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Gualeguaychu » Reporte2820
Fecha: 02/08/2025 16:21
La jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, se refirió al caso que investiga la fiscal Natalia Bartolo sobre un presunto abuso sexual dentro de la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú. El hecho fue denunciado por un interno, quien ya cuenta con antecedentes de haber formulado denuncias similares en distintas cárceles de la provincia. "Esta persona ha tenido varias condenas. Es joven, creo que tiene 28 o 29 años, pero ya ha tenido otras condenas. En una de ellas sufrió un abuso sexual por parte de dos internos y esas personas fueron condenadas", explicó la magistrada, en diálogo con R2820 y Radio Nacional. Sin embargo, advirtió que en su condena actual —que data de hace un año—, ha tomado "una postura de denunciar compulsivamente". “El 24 de julio, cerca de las 21 horas, se presentó el Servicio Penitenciario con un interno, que era Torres, que quería hacer una denuncia. Por supuesto, se le tomó la denuncia de inmediato”, explicó Bartolo. Según relató la fiscal, el denunciante compartía celda con otros cuatro internos. “Uno de esos compañeros, que es otro interno, por supuesto, le había solicitado que le practicara sexo oral”, indicó. La denuncia quedó registrada como un posible abuso sexual. Según Bértora, cada vez que el interno es trasladado a una nueva unidad penal, las denuncias de abuso se repiten a las pocas horas: “En todas las unidades penales donde él llega, se incorpora en un pabellón y al poquito tiempo, a veces en horas, ya vuelve a tener problemas con la población de ese pabellón. Problemas que tienen que ver con una denuncia de hechos que tienen contenido sexual”. En el caso de la denuncia en Gualeguaychú, la jueza reveló que hubo inconsistencias entre los relatos del interno y su familia: “La hermana dijo que lo habían violado cinco veces, pero eso no es lo que él denunció. Él dijo que había sido víctima de un abuso oral. Entonces, no hubo necesidad de hacerle quitar la ropa ni de realizar un examen más profundo, y además él mismo se negó”. La magistrada señaló que las contradicciones y cambios en los testimonios complican el avance de la investigación: “El interno dice y se desdice. Es muy difícil llevar adelante una investigación penal por parte de la fiscalía cuando hay un denunciante que se comporta de esta manera. Yo creo que es una metodología que está utilizando para poder manipular el sistema”. Actualmente, se están realizando pericias psiquiátricas y psicológicas, además de estudios médicos, para evaluar si las denuncias tienen origen en un problema de salud mental o en un consumo problemático de sustancias. “Se ha pedido hasta una rinoscopía que se va a hacer la semana que viene para ver si hay posibilidad de consumo reciente. Estamos en un proceso de verificación de los hechos”, indicó Bértora a R2820. En paralelo, se evalúa también el rol de la familia. La jueza mencionó que, durante una internación del interno en el Hospital Escuela de Salud Mental, hubo sospechas de que sus allegados le acercaban sustancias no permitidas. “Los profesionales prohibieron el ingreso de la hermana y de la mamá, y el hospital no tiene un sistema de seguridad como para impedir efectivamente ese contacto”. Actualmente, se encuentra alojado solo en una celda con una cámara de vigilancia en la puerta. “No está atado, ni golpeado, ni encadenado, como dice la familia. Eso ha sido verificado por el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y por el delegado penitenciario del Superior Tribunal de Justicia. Todo lo contrario: cuando dice que no le dan comida, es porque él no la retira”, aclaró la jueza. Frente a este cuadro complejo, Bértora reconoció que el caso representa un desafío para el sistema penitenciario. “Nosotros estamos actuando desde lo legal. Esta persona está sola en una celda, con una cámara, para dejar establecido que no hay ninguna de estas conductas que se le atribuyen al Servicio Penitenciario”. Respecto al impacto que este tipo de comportamiento tiene en la condena, Bértora fue contundente: “Todo esto lo perjudica a él mismo. Hasta que no cambie su conducta y no se decida a crecer en lo personal, tener autocrítica y ajustarse a la ley, no va a poder obtener ni salidas, ni libertad condicional, ni asistida. Tendrá que estar hasta el último día de su condena”. Por último, remarcó que el juzgado trabaja en coordinación con la fiscalía de ejecución, la defensa oficial, organismos del Superior Tribunal y el Comité contra la Tortura. “No es que estamos desatendiendo la situación. Hay seguimiento constante, pero también hay límites. No podemos transformar el sistema en función de una única persona que se comporta de manera irracional y muchas veces manipuladora”, concluyó ante R2820.
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