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Santa Elena » Ladepartamental
Fecha: 04/08/2025 14:43
El presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto total a los tres proyectos de ley de carácter social que había sancionado el Congreso de la Nación. La decisión se formalizó a través del Boletín Oficial mediante el decreto 534/2025, y afecta a las iniciativas que preveían mejoras en las jubilaciones, la reimplantación de una […] El presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto total a los tres proyectos de ley de carácter social que había sancionado el Congreso de la Nación. La decisión se formalizó a través del Boletín Oficial mediante el decreto 534/2025, y afecta a las iniciativas que preveían mejoras en las jubilaciones, la reimplantación de una moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad. El Poder Ejecutivo justificó la medida argumentando que se trataba de leyes "fiscalmente irresponsables" que incumplían la Ley de Administración Financiera al no prever fuentes genuinas de financiamiento. El rechazo presidencial se da en un contexto de ajuste del gasto público y una una postura intransigente en cuanto al equilibrio fiscal como eje central de la política económica. Argumentos del Gobierno El Ejecutivo nacional planteó dos fundamentos centrales para justificar su decisión: el impacto fiscal de las medidas y presuntas irregularidades en el tratamiento parlamentario de las iniciativas. En el decreto se afirma que los proyectos aprobados implicaban un "costo fiscal exorbitante", calculado en más de 7 billones de pesos para 2025 y cerca de 17 billones para 2026. Esto representaría, según el Gobierno, cerca del 1% del PBI de este año y el 1,68% del próximo, lo que "dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales". Además, se asegura que la sesión del Senado en la que se aprobaron los proyectos estuvo "viciada por graves nulidades", ya que, según el Ejecutivo, se realizó sin la citación correspondiente y se utilizaron mayorías simples en situaciones que requerían dos tercios, lo que se habría basado en una "ilegítima interpretación del Reglamento". "El equilibrio fiscal es innegociable", afirma el decreto presidencial, consolidando la postura del Gobierno de priorizar el orden macroeconómico aún a costa de medidas de fuerte contenido social. Qué establecían los proyectos vetados La primera ley vetada refería a jubilaciones e incluía un aumento de emergencia del 7,2%, la creación de un bono mensual y permanente de $110.000 (ajustable según inflación) y transferencias a cajas previsionales provinciales no transferidas. El proyecto había sido impulsado como respuesta a la pérdida de poder adquisitivo de los haberes jubilatorios. El segundo proyecto reinstauraba por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, lo que permitía el acceso a la jubilación sin contar con 30 años de aportes efectivos. También se flexibilizaban los criterios de acceso a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), ampliando su cobertura a sectores vulnerables. Por último, la tercera ley vetada declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026. Preveía la creación de una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad, así como una compensación económica de emergencia para los prestadores del sistema, entre otras medidas orientadas a mejorar la situación de miles de personas con discapacidad y sus familias. Qué sigue: la palabra vuelve al Congreso Con el veto presidencial ya oficializado, la discusión regresa ahora al ámbito del Congreso. Para que los proyectos puedan convertirse en ley pese al rechazo de Milei, la oposición deberá reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras, una tarea que se anticipa extremadamente difícil dado el fragmentado mapa legislativo. En las próximas semanas, se espera una fuerte presión de organizaciones sociales, gremios, jubilados y colectivos de personas con discapacidad, que reclaman la vigencia de estas medidas como una respuesta urgente a la crisis económica que atraviesan los sectores más vulnerables. Desde Casa Rosada insisten en que "no habrá concesiones que comprometan el equilibrio de las cuentas públicas", incluso si eso implica confrontar directamente con el Congreso y sectores amplios de la sociedad. (Con información del Boletín Oficial y NA)
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