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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 02/08/2025 16:00
El Ministerio de Ambiente aplicó una multa de 4.000 Unidades Reajustables a UPM tras un derrame de ácido sulfúrico en la planta de Fray Bentos. Aunque se trata de una de las sanciones más altas impuestas por Uruguay en materia ambiental, resulta mínima en relación con la magnitud económica de la empresa finlandesa. El Ministerio de Ambiente (MA) de Uruguay sancionó a la empresa UPM con una multa de 4.000 Unidades Reajustables (UR) por un derrame de ácido sulfúrico registrado en marzo en el muelle de su planta de celulosa en Fray Bentos. La sanción, que asciende a más de 5 millones de pesos uruguayos —entre 120.000 y 140.000 dólares—, se suma a un total de ocho multas impuestas a la compañía en el último año por infracciones ambientales. El incidente ocurrió a comienzos de marzo, cuando una rotura en una manguera durante la descarga de ácido sulfúrico provocó una fuga hacia la red de pluviales del puerto. Según la resolución oficial, esa red “no cumplió la función de estructura de contención”, poniendo en riesgo el entorno natural. Además, se impuso una multa adicional de 1.000 UR por un derrame en un curso de agua, que pudo haber comprometido hasta 6.000 litros de esta sustancia corrosiva. Estas sanciones se enmarcan en un nuevo régimen normativo más severo: en enero de 2025, el Poder Ejecutivo aprobó el decreto 22/025, que elevó los rangos económicos de las multas contempladas en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. A partir de ese cambio, las sanciones comenzaron a reflejar mayor rigurosidad institucional en materia ambiental. Sin embargo, la dimensión económica de UPM —una de las mayores empresas del rubro forestal y papelero a nivel global— vuelve relativa la severidad de la sanción. Con ingresos que superan los 10.000 millones de euros anuales y plantas en América, Europa y Asia, una multa de 140.000 dólares no representa un impacto económico real para la corporación, ni necesariamente un incentivo para corregir sus prácticas. Desde la inauguración de su segunda planta en Paso de los Toros hasta mediados de 2024, UPM acumuló más de 270.000 dólares en multas por derrames de sustancias como soda cáustica, lixiviados y productos que excedieron los límites permitidos de nitrato, amonio y cloruros. Entre los hechos más graves, se encuentra el derrame de un millón de litros de residuos con soda cáustica ocurrido en agosto pasado, que derivó en una multa de 190.000 dólares. Organizaciones como el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) han denunciado estos episodios de forma sistemática, advirtiendo sobre los riesgos de operar con estándares laxos frente a empresas de gran porte. En uno de los casos recientes, la empresa demoró ocho días en reportar un derrame de lixiviado que elevó los niveles de pH en un arroyo local. Frente a este escenario, la discusión pública ya no se limita al cumplimiento normativo, sino que se orienta hacia la eficacia real de las sanciones y el rol del Estado en la defensa del ambiente frente a actores económicos de gran escala. El caso UPM pone en evidencia los límites del esquema sancionatorio vigente: si bien ha habido avances en la legislación y el control, las herramientas actuales aún parecen insuficientes frente a la lógica económica de empresas cuyo volumen de operación minimiza el peso de las multas, incluso las más altas.
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