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Concordia » Hora Digital
Fecha: 03/08/2025 05:20
El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a una pena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, en una histórica decisión que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de la libertad en el país. Uribe, de 73 años, también será inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años. El exmandatario de derecha, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue hallado culpable de obstruir a la Justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares. La decisión es la punta del iceberg de otras investigaciones que relacionan al exmandatario con esos escuadrones de ultraderecha, responsables de crímenes atroces contra civiles durante el conflicto armado. Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite Horas antes de conocer su pena, el líder de la derecha colombiana aseguró en la red X que se refugia en sus seres queridos y “fundamentalmente la oración”. La defensa de Uribe anunció que apelará la decisión en un fallo que consideran politizado y bajo presión de la izquierda en el poder. Demanda contra Petro. En orillas políticas opuestas, Uribe y el presidente Gustavo Petro chocan con frecuencia sobre este caso. Los abogados del exgobernante interpusieron una denuncia contra Petro por “hostigamiento y calumnia” ante una comisión de la Cámara baja con facultades para investigar a los mandatarios, según indicaron ayer en un comunicado. Los juristas aseguran que durante la semana Petro profirió acusaciones infundadas contra Uribe, atribuyéndole crímenes como narcotráfico. Cuando los abogados defensores apelen, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla. Si excede esa fecha, el proceso será archivado. Todo inició en 2012, cuando Uribe demandó al senador de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por asegurar que paramilitares encarcelados decían tener nexos con el exmandatario. En 2018 la Corte dio un giro y empezó a investigar al expresidente por manipular a testigos para perjudicar a Cepeda. Dos años después Uribe, que entonces era senador, renunció al Congreso en una maniobra que le hizo perder sus fueros, por lo que el caso pasó a la Justicia ordinaria. En 2024 empezó el juicio y finalmente la jueza determinó que Uribe estuvo detrás de una estrategia para que los testigos cambiaran sus versiones con presiones. Esta condena marca la carrera para las elecciones presidenciales de 2026, en las que el partido derechista Centro Democrático busca recuperar el poder. Para Yann Basset, profesor de ciencia política en la Universidad del Rosario, la condena tiene un “efecto” en la elección de su candidato. “Hace que haya una especie de reflejo legitimista de defender el legado de Uribe” para “la parte de la derecha más radical y profundamente más uribista”, dice. Para la izquierda, es la oportunidad de “visibilizar un poco más a Iván Cepeda” ante la falta de un sucesor claro para Petro.
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