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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 03/08/2025 19:01
El gobernador Rogelio Frigerio anunció una medida clave de digitalización en la administración provincial que elimina la impresión y distribución de boletas en papel, con un ahorro anual millonario que será destinado a áreas prioritarias. El gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, comunicó este viernes 1 de agosto de 2025 que la administración pública dejará de imprimir y repartir boletas en papel, una decisión que implicará un ahorro de 5.000 millones de pesos por año. Esta iniciativa forma parte de un ambicioso plan de digitalización y modernización estatal orientado a avanzar hacia una gestión más eficiente, sustentable y acorde con las demandas del siglo XXI. “Imprimir y repartir boletas nos costaba 5.000 millones de pesos al año. Una locura”, afirmó Frigerio a través de sus redes sociales, donde además explicó que esos recursos podrán ser redirigidos para fortalecer sectores claves como la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura provincial. “Desde hoy, eso se termina. Vamos hacia el papel cero en la administración pública”, remarcó el mandatario, subrayando que este cambio no solo representa un ahorro económico significativo, sino también un cambio de hábito necesario para mejorar el servicio a los ciudadanos y reducir el impacto ambiental. El gobierno provincial destacó que la digitalización contribuirá a optimizar recursos, agilizar trámites y aumentar la transparencia en la gestión pública, consolidando un modelo de administración sustentable y moderno, con foco en la calidad y eficiencia. Esta medida se enmarca en un plan integral que busca transformar la forma en que el Estado se relaciona con la sociedad, aprovechando las nuevas tecnologías para brindar mejores servicios. LA CARA OCULTA DE LA MODERNIZACIÓN La creciente digitalización de servicios públicos y privados, si bien mejora la eficiencia y reduce costos, presenta una problemática social preocupante: la exclusión de un sector vulnerable como son las personas adultas mayores que no acceden o no dominan el uso de Internet y el correo electrónico. Este grupo enfrenta barreras tecnológicas y educativas que dificultan su integración en la era digital. Al no poder gestionar trámites, acceder a información o realizar gestiones online, se ven obligados a recurrir a intermediarios o profesionales particulares que les cobran por servicios que podrían ser gratuitos o mucho más accesibles. Esto genera un costo adicional para una población que suele contar con ingresos limitados, en muchos casos pensiones bajas o jubilaciones insuficientes. La exclusión digital, entonces, no solo implica una brecha en el acceso a la información, sino también un impacto económico directo que profundiza la vulnerabilidad de los adultos mayores. Este fenómeno refuerza la desigualdad social y limita su autonomía, ya que dependen de terceros para realizar gestiones básicas, lo que puede generar desconfianza, abuso o errores. Es imprescindible que las políticas públicas y las instituciones tomen en cuenta esta realidad y diseñen estrategias inclusivas que contemplen modalidades alternativas de atención —presencial, telefónica o con acompañamiento personalizado— para garantizar el acceso igualitario a los servicios.
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