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Parana » Informe Digital
Fecha: 03/08/2025 07:41
La segunda mitad del año judicial comienza con definiciones contundentes en los casos que involucran a Cristina Kirchner y Alberto Fernández. La exvicepresidenta lleva un mes y medio bajo arresto domiciliario en la causa “Vialidad” y, aunque ha conseguido mantener el departamento de la Calle San José 1111 como lugar para cumplir su pena de 6 años, está atenta a lo que se avecina en el calendario. En 12 días expira el plazo para que CFK y los demás condenados en este expediente formalicen el pago de $ 684.990.350.139,86 en concepto de defraudación al Estado, tras la intimación del Tribunal Oral Federal N° 2. El pago debe ser consensuado por todos los condenados, lo que implica que no hay un monto o porcentaje específico asignado a cada uno. Si ninguno de los condenados deposita o transfiere alguna suma, el tribunal procederá al remate de los bienes embargados de todos. Lázaro Báez es quien más probabilidades tiene de cubrir una parte significativa de la suma, dado que su patrimonio se actualizó en 2021 a US$ 205 millones. Los bienes del empresario santacruceño están destinados a ser objeto de disputa no solo entre el Tribunal Oral N° 2, sino también entre el Tribunal Oral N° 4, donde fue condenado por lavado en la causa “Ruta del Dinero”, y el Tribunal Oral N° 5, que aún debe fijar fecha para el juicio “Hotesur-Los Sauces”, donde también enfrenta acusaciones por el mismo delito, junto a Cristina y otros. En el medio, la Corte debe resolver un conflicto entre este último tribunal y un Juzgado Comercial de Buenos Aires, relacionado con la quiebra de Austral Construcciones, que está subastando maquinaria pesada de la firma para saldar deudas con acreedores. Por otro lado, Fernández de Kirchner enfrenta otra demanda en el fuero civil vinculada a la causa “Vialidad”, en la que se le reclama el pago de $ 22.300 millones en concepto de los perjuicios ocasionados al Estado por las obras adjudicadas y pagadas a Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, que nunca se concretaron. En el ínterin, se espera la resolución de la Cámara Nacional Electoral sobre su derecho al sufragio, luego de que el fiscal de Río Gallegos, Julio Zárate, presentara un recurso de queja tras la decisión de la Justicia Federal de esa provincia de mantenerla en el padrón electoral. El 13 de agosto, fecha en la que vence el plazo para el pago de la defraudación en “Vialidad”, la querella que representa a Cristina Kirchner abrirá la ronda de alegatos en el juicio por el atentado en su contra ocurrido el 1° de septiembre de 2022. Los abogados Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira presentarán ante el Tribunal Oral Federal N° 6 las pruebas recolectadas a lo largo de más de un año de debate. La atención se centrará en los pedidos de condena que se harán sobre Fernando Sabag Montiel, Nicolás Gabriel Carrizo y Brenda Uliarte. Finalmente, Cristina espera la fecha de inicio del debate “Hotesur-Los Sauces”; she volverá a sentarse en el banquillo de los acusados a partir del próximo 6 de noviembre para enfrentar el juicio de la denominada “causa de los cuadernos”. El debate promete ser extenso dada la gran cantidad de acusados, entre los que se incluyen empresarios de la construcción y exfuncionarios del Ministerio de Planificación, con Julio de Vido y José López a la cabeza. Antes de eso, el Tribunal Oral N° 7 llevará a cabo una audiencia preliminar el 24 de septiembre para establecer las pautas de organización del proceso. Por su parte, Alberto Fernández busca revertir su procesamiento en “Nación Seguros”. La Sala II de la Cámara Federal Porteña se encuentra analizando la apelación del fallo del juez Sebastián Casanello, que además le impuso un millonario embargo. El expresidente manifestó que el magistrado ya tenía una decisión preconcebida y que no lo indagó por la imputación realizada. La reanudación de la actividad judicial traerá consigo una decisión importante en la causa en la que Alberto está procesado por lesiones y violencia de género contra la exprimera dama Fabiola Yañez. El juez Julián Ercolini está en condiciones de formalizar el requerimiento de elevación del expediente a juicio oral, tras rechazar diversos planteos del antiguo mandatario en un intento por dilatar el proceso.
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