformados mayor discrecionalidad. Anteriormente, los agentes penitenciarios solo podían hacer uso de la fuerza cuando resultaba indispensable para rechazar situaciones violentas o prevenir la fuga de presos. Para la modificación de la ley que regula la actividad del Servicio Penitenciario Federal, el Gobierno se ampara en las facultades delegadas de la Ley Bases, las cuales expiraron a mediados de julio. El CELS denunció que, aunque “esas facultades excepcionales no le permiten realizar reformas en materia de Seguridad, (el Gobierno) las lleva a cabo de todos modos”. Espionaje ilegal El Servicio Penitenciario Federal cuenta con al menos un antecedente reciente de espionaje ilegal. El juez federal porteño Marcelo Martínez de Giorgi investigó el espionaje desarrollado en las cárceles durante el gobierno de Mauricio Macri, que abarcaba los movimientos de los presos kirchneristas, sus familiares y abogados, así como el seguimiento a profesores del Centro Universitario Devoto, dirigentes de organismos de Derechos Humanos, asociaciones civiles y abogados relacionados con organizaciones sociales. Esta causa llegó a contar con 39 procesados, incluidos los máximos responsables de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión macrista: Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, acusados por violar la ley 25.520, de inteligencia política. En agosto de 2023, Martínez de Giorgi sobreseyó a los exintegrantes de la cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por el espionaje, pero ratificó la existencia de vigilancia ilegal sobre quienes estaban privados de su libertad y señaló a su colega de Lomas de Zamora, Federico Villena, a quien le atribuyó haber dado cobertura a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). “Es evidente que el Dr. Federico Hernán Villena ha participado activamente en la maniobra que aquí se investiga, brindando cobertura judicial”, aseveró Martínez de Giorgi en su fallo. El espionaje autorizado por el juez Villena comenzó con una denuncia sobre un paquete de explosivos supuestamente dirigido a Mario Roberto Segovia, conocido como el Rey de la Efedrina, que se encontraba en prisión en Ezeiza. El magistrado habilitó la interceptación de los teléfonos del pabellón, que luego fueron entregados a la AFI y se extendieron a las comunicaciones de los presos vinculados al gobierno del Frente para la Victoria. En 2017, se denunció que la AFI había espiado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria. También había realizado tareas de espionaje sobre el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, quien fue detenido el 26 de septiembre de ese año. Tres meses antes, el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, había dado indicaciones a empresarios sobre cómo elaborar denuncias contra el dirigente de la Uocra de La Plata en una reunión en la sede porteña del Banco Provincia, un hecho conocido como la Gestapo sindical.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por